Mérida, Julio Miércoles 22, 2026, 09:15 am
Hay países que construyen su prosperidad a partir de una sola ventaja competitiva. Otros pasan décadas buscando una fuente de energía que les permita impulsar su desarrollo industrial y mejorar la calidad de vida de su población.
Venezuela pertenece a una categoría muy distinta.
La naturaleza le concedió prácticamente todas las fuentes energéticas estratégicas que hoy demanda el mundo. Su ubicación geográfica privilegiada, al norte de Suramérica, frente al mar Caribe y conectada con la Amazonía y la cuenca del Orinoco, le otorgó una combinación de recursos difícilmente comparable con cualquier otra nación.
Posee las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta; enormes reservas de gas natural; uno de los sistemas hidroeléctricos más importantes del mundo gracias a las cuencas del Caroní y el Orinoco; algunas de las mayores radiaciones solares del continente; extensas zonas áridas ideales para parques fotovoltaicos; vientos permanentes y de excelente calidad en Falcón, Zulia, Nueva Esparta y Sucre, comparables con regiones donde hoy operan grandes parques eólicos; además de abundantes recursos minerales fundamentales para la transición energética global.
En pocas palabras, Venezuela dispone prácticamente de todas las fuentes necesarias para construir una de las matrices energéticas más diversificadas, resilientes y competitivas del planeta.
Y, sin embargo, atraviesa una de las peores crisis eléctricas de su historia.
Tener petróleo no garantiza combustible.
Tener ríos no garantiza electricidad.
Tener viento no garantiza energía eólica.
Tener sol no garantiza parques fotovoltaicos.
Tener recursos naturales tampoco garantiza desarrollo.
Es como poseer una despensa completamente llena y creer que, por ese simple hecho, la comida se cocinará sola.
Durante décadas se confundió riqueza natural con política energética.
Se creyó que la abundancia sustituía la planificación.
Que las reservas reemplazaban las inversiones.
Que la naturaleza podía compensar la ausencia de instituciones.
La realidad terminó demostrando exactamente lo contrario.
Los recursos permanecen bajo el suelo.
El desarrollo ocurre sobre él.
Durante los últimos veintisiete años, Venezuela experimentó un profundo proceso de centralización política y económica que concentró prácticamente todas las decisiones estratégicas en manos del Estado.
La estatización del sistema eléctrico y de amplios sectores productivos eliminó mecanismos de competencia, debilitó los controles técnicos y redujo progresivamente la capacidad institucional para planificar, mantener y expandir la infraestructura energética.
A ello se sumaron la falta de inversiones sostenidas, el abandono del mantenimiento preventivo y correctivo, la pérdida de talento humano especializado, la opacidad administrativa y múltiples denuncias de corrupción que deterioraron aceleradamente instalaciones que durante décadas fueron referencia en América Latina.
El resultado está a la vista.
Apagones recurrentes.
Racionamientos prolongados.
Redes envejecidas.
Plantas fuera de servicio.
Refinerías parcialmente paralizadas.
Escasez de combustible en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Una contradicción difícil de explicar desde la lógica técnica, pero perfectamente comprensible cuando se analiza desde la perspectiva institucional.
Con frecuencia algunos sectores presentan las enormes reservas de petróleo y gas como argumento para desestimar el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.
El razonamiento suele ser el siguiente:
"Como tenemos mucho petróleo, no necesitamos energías renovables."
Esa lógica representa precisamente uno de los mayores errores estratégicos del siglo XXI.
No existe una fuente energética perfecta.
Las plantas termoeléctricas fallan.
Las hidroeléctricas disminuyen su producción durante períodos de sequía.
Las redes colapsan cuando no reciben mantenimiento.
Las energías renovables requieren respaldo y almacenamiento.
La confiabilidad no depende de enamorarse de una sola tecnología.
Depende de integrar inteligentemente todas ellas.
Los sistemas eléctricos modernos ya no se diseñan alrededor de una única fuente de generación.
Se construyen mediante matrices energéticas diversificadas capaces de reducir riesgos, optimizar costos, aumentar la resiliencia y garantizar el suministro bajo diferentes escenarios climáticos, económicos y operativos.
El debate nacional nunca debería plantearse como una falsa dicotomía entre petróleo y energías renovables.
La verdadera discusión consiste en cómo aprovechar cada recurso donde genera mayor valor para el país.
El petróleo debe convertirse nuevamente en una poderosa fuente de divisas para financiar inversiones, infraestructura y desarrollo.
El gas natural debe consolidarse como combustible de transición para respaldar el sistema eléctrico, fortalecer la industria y reducir costos de generación.
La hidroelectricidad debe continuar siendo la columna vertebral del sistema eléctrico nacional, acompañada de programas permanentes de rehabilitación, modernización y expansión de la infraestructura existente.
La energía solar debe desarrollarse aprovechando las extraordinarias radiaciones disponibles en las regiones norte-costera, occidental, oriental y en extensas áreas de los llanos venezolanos, donde es posible instalar grandes parques sin afectar significativamente los usos agrícolas del suelo.
La energía eólica encuentra condiciones excepcionales en Falcón, Zulia, Nueva Esparta y Sucre, donde los regímenes de viento permiten producir electricidad de manera altamente competitiva.
Los sistemas de almacenamiento mediante baterías y otras tecnologías deben incorporarse progresivamente para estabilizar la red, administrar la variabilidad de las fuentes renovables y aumentar la confiabilidad del sistema.
Finalmente, el hidrógeno —especialmente el hidrógeno de bajas emisiones cuando exista viabilidad técnica, económica y comercial— representa una oportunidad adicional para desarrollar nuevas cadenas industriales orientadas a la exportación y a la generación de valor agregado.
No se trata de sustituir unas fuentes por otras.
Se trata de complementarlas.
La electricidad no constituye un fin en sí mismo.
Es el motor que hace posible prácticamente toda actividad económica.
Sin electricidad confiable no existe industria.
No existe comercio moderno.
No existe agricultura tecnificada.
No existe minería sustentable.
No existe digitalización.
No existe inversión.
No existe empleo de calidad.
No existe bienestar.
Cada megavatio adicional confiable representa nuevas oportunidades para producir, exportar, atraer inversiones, generar divisas y elevar la calidad de vida de millones de venezolanos.
Una política energética moderna debe concebir la electricidad como un multiplicador del crecimiento económico y no simplemente como un servicio público.
La historia demuestra que los países más desarrollados no son necesariamente los que poseen más recursos naturales.
Son aquellos que construyen mejores instituciones.
Que diseñan políticas públicas estables.
Que generan confianza para la inversión.
Que respetan el conocimiento técnico.
Que planifican con visión de largo plazo.
La abundancia, por sí sola, nunca ha sido garantía de prosperidad.
Incluso puede convertirse en una maldición cuando sustituye el esfuerzo por la planificación.
La recuperación del sector energético venezolano exige mucho más que reparar plantas o construir nuevas líneas de transmisión.
Requiere una auténtica política de Estado que trascienda gobiernos y se sostenga durante décadas.
Una política basada en la planificación técnica, la transparencia institucional, la profesionalización del talento humano, la diversificación de la matriz energética, la apertura responsable a la inversión, la seguridad jurídica y la incorporación permanente de innovación tecnológica.
Venezuela no tiene que escoger entre petróleo y energías renovables.
Tiene el privilegio de poder desarrollar ambas.
No debe abandonar sus hidrocarburos.
Debe dejar de utilizarlos como excusa para renunciar al futuro.
Porque la verdadera riqueza de una nación no está únicamente en lo que la naturaleza le entrega.
Está en la inteligencia con la que sus ciudadanos transforman esos recursos en bienestar, oportunidades y desarrollo sostenible.
Venezuela ya posee casi todo lo que el mundo necesita para producir energía.
Lo único que aún necesita construir es una política energética nacional que esté a la altura de esa extraordinaria riqueza.