Más detalles
La ley refrendada por el Poder Judicial introduce cambios estructurales sustanciales orientados a dinamizar el flujo de inversiones en el sector petrolero venezolano:
Apertura y control: El marco legal permite la participación privada directa en actividades de exploración y producción a través de empresas mixtas.
Si bien mantiene el control accionario del Estado mediante PDVSA, flexibiliza esquemas operativos previos.
Resolución de conflictos: El artículo 8 del texto normativo establece mecanismos modernos de resolución de controversias comerciales, autorizando recurrir a tribunales competentes o al arbitraje internacional para dotar de seguridad jurídica a los capitales estratégicos.
Esquema fiscal: Fija el cobro de una regalía de hasta un 30% y crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos (con alícuota de hasta el 15% sobre ingresos brutos).
A la par, eliminar cargas paralelas como el Impuesto a los Grandes Patrimonios para aliviar la caja operativa de las transnacionales asociadas.
Con este fallo definitivo, el TSJ despeja el camino legal para la aplicación íntegra del nuevo reglamento sectorial, bloqueando la resistencia de los sectores tradicionales de la izquierda nacionalista que buscaban el retorno al régimen estatutario anterior.
Con información de Dulce Feliciano/El Universal