Al Gobierno Nacional, A las
Organizaciones gubernamentales y No gubernamentales en favor y defensa
de Los Derechos Humanos y a la Opinión Pública en general:
Los Privados de Libertad que
actualmente nos encontramos en el Retén Policial de Glorias Patrias de
Mérida Estado Mérida, obrando también en nombre de todos los demás
privados de Libertad que se encuentran en el Retén de El Vigía, otras
casillas de la policía estatal, el Cicpc, policía Nacional, policías
municipales y El Centro Penitenciario Región Los Andes (CEPRA);
En Uso Pleno del Artículo 51 de la
Vigente Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
el cual nos faculta a dirigirnos a cualquier ente sin más limitaciones y
a obtener oportuna respuesta, cansados de la ignominia y la injusticia
por parte del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, con el permiso y
la guía de Dios Todopoderoso, muy respetuosamente alzamos nuestra voz
con los Derechos que nos asisten por lo que a continuación exponemos:
Como es del conocimiento general, en
fecha 21 de junio del presente año, el Presidente de La República ordenó
la creación y puesta en marcha de un Plan que se denominó Revolución
Judicial el cual va destinado a acabar con el hacinamiento que se vive
en los centros de detención preventiva del país, de igual manera en
septiembre pasado entró en vigencia la Reforma parcial del Código
Orgánico Procesal Penal cuyas modificaciones van dirigidas especialmente
al retardo procesal, al inhumano efecto suspensivo y a las malas
prácticas con las que ejecutan las decisiones los tribunales de justicia
las cuales dejan muy en entredicho la verdadera tutela judicial. Es el
caso que en el Estado Mérida tales eventos se han cumplido en su más
mínima expresión y al efecto nos permitimos denunciar que el Plan de
Revolución Judicial se le dio cumplimiento mientras los integrantes de
dicha Comisión la cual estuvo presidida por el Diputado Ramón Lobo,
estuvieron aquí presentes y luego todo volvió a las malas prácticas que
se venían ejecutando; las normas inherentes a la Reforma del Código
Orgánico Procesal Penal son ignoradas por el Circuito Judicial Penal del
Estado Mérida haciendo caso omiso de esas normas específicamente en lo
siguiente:
Actualmente hay privados de
libertad en todo el Estado Mérida que tienen más de 3 años, (algunos
hasta con más de 7 años) sin una sentencia firme y no se les otorga una
medida cautelar dado que se encuentran en exasperante Retardo Procesal
de acuerdo a lo especificado en el reformado Artículo 230 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Los tribunales del Circuito Judicial
Penal del Estado Mérida tanto los de primera instancia, los de alzada y
los de ejecución no cumplen con los lapsos que también se especifican en
La Reforma del Código Orgánico Procesal Penal los cuales hacen que se
configuren los retardos procesales ya que las audiencias se difieren por
causas no especificadas en la norma.
Las audiencias se suspenden
por la no presencia de testigos y órganos de prueba hasta por diez veces
siendo que la norma específica que las mismas sólo se deben suspender
en dos ocasiones por esa causa y sino desistir de los mismos.
Los
jueces tanto de control como de juicio se demoran hasta Seis meses en
sustentar y publicar las sentencias que emiten trayendo como
consecuencia que los recursos de apelación no se puedan introducir para
que sean resueltos por la corte de apelaciones mientras que los lapsos
para que la defensa o los imputados introduzcan sus recursos y alegatos
si se tienen que cumplir tal cual lo especifica la norma violando así la
intermediación e imparcialidad.
Los tribunales del Circuito
Judicial Penal del Estado Mérida, específicamente los tribunales en
funciones de juicio, basan sus decisiones condenatorias sólo con la
declaración de los funcionarios policiales actúantes sin que vayan
concatenados con la declaración de testigos presenciales tal como lo
estipula la amplia gama de jurisprudencia al respecto siendo la más
reciente la Número 80 del 17 de septiembre del 2021 emanada del Tribunal
Supremo de Justicia que especifica que el sólo testimonio de los
funcionarios policiales actúantes no se constituye como prueba
condenatoria y que los mismos sólo constituyen un indicio pero aún así
ignoran y desestiman ese mandato legal de la instancia superior.
Exigimos
al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura que asigne al Circuito Judicial Penal del
Estado Mérida Jueces acreditados por meritocracia y no a ineptos sin
experiencia nombrados a dedo por cargos políticos.
¡No pedimos impunidad.! Lo que EXIGIMOS es JUSTICIA.! Si no hay testigos ni víctimas no hay configuración del delito y lo que procede es el SOBRESEIMIENTO.! PORQUE ESPERAR AÑOS Y AÑOS PARA DECIDIR y mantener una persona privada de su libertad y luego sólo decirle que se equivocaron.?
Todas las anteriores irregularidades y
muchas otras que se desarrollan tácitamente en el diario acontecer del
Circuito Judicial Penal del Estado Mérida son las que nos llevaron a
erigir esta comunicación en aras de conseguir una pronta solución a las
mismas y no tener que recurrir a otra manera de protesta tratando de
mantener la paz y la convivencia pues ya con el sólo hecho de estar
privados de libertad mantiene nuestra vida y la de nuestros familiares
en vilo.
Dando gracias a Dios Todopoderoso por
colocar en nuestro camino esos «Ángeles humanos» que nos ayudan a llevar
esta pesada carga, de antemano agradecemos también a quienes tomen
cartas en el asunto.
Dios es bueno, y el bien prevalece sobre el mal. «No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos». Palabra de Dios en Galatas 6,9
