ONG exigen liberación de presos políticos y advierten que los terremotos agravaron la crisis de DD HH en Venezuela

Representantes de la sociedad civil aseguraron que las condiciones de reclusión ponen en riesgo la vida de las personas detenidas por motivos políticos tras los terremotos del 24 de junio. También pidieron que la reconstrucción del país incorpore un enfoque de derechos humanos.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos exigieron este miércoles 22 de julio al Estado venezolano la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, al advertir que las condiciones de reclusión representan un riesgo aún mayor después de los terremotos del 24 de junio.

Durante una rueda de prensa realizada en Caracas, las organizaciones presentaron un pronunciamiento conjunto en el que sostienen que la emergencia sísmica profundizó la crisis humanitaria y no puede convertirse en un motivo para relegar las demandas relacionadas con los derechos humanos y el acceso a la justicia.

La lectura del documento estuvo a cargo de Marta Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), quien calificó el pronunciamiento como un “llamado urgente” a la comunidad internacional para mantener la atención sobre la situación venezolana y apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

Advierten que las condiciones de reclusión representan un mayor riesgo tras los sismos

Uno de los principales planteamientos del documento estuvo dirigido a la situación de los presos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que las condiciones de reclusión en centros penitenciarios como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) incumplen estándares internacionales y exponen a los internos a riesgos estructurales, falta de atención médica y condiciones que, a juicio de la organización, vulneran sus derechos fundamentales.

Yovanka Ávila, integrante de Clippve, recordó que el 5 de julio funcionarios de seguridad realizaron un operativo en el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda. Según explicó, durante ese procedimiento se utilizaron bombas lacrimógenas y medidas de aislamiento que afectaron incluso a personas con patologías preexistentes.

“En el Rodeo I hay personas con patologías graves de salud y estas personas fueron afectadas”, afirmó.

Ávila también informó que representantes del comité sostuvieron una reunión el 13 de julio con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, quien —según relató— negó que esos hechos hubieran ocurrido.

“El ministro nos señala a nosotros como mentirosos y niega, además, que sus funcionarios hayan usado gas pimienta y perdigonazos, cuando eso sí pasó”, aseguró.

Por su parte, Ronnie Boquier, integrante del equipo legal de Cofavic, manifestó preocupación por la situación de las personas detenidas arbitrariamente y sus familiares.

“Es una lucha de muchos años. Una situación que mantiene a muchas familias frente a los centros penitenciarios. Estamos profundamente preocupados. Las víctimas en el país no han tenido respuesta por ninguna de las instituciones”, expresó en declaraciones recogidas por El Diario.

Las ONG piden que la reconstrucción incluya un enfoque de derechos humanos

Las organizaciones de la sociedad civil también señalaron que la atención a la emergencia no debe limitarse a la reconstrucción de viviendas e infraestructura, sino incorporar medidas para proteger a las personas más vulnerables.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea, afirmó que la crisis generada por los terremotos no puede utilizarse para postergar las exigencias de justicia ni las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

“Lo que no hay en el país es voluntad política (…) En Venezuela no hay atención al dolor y sufrimiento de las familias que son sujetas a violaciones de derechos humanos”, sostuvo.

Murillo también cuestionó la situación institucional del país y consideró que la recuperación de Venezuela debe sustentarse en el restablecimiento del Estado de derecho. “Un grupo en el poder secuestró la Constitución. Prácticamente la pisoteó”.

En el documento conjunto, Provea señaló que la reconstrucción del país debe desarrollarse sobre criterios técnicos, profesionales y democráticos, y reiteró que el retorno al orden constitucional es una condición necesaria para “responder de manera efectiva a la emergencia”.

Las organizaciones concluyeron el pronunciamiento con un llamado a la comunidad internacional para que mantenga el seguimiento sobre la situación venezolana mientras avanza la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos.

Con información de El Diario