21 presos políticos están en desaparición forzada: siete son mujeres
La mayoría de las desapariciones ocurrieron en 2024 y 2025.
El Distrito Capital concentra la mayoría de los casos de desaparición forzada
La desaparición forzada en Venezuela dejó de ser un evento aislado y para convertirse en una práctica sostenida de persecución política y vulneración de derechos humanos. Este jueves 7 de mayo de 2026, las autoridades informaron el fallecimiento de Víctor Hugo Quero, ocurrida en julio de 2025, a pesar de que su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscaba desde el 1 de enero de 2025.
Víctor Hugo nunca pudo comunicarse con su madre. A pesar de haber acudido a todas las instancias del Estado en materia de justicia para exigir el paradero de su hijo, Carmen Teresa Navas no recibió información de ninguna institución.
Víctor Hugo, de 51 años de edad, tras su detención por autoridades militares, fue recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta y posteriormente trasladado a la cárcel El Rodeo I, desde donde, según la versión oficialista, fue llevado al Hospital Militar, en Caracas, por presentar supuestamente problemas de salud.
Murió, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, el 24 de julio del año pasado.
El caso de Victor Hugo, quien permaneció más de un año desaparecido, revive la dramática situación que aún viven las 21 familias de los presos políticos que se encuentran en desaparición forzada, según el registro de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Desde ciudadanos de la sociedad civil hasta exmiembros de cuerpos de seguridad permanecen en un vacío legal, en el que el Estado niega su paradero y vulnera no solo el debido proceso, sino el derecho más básico a la integridad física y la vida.
Desaparecido desde 2019
El fenómeno de la desaparición forzada no es nuevo. El primer caso, de este delito de lesa humanidad documentado por JEP, data del año 2019.
Hugo Enrique Marino Salas fue presuntamente detenido en abril de 2019, en el aeropuerto de Maiquetía. Pese a la búsqueda que emprendió su familia ante organismos nacionales e internacionales, el Estado no da respuesta sobre su paradero.
Beatriz Salas, madre del desaparecido, demanda una prueba de vida y cuestiona la falta de transparencia del sistema. Relaciona la desaparición de su hijo con investigaciones que él estaba llevando a cabo sobre naufragios y accidentes aéreos en Venezuela que involucran a personas en el poder.
Siete mujeres desaparecidas
Al menos siete mujeres detenidas por motivos políticos en el país se encuentran en situación de desaparición forzada, reporta la data de JEP. No hay información oficial sobre el paradero de estas ciudadanas ni se ha permitido el contacto con sus familiares o representantes legales.
Los registros de estos casos comenzaron a mediados del año 2024. El 30 de julio de ese año, se reportó la detención de Marta Capote Ruiz en el estado Apure. Pocos días después, el 6 de agosto de 2024, ocurrió el arresto de Gledys Blanco en Caracas. A inicios de 2025, la cifra aumentó con la detención de Keanny Guevara, registrada el 27 de enero en el Distrito Capital.
Durante el año 2025, se sumaron nuevos nombres a la lista de personas cuyo lugar de reclusión se desconoce. En la ciudad de Caracas, fueron aprehendidas Deelsy Beatriz Artahona Muñoz, de 61 años de edad (el 10 de junio), y Piedad Caraballo (el 1 de julio). En ambos casos, las detenciones fueron practicadas sin que las autoridades competentes emitieran reportes sobre el estado o la ubicación de las detenidas tras el procedimiento inicial.
Los casos más recientes documentados por la ONG se localizaron en el estado Mérida. El 16 de octubre de 2025, se llevaron a cabo los arrestos de Charly Cristina Duran, de 47 años, y de María Inmaculada Ramírez Vergara, de 63 años.
2024 y 2025: los años con más desaparecidos
Justicia, Encuentro y Perdón registra al menos 13 casos de hombres en situación de desaparición forzada por motivos políticos entre julio de 2024 y julio de 2025 durante la represión poselectoral. Los reportes indican que aún se desconoce el paradero de estos ciudadanos.
Esta práctica afecta principalmente a miembros de la sociedad civil, aunque los registros también incluyen a exfuncionarios de organismos de seguridad.
La secuencia cronológica de estas denuncias inició a finales de julio de 2024 con la detención de Alejandro Jesús Salazar Nieves en el Distrito Capital, el 30 de julio, seguida por la de Francisco David Rodríguez Cabrices en el estado Apure, el 31 de julio.
En enero de 2025, el Distrito Capital concentró el mayor volumen de casos documentados en un solo periodo. El 24 de enero se reportó la aprehensión de Henry Alberto Castillo Molero, de 31 años. Tres días después, el 27 de enero, ocurrieron las detenciones de José Carrizales Sayago, Jhoanny David López Pernia, Randol Lester Rivas de Pablos, así como de los exfuncionarios de seguridad Wilfredo José Díaz Montoya y Jhofre Ibrahim Vargas Novoa.
Durante 2025, la lista de personas con paradero desconocido se extendió a otras regiones del país. El 23 de mayo detuvieron a Jesús Gerardo Hernández Rojas y el 27 de junio a Ángel Ignacio Cárdenas Bravo en el estado Vargas.
El 1 de julio, los reportes en el Distrito Capital sumaron a Marlon José Meza Bastardo y Eleomar Vargas Zacarías. Finalmente, el 27 de julio de 2025, en Táchira arrestaron a Petter Distefano Padilla Rea, ciudadano extranjero de 41 años.
En Distrito Capital ocurrieron nueve de los 13 casos documentados. El resto se distribuye geográficamente entre los estados Apure, Vargas y Táchira. El perfil de los detenidos se compone de 11 civiles y dos personas con antecedentes policiales o militares.
Estas 21 personas se encuentran en la misma situación jurídica, sin fe de vida ni ubicación oficial.
