2018: 11 muertos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara (nueve internos y dos funcionarios).
2020: 49 reclusos asesinados y más de 70 heridos en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella, Portuguesa), tras una protesta por la suspensión del pase de paquetería; el penal fue desalojado.
2023: 11 muertos en la intervención del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y cinco en Tocuyito (Carabobo).
Abril de 2026: cinco reclusos asesinados en Yare III (Miranda) tras una protesta.
El OVP señala que tras estos hechos se anunciaron investigaciones cuyos resultados y responsables se desconocen. La organización afirma que el Estado suele atribuir las muertes a enfrentamientos entre los propios reclusos, pero sostiene que muchas de las masacres más graves —incluidas las más recientes— ocurrieron después de protestas por vulneraciones de derechos y fueron ejecutadas por funcionarios de seguridad. Denuncia además la ausencia de investigaciones contra los presuntos responsables.
La organización recuerda que el artículo 43 de la Constitución venezolana “obliga al Estado a proteger la vida de las personas privadas de libertad y considera que, 15 años después de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, se vulneran las leyes nacionales, las Reglas Mandela y otros estándares internacionales”.
OVP califica estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad que no prescriben y exige verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. El patrón institucional, según el OVP, ha sido el silencio, la falta de transparencia y la evasión de responsabilidades sobre el ingreso de armas a los penales.
Con información de El Diario