El CNP rechazó la reforma de la Ley contra el Odio y exigió su derogación total
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El presidente del gremio, Tinedo Guía, advirtió que las multas económicas y las facultades sancionadoras del Ejecutivo pueden mantener la presión sobre periodistas y medios de comunicación.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó el viernes 13 de noviembre la reforma parcial de la Ley contra el Odio y pidió eliminar por completo la legislación. Su presidente, Tinedo Guía, advirtió que los cambios propuestos mantienen disposiciones que pueden utilizarse para limitar el trabajo de los periodistas y restringir la libertad de expresión.
“Si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia”, afirmó Guía en declaraciones transmitidas por VPItv. El representante del gremio cuestionó que la modificación sustituya las penas de cárcel por multas económicas elevadas, pues considera que estas sanciones pueden generar presión financiera sobre los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación.
El CNP señaló cinco aspectos que considera preocupantes en el proyecto. Entre ellos mencionó el riesgo de que las multas provoquen autocensura, la permanencia de conceptos ambiguos que permiten interpretaciones arbitrarias y la concentración de las facultades para investigar y sancionar en el Poder Ejecutivo.
Por estas razones, Guía insistió en que la salida debe ser la derogación completa de la norma. El gremio también solicitó suspender los procesos judiciales abiertos con base en esta legislación y establecer garantías para evitar nuevas persecuciones contra periodistas.
¿Qué cuestiona el CNP de la reforma de la Ley contra el Odio?
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La propuesta elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años que contempla la legislación aprobada en 2017. Sin embargo, incorpora sanciones administrativas que pueden alcanzar entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor.
El proyecto también atribuye al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la potestad de imponer estas multas. Para el CNP, mantener las sanciones económicas y dejar su aplicación en manos de una instancia del Ejecutivo representa un riesgo para el ejercicio periodístico.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han cuestionado la amplitud de algunas definiciones del texto, porque consideran que pueden dar lugar a decisiones discrecionales contra opiniones críticas, denuncias e informaciones de interés público.
SNTP y Espacio Público también pidieron derogar la legislación
El pronunciamiento del CNP se suma a las objeciones que han presentado otras organizaciones durante el proceso de consulta pública de la reforma.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) acudió el 11 de noviembre al Palacio Federal Legislativo para presentar sus observaciones ante la Asamblea Nacional. El gremio reiteró que eliminar las penas de cárcel no resuelve los problemas de la ley mientras permanezcan las sanciones económicas y los mecanismos de control sobre las expresiones públicas y los medios de comunicación.
Por su parte, Espacio Público también solicitó la derogación total de la norma durante la consulta. La organización sostuvo que la reforma conserva restricciones a la libertad de expresión y no establece una respuesta para las personas que enfrentaron procesos judiciales o sanciones por la aplicación de esta legislación.
