Mérida, Octubre Domingo 11, 2026, 10:21 am
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este viernes la detención arbitraria del profesor y dirigente sindical Roberto Campero, tras un allanamiento ilegal a su vivienda en el estado Aragua.
Testimonios indican que funcionarios de inteligencia del Estado irrumpieron en la vivienda de Campero. Tumbaron la puerta y entraron sin orden judicial, señaló la organización en un mensaje publicado en X.
Advirtió que los funcionarios sustrajeron pertenencias del sindicalista y se lo llevaron a destino desconocido. Añadió que esta situación constituiría una desaparición forzada.
¿Quién es Roberto Campero?
La ONG precisó que Campero es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en su filial de Fetramagisterio Aragua y miembro activo del Comando Intergremial Aragua. Es reconocido por su labor en defensa de los derechos laborales de los docentes.
La organización exigió informar de inmediato su paradero y liberarlo, garantizar su integridad física, psicológica y emocional, permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica, respetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales.
El caso del profesor se suma a la creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela. Esto configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato, añadió la organización pro derechos humanos.
El miércoles, el comité denunció la detención arbitraria de la abogada Rusbelia Astudillo, activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales del país.
Indicó que el miércoles en la tarde, desconocidos interceptaron a Astudillo en el sector Terrazas del Club Hípico, en Caracas. No mostraron una orden judicial, tampoco informaron el motivo de la detención. Añadió que se desconoce su paradero.
La ONG alertó que se trata de otra mujer adulta que se suma a la larga lista de detenidos por razones políticas en Venezuela, a las que consideró víctimas de un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales y que denota la política de puerta giratoria del Estado venezolano.