Mérida, Octubre Lunes 12, 2026, 06:30 pm
Este 13 de octubre, el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas comparecerá por primera vez ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, en un hecho que marca un nuevo capítulo en las entregas de figuras clave vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro hacia la justicia estadounidense.
Pulido Vargas, de 62 años y quien operó durante años en Venezuela bajo diversos nombres (incluyendo el alias de Germán Rubio Salas, con el que fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 1997), enfrenta graves cargos penales por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos públicos que superan los US$2.000 millones.
La entrega del empresario se produce como parte de la creciente cooperación policial entre Caracas y Washington bajo el mandato de la gobernante interina Delcy Rodríguez, un acercamiento que ha reorientado las prioridades del Ejecutivo hacia la administración de Estados Unidos. Pulido Vargas había sido detenido en Venezuela en 2023 en el marco de una amplia investigación por corrupción en la petrolera estatal PDVSA y permaneció recluido en la cárcel de El Rodeo hasta su reciente traslado bajo custodia norteamericana, confirmado por el Departamento de Justicia.
Este movimiento sacude los cimientos del chavismo, posicionando a Pulido Vargas como al menos la segunda persona trasladada de Venezuela a EE. UU. en el mes y la tercera en lo que va del año, tras el caso de Alex Saab y el envío reciente de Aníbal Alexander Canelón Aguirre. La situación jurídica y constitucional del traslado ha generado debate, dado que la Constitución venezolana prohíbe formalmente la extradición de sus ciudadanos —condición que Pulido Vargas poseía, pues, al igual que Saab, obtuvo nacionalidad venezolana—, un dilema similar al evaluado en casos anteriores por las autoridades locales.
Bloomberg resalta quea, demás de Pulido y Saab, otras figuras del chavismo que están en su lista de perseguidos y que serían candidatos a extradición son el exministro Tareck El Aissami y el exmagistrado Maikel Moreno.
Las acusaciones contra Pulido Vargas —formalizadas en dos expedientes separados presentados en 2019 y 2021, por los cuales EE. UU. llegó a ofrecer una recompensa de US$10 millones— detallan el aprovechamiento de programas gubernamentales destinados a la población vulnerable, destaca una nota de Bloomberg.
Según los fiscales estadounidenses, uno de los esquemas involucró la obtención de contratos por aproximadamente US$1.600 millones a través del programa de distribución de alimentos CLAP, mediante el uso de precios inflados y sobornos a funcionarios, logrando transferir unos US$180 millones a través de cuentas bancarias en EE. UU., incluidas algunas en Florida. Una segunda acusación formal lo vincula, junto a Alex Saab, al lavado de cerca de US$350 millones mediante contratos fraudulentos para la construcción de viviendas sociales, aprovechando los estrictos controles cambiarios del país.
El fiscal general de EE. UU., Todd Blanche, criticó duramente las acciones del empresario, señalando que demuestran “un desprecio flagrante hacia el pueblo venezolano” al lucrarse a costa de bienes esenciales. Con su comparecencia prevista para este lunes, el proceso judicial promete profundizar el escrutinio sobre las redes financieras y de contratación pública que operaron en el centro del poder en Venezuela.
Con información de Efecto Cocuyo