Provea exige derogación de la Ley contra el Odio

Provea denuncia que la normativa se aplica de forma arbitraria para castigar a ciudadanos por simples críticas.

El coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió la mañana de este martes 6 de octubre la eliminación de la Ley contra el Odio. El defensor de derechos humanos rechazó la propuesta del gobierno interino de reformar la legislación para mantenerla sin sanciones penales.

Murillo señaló que el origen de la norma es inconstitucional. El defensor de derechos humanos indicó que mantener la ley vigente es una “mala señal y un mensaje muy negativo para las víctimas”.

“La mejor manera para nosotros de poder superar esta barrera (…) y lo que ha causado esta ley, es su derogación, ya que además incorporó una profundización de la penalización”, dijo Murillo.

El coordinador general de Provea indicó que la legislación está redactada de tal manera que abre las compuertas a una discrecionalidad muy peligrosa y que ha sido aplicada contra trabajadores, sindicalistas y ciudadanos por simples expresiones en redes sociales.

“Tenemos casos registrados en Guayana en el caso de Sidor, por ejemplo, por colocar en estados de WhatsApp o redes sociales críticas a la gerencia”, explicó.

Murillo destacó que, si bien se observa una reducción en la represión, el Estado aún presenta graves deficiencias en cuanto a libertades ciudadanas. “La disminución de los casos de represión contrasta con aquellas garantías que no han sido debidamente protegidas”, sostuvo.

Marco para la erradicación

El activista reconoció que las regulaciones para prevenir y evitar los discursos de odio son un debate a nivel global y no un tema exclusivo de Venezuela. Sin embargo, enfatizó que esto no justifica su uso para criminalizar a la disidencia.

En este sentido, reveló que la ONG planteó su posición directamente ante las autoridades: “En una reunión que sostuvimos con el fiscal general y con Larry Devoe, le dijimos que esta no es una materia que deba ser tratada y abordada desde el derecho penal”, apuntó.

Murillo denunció la creciente criminalización de la protesta y el desequilibrio de fuerzas en el país. “Aquí ha aumentado en los últimos años; cualquier acto de disputa en la relación del ciudadano con el poder es penalizado y eso ha creado un monstruo del sistema penal”, advirtió. Para finalizar, concluyó que actualmente existe una “absoluta vulnerabilidad del ciudadano ante un Estado todopoderoso”.

Con información de Reynaldo Mozo Zambrano/Efecto Cocuyo