El espejismo de la apertura eléctrica: Un laberinto sin confianza ni futuro por Jorge Pérez
El sistema eléctrico venezolano no resiste
más remiendos jurídicos ni reformas cosméticas. Lo ocurrido recientemente en la
Asamblea Nacional con la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley
Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico
no es más que una reacción desesperada y pragmática ante las realidades
geopolíticas y de infraestructura que asfixian al país. Bajo la intensa presión
internacional ejercida por la administración de los Estados Unidos y en medio
del tutelaje del régimen, los promotores de esta reforma intentan vender una
supuesta "apertura al capital privado" que, al ser examinada
bajo el microscopio técnico y legal, se revela como un mecanismo cínico para
captar recursos particulares sin ceder un ápice de control centralista y
estatizado.
El régimen pretende legislar sobre las
ruinas que ellos mismos provocaron mediante la infame fórmula de las
"3D": Descuido, Desinversión y Desprofesionalización más la
abominable corrupción. Hoy, antes de que este texto sea sometido a una segunda
discusión para su aprobación casi segura —y obligada por un parlamento sumiso
que aprueba todo desde arriba sin consultas vinculantes ni la participación de
una sociedad civil crítica—, es imperativo desmantelar las costuras de este
nuevo engaño.
La propaganda oficial pregona con bombos y
platillos que el proyecto busca captar entre 20.000 y 40.000 millones de
dólares en capital privado, prometiendo el fin del monopolio absoluto que la
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ostenta desde el zarpazo estatizador
de 2007. Se habla de estados pilotos como el Zulia, Los Andes y las zonas
industriales de Carabobo; se asoma la incorporación prioritaria de energías
renovables como la solar en Occidente y la eólica en Paraguaná; e incluso se
diseñan sofisticados artilugios burocráticos como el Fondo de Protección de
Tarifas Eléctricas (FOPTEL). Sin embargo, tras bastidores se esconde un
laberinto regulatorio diseñado para tomar al capital privado como rehén del
Estado.
Fortalezas del Texto (Sobre el Papel):
El Cebo en el Anzuelo
Si intentamos rescatar el espíritu
meramente nominal de lo que se discute en el parlamento, el proyecto asoma
tímidamente algunos elementos que el sector comercial e industrial ha acogido
con un suspiro de alivio en medio del colapso:
1. La
Ruptura Teórica del Monopolio: Por primera vez en casi dos décadas se
admite el fracaso del monopolio eléctrico de Corpoelec. Abrir el juego a
empresas mixtas y operadoras privadas es el reconocimiento explícito de que el
socialismo devoró la capacidad operativa del Estado.
2. Garantías
de Protección Jurídica y Arbitraje: Ante la brutal desconfianza histórica
que arrastra el país, el articulado incluye el reclamo más exigido por
corporaciones transnacionales: cláusulas de arbitraje independiente y mediación
neutral para dirimir disputas contractuales.
3. Esquema
Tarifario Autosustentable: Se rompe con el populismo de las tarifas
regaladas en las zonas de concesión, permitiendo fijar facturaciones basadas en
los costos reales de producción para garantizar una "rentabilidad
razonable" al inversor.
Debilidades Estructurales: El Laberinto
de la Desconfianza
El gran problema es que el papel lo
aguanta todo, pero la realidad del sector eléctrico nacional no. ¿Cuáles
son las debilidades insalvables que destruyen la confianza de los
inversionistas, de los profesionales que formamos parte del sector y de los
usuarios?
El
Centralismo como Espada de Damocles: Modificar el Artículo 8 para permitir
empresas privadas, pero someterlas en el Artículo 9 a la discrecionalidad
política del operador estatal es un contrasentido. Peor aún, el Artículo 32
centraliza el otorgamiento de concesiones directamente en la figura del
Presidente de la República en Consejo de Ministros. El sector seguirá
rigiéndose por criterios político-partidistas, no por parámetros de eficiencia
técnica.
La
Confiscación Programada (Cláusula de Reversión): Los Artículos 33 y 34
introducen una cláusula leonina digna de piratería jurídica. Al extinguirse la
concesión —con un tope de 25 años—, todos los bienes construidos o adquiridos
se transferirán automáticamente a la República en buen estado y *sin derecho a
indemnización alguna*. En la práctica de los mercados internacionales, esto se
traduce como una expropiación en cámara lenta. Ningún inversionista serio
arriesgará capital de gran envergadura bajo esta amenaza.
El
Ahogo a la Autogeneración Distribuida: En lugar de fomentar que las
industrias inyecten sus excedentes a la red para aliviar la crisis, los
Artículos 50 y 51 ordenan la obligatoria independencia de los sistemas de
autogeneración. Además, imponen un techo regulatorio de apenas dos megavatios (2
MW). Superar este límite significa someterse al calvario burocrático y propenso
a la corrupción del Ministerio.
Corresponsabilidad Punitiva:
El Artículo 107 amenaza con perseguir civil
y administrativamente con nombre y apellido a las juntas directivas de las
operadoras por fallas del sistema. Es decir, el privado debe asumir las
pérdidas, los riesgos de una red de transmisión destruida por años de abandono
estatal, financiar inversiones sociales municipales (Artículos 37 y 57), y si
el sistema falla por causas estructurales, ¡pretenden culpar penalmente a la
directiva!
Un Sector Sin Blindaje, Un País en
Ebullición
Mientras los legisladores se apresuran en
su burbuja legislativa, la realidad social del país le estalla en la cara al
régimen. Esta misma semana la dinámica nacional no está marcada por el debate
técnico de la ley, sino por el conflicto social: el paro nacional educativo
convocado por la Federación Venezolana de Maestros y la APUCV bajo la consigna #ElMagisterioSeQuedaEnCasa,
exigiendo salarios dignos frente a un dólar que devora los anuncios de ingreso
mínimo integral.
La paradoja es absoluta. El ciudadano común
que hoy protesta en las calles por el colapso de los servicios públicos ve con
inmenso escepticismo esta reforma. En las regiones más castigadas, como el
Zulia y Los Andes, el clamor en redes sociales no es de alegría corporativa;
hay un pánico generalizado al "tarifazo". La opinión pública se
muestra profundamente incrédula ante promesas legislativas como las supuestas
indemnizaciones a usuarios por equipos quemados. Saben perfectamente que un
salario pulverizado no podrá costear un servicio eléctrico privatizado a
medias, mientras las mafias estatales siguen reteniendo la propiedad de la
infraestructura matriz.
El Camino Correcto: Las Cuatro Leyes
para el Rescate Eléctrico
La viabilidad y sostenibilidad de una
verdadera reconstrucción eléctrica nacional no pasa por parches tributarios
condicionados ni por perseguir penalmente a juntas directivas. En lugar de
copiar el nefasto modelo de las leyes exprés de Hidrocarburos y Minería, el
camino correcto y patriótico consiste en desenterrar, actualizar y someter a
consulta pública el proyecto de Ley Orgánica aprobado en primera discusión en
el año 2015. Aquel texto planteaba una transformación estructural real, pero la
realidad actual de Venezuela exige ir un paso más allá: un marco jurídico
moderno e institucionalmente robusto que incorpore cuatro pilares fundamentales
que hemos propuesto y defendido de manera categórica:
1. Un Operador Independiente del Sistema
(OIS): Una entidad técnica, transparente y despolitizada que gestione el
despacho de carga y la operación de la red de transmisión bajo criterios
estrictamente económicos y de confiabilidad, separando definitivamente la
operación de la propiedad de los activos.
2. Un
Ente Regulador Autónomo: Una comisión de energía independiente del Poder
Ejecutivo que dicte tarifas reales basadas en costos eficientes, garantice el
libre acceso a las redes de transmisión y distribución, y resuelva conflictos
entre actores del mercado sin sesgo político.
3. Una Desincorporación Vertical Efectiva:
Permitir una competencia real en las actividades de generación y
comercialización, limitando el monopolio estatal a las redes de transmisión
debido a su naturaleza de monopolio natural, pero regulado bajo estándares mundiales.
4. Un
Consejo Institucional de Expertos: La conformación de un cuerpo técnico
consultivo permanente donde participen las universidades nacionales, las
academias y los profesionales de la diáspora representados en organizaciones
internacionales especializadas.
Estos pilares no se quedan en la simple
retórica. Son la columna vertebral de nuestro “Anteproyecto de Marco
Regulatorio”, un esfuerzo concienzudo y robusto que ya estamos traduciendo en
instrumentos legales concretos. Una vez culminados, introduciremos formalmente
esta propuesta alternativa al país a través de cuatro leyes claves:
1.
Ley Orgánica sobre la Reestructuración de los Servicios Públicos Eléctricos:
Para desmantelar el monstruo ineficiente de Corpoelec y separar las funciones
de la industria.
2.
Ley sobre Mercados Mixtos de Energía e Inversión Privada: El verdadero blindaje
jurídico, con reglas claras y protección real que los capitales transnacionales
exigen para volver a confiar en el país.
3.
Ley sobre Energía Renovable Descentralizada y Empoderamiento del Prosumidor:
Para romper los candados burocráticos actuales, permitiendo que la industria y
el ciudadano generen, consuman e inyecten excedentes a la red de forma
interactiva y moderna.
4.
Ley Nacional sobre Eficiencia Energética y Redes Eléctricas Modernas: Una
visión de futuro para digitalizar el consumo y optimizar la infraestructura
sobreviviente bajo estándares del siglo XXI.
Mientras el andamiaje legal dependa del
capricho centralista y la improvisación de un régimen dictatorial, nada estará
seguro ni blindado. El capital de Occidente o de la India puede coquetear con
las concesiones amparado en licencias geopolíticas temporales, pero la
verdadera luz solo volverá a Venezuela cuando las reglas del juego sean claras,
las instituciones sean independientes y la confianza deje de ser un eslogan de
propaganda para convertirse en una sólida realidad jurídica a través de una
propuesta seria como la que hoy ponemos sobre la mesa.
