Exilio venezolano denuncia mayor inestabilidad migratoria en EE UU desde el regreso de Trump

Organizaciones del exilio venezolano pidieron al gobierno de EE UU mayor transparencia y protección para los migrantes ante el aumento de detenciones y la interrupción de permisos migratorios.

Organizaciones del exilio venezolano presentaron este lunes 24 de agosto al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe que denuncia una situación migratoria “más inestable” desde 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El documento, elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), sostiene que las decisiones migratorias adoptadas desde 2025 dejaron a los venezolanos con menos protecciones, permisos de trabajo interrumpidos y mayor exposición a la detención.

El reporte de las agrupaciones, ambas con sede en Miami, suma el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependían unos 607 mil venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios (“parole”) y el fin, desde octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.

Esas medidas se refuerzan entre sí, sostiene el informe: sin permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, mientras el expediente sigue abierto.

Organizaciones piden decisiones caso por caso

El texto recoge al menos tres casos documentados por medios estadounidenses en julio y agosto de venezolanos detenidos pese a tener permiso de trabajo, uno de ellos además con licencia de conducir y asilo pendiente.

Las organizaciones no califican estas detenciones como ilegales ni atribuyen una intención única a las medidas. Sin embargo, piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable.

La misma exigencia aplican a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, invocada contra presuntos miembros del Tren de Aragua, que Washington vincula con Venezuela, un nexo que el gobierno venezolano ha negado.

El reporte reconoce que esa banda es «una organización criminal real», pero pide que la pertenencia de una persona se pruebe individualmente, sin que la nacionalidad, “la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales” sustituyan a la prueba.

El informe también examina el acuerdo por el que Liberia aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de otros países en doce meses, un programa que, según Liberia, contempla sobre todo a latinoamericanos, incluidos venezolanos.

El primer vuelo llegó el 20 de agosto a Monrovia con 20 personas cuyas nacionalidades Estados Unidos no divulgó, sin que conste que hubiera venezolanos.

Las peticiones se resumen en tres: cifras desglosadas de los venezolanos detenidos, porque actualmente no existe un conteo federal público; que una demora administrativa no cueste el empleo a quien espera sus documentos, y transparencia sobre los acuerdos con los países que reciben a los expulsados.

La terminación del TPS decretada en 2025 sigue impugnada ante la Corte Suprema. Unos 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más de 40 % de ellas en Florida, según el Pew Research Center.

Con información de El Diario