Investido de autoridad o sin ella, art. 333 - CRBV, por Alberto Jiménez Ure
Quizá sea el artículo 333 de nuestra constitución venezolana el más
importante, pero innombrado por su complejidad conceptual que nunca confuso.
Ninguno entre quienes todavía viven e integraron el ahora sombrío y cuestionado
grupo de asambleístas mayoritarios que lo impulsó jamás ha pedido su
eliminación, reforma o derogatoria. Helo aquí: “Esta Constitución no perderá su
vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por
cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo
ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”
(https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-viii/capitulo-i/#articulo-333).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) no
ha sido, en realidad, respetada por quienes urdieron ejercer funciones de
gobierno. Mi afirmación luce incomprensible para quienes no habían nacido antes
de su “sanción”-“promulgación”. Tampoco la entienden los millones de ciudadanos
perezosos a quienes no les interesan cosas distintas que lograr privilegios, la
disipación y supervivencia en la piramidal burocracia ni las desdibujadas
clases sociales, buscando desesperados reacomodos bajo los vientos huracanados
de tiranía o control despótico, hambre e inducida miseria en perjuicio de
personas en absoluta indefensión. Al
https://www.trustedtranslations.com/es/blog/el-denominado-establishment no le
interesa promover su estudio en liceos o universidades.
Episódicamente, en Caracas sugerí a hombres de Estado el estudio de la
Historia de la Teoría Política de Sabine (exordio desistemas, cf.:
https://www.fondodeculturaeconomica.com/Noticia/4022, 2020) que estudié
fervoroso en el curso de más de dos décadas, hasta cuando, finalmente
semiderruido el tomo, lo obsequié al intelectual Luis Figuera.
Por mi cuenta y riesgo, he sido un obcecado epistemólogo. Estudioso de la
Literatura, Bellas Artes, Ciencia Política y Filosofía. Lo cual me condujo
hacia un despeñadero donde podía ser empujado por criminales hacia el
precipicio. El autodidactismo me permitió investigar y discernir sin la
presencia de torpes intermediadores que no cesan de sabotear el imperio de la
verdad. Una de ellas es la acomodaticia creación de salas de interpretaciones
de la Carta Magna sobre lo cual un día expuse mis cuestionamientos:
https://www.elnacional.com/columnas/2023/05/bellaquerias-en-salas-para-interpretaciones-constitucionales/.
La constitución de nuestra república no se observa desde su ceremonial
nacimiento. En teoría no ha perdido vigencia, ello conforme al artículo 333 no
invocado. Ha sido, históricamente (s. XX–XXI) degradada y tergiversada, tanto
por magistrados sumisos ante impresentables pujas de ilegitimados y bárbaros
líderes políticos, como también por invasores territoriales “en grado de
consentimiento”, sin consulta popular, lo que convierte decisiones
administrativas de cúpula arbitrariamente designada en una explícita
intendencia provinciana cuyos actos pudieran percibirse “viciados de nulidad”.
Luego de la independentista, en Venezuela no han ocurrido guerras contra
extranjeros que culminaran exitosamente para intrusos. Nuestras fuerzas armadas
nacionales no han capitulado porque no han combatido desde 1810–1823 (s. XIX).
Progresivamente, en el curso de casi tres décadas, sujetos con intereses
políticos –militares– financieros tomaron decisiones contrarias a las normas
constitucionales y una de las más deplorables fue dinamitar el eje de nuestros
derechos fundamentales: la libertad de expresar ideas e informaciones no
alineadas con apropiadores indebidos del Tesoro Nacional, conspiradores y
traidores de los intereses de la patria. Una decisión írrita pero lesiva que
inexplicablemente permanece luego del “donaldtrumpazo” falazmente libertador de
un pueblo oprimido, aun cuando funcionarios del Alto Gobierno más tutorado que
tutelado e interino hayan exhibido contrición. Pésimamente simulada, por
cierto. Examínense bien las circunstancias. No fueron tropas de las Naciones
Unidas (ONU) las beligerantes acompañadas de la Cruz Roja Internacional.
El 03 de enero de 2026 un acto de fuerza protagonizado por un genocida
foráneo dictó con violencia de última generación (anunciada y de facto) la
pérdida de vigencia de la
https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF.
El Derecho Internacional, con sus disposiciones leíbles en el
https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court,
no confiere atribuciones a un presidente de cualquier república que sea potencia
mundial para buscar, secuestrar y trasladar hacia su país a un ciudadano
indistintamente de su estatus social.
Si Venezuela era institucionalmente inestable por causa de diversidad de
asuntos políticos y la impunidad de exjerarcas que saquearon la República
–algunos sometidos a juicio conforme a procesos penales–, la instantaneidad de
un acto de guerra supremacista empeoró ese padecimiento en un corpus social que
supura por una herida crónica, abierta y bochornosamente expuesta.
No estoy investido de autoridad, pero el artículo 333 de la CRBV ampara
mi pronunciamiento, según el cual restituyo la vigencia de nuestra Carta Magma,
severamente desacatada y que ha conducido a los ciudadanos venezolanos inspirar
lástima e implorar. Visto que la praxis del ejercicio del mando sin resistencia
ni previas reformas constitucionales que deroguen lo inconstitucional
consagrado de hecho, pero que también legitima en apariencia férulas
adventicias, la ilustración nos señala el camino del cese de la servidumbre y
exigir la extinción del obsoleto y leguleyo dominio extranjero. Investidos o no
de autoridad, tenemos atribuciones para restablecer el ordenamiento jurídico de
la nación venezolana. Bogo a favor de la depuración total del Consejo Nacional
Electoral para conferirle fiabilidad, ulterior a lo cual deberán convocarse
elecciones generales y libres, sin permiso de un abad periclitado,
impertinente.
albertjure2009@gmail.com
