Mérida, Noviembre Domingo 15, 2026, 06:48 pm
Un grupo de 177 militares detenidos por razones políticas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde y ubicado en el estado Miranda, anunció que continuarán con la protesta pacífica e indefinida para denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos y garantías judiciales.
El comunicado manuscrito, dirigido a las autoridades competentes, organismos internacionales de derechos humanos y a la opinión pública, fue difundido el 14 de noviembre por la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, en su cuenta de X tras recibirlo de manos de los familiares de los reclusos.
“Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero. No están solos. Su país los acompaña exigiendo justicia y libertad”, resaltó Machado.
De acuerdo con el balance previo reportado por la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos, más de una treintena de los efectivos recluidos en ese penal ya superaban las 96 horas en huelga de hambre para exigir sus liberaciones.
Debido a esto, Machado solicitó respaldo internacional para visibilizar la situación que atraviesan los castrenses en el recinto penitenciario.

“Los familiares de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre en Ramo Verde me hacen llegar este documento. Por favor, ayúdennos a que el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo. A estos militares les han violado todos sus derechos. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre”, expresó Machado.
En el escrito difundido por los familiares de los 177 firmantes advirtieron sobre la existencia de arbitrariedades judiciales y detallaron el cuadro legal que atraviesan dentro del centro de reclusión mirandino.
Los efectivos aseguraron encontrarse en una situación de desamparo legal debido al incumplimiento reiterado de los lapsos procesales y de las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes penales y militares vigentes.
“Vivimos una situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica, debido a la inobservancia y violación sistemática de nuestras garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”, señalaron los militares detenidos en el comunicado manuscrito.
Entre las principales irregularidades expuestas en la carta, los castrenses denunciaron que varios efectivos continúan privados de libertad a pesar de haber cumplido íntegramente sus condenas, debido a que los tribunales no han emitido las boletas de excarcelación correspondientes.
“Además, los recursos interpuestos en fase de apelación sufren una paralización injustificada, vulnerando de manera reiterada los lapsos legalmente establecidos en la legislación procesal penal y procesal militar”, detalló el texto suscrito por los reclusos.

El documento también enumeró una serie de presuntas vulneraciones cometidas desde el momento de las aprehensiones de los funcionarios militares.
Entre ellas señalaron arrestos practicados sin orden judicial ni condición de flagrancia, ausencia de investigaciones previas por parte del Ministerio Público, restricciones al ejercicio de la defensa privada, presentaciones ante tribunales fuera de los plazos legales y desapariciones forzosas temporales.
Ante el estancamiento de sus procesos judiciales, los detenidos notificaron una acción de protesta colectiva dentro de la población penal con el objetivo de lograr ser escuchados y recibir respuestas por parte de las autoridades.
“Tras el agotamiento definitivo de las vías ordinarias y la persistente vulneración de derechos procesales, anunciamos formalmente una protesta pacífica y colectiva, garantizando el resguardo y cuidado de las instalaciones y el respeto moral y físico a los funcionarios que custodian la prisión”, indicó la misiva.
Los reclusos precisaron que el levantamiento de esta medida de presión dependerá exclusivamente de la respuesta que reciban por parte de los órganos del sistema de justicia y del Estado.
En ese sentido, condicionaron el cese de la protesta a la apertura de espacios formales de diálogo que permitan verificar cada caso de manera individual y concretar soluciones jurídicas reales.
En el pliego de peticiones incluido en la carta, los firmantes exigieron la excarcelación inmediata de todos los efectivos que ya cumplieron la totalidad de sus penas, tanto en Ramo Verde como en otros centros de reclusión del país.

De igual forma, solicitaron resolver los expedientes provenientes de tribunales derogados, incluidos aquellos vinculados con tribunales con competencia en materia de terrorismo, y revisar las causas que han sido trasladadas de forma reiterada entre distintos órganos jurisdiccionales.
Los detenidos también reclamaron que los fallos judiciales se dicten ajustados a derecho y sin presiones gubernamentales, que se respeten los plazos legales de apelación y que se garantice el acceso efectivo a los beneficios procesales previstos en la ley, tales como las redenciones de pena por trabajo y estudio.
Para dar seguimiento a estos requerimientos, pidieron establecer un canal de comunicación y verificación directa que permita incorporar y revisar los casos de los militares detenidos por motivos políticos en coordinación con sus familiares y abogados defensores.
“Pedimos la presencia, inspección y veeduría de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, con el objeto de velar y garantizar la vida e integridad personal de quienes se sumen a la protesta”, solicitaron los firmantes en su pronunciamiento.
Como una vía alternativa para destrabar su situación de reclusión, los 177 militares plantearon la posibilidad de que se les otorgue la libertad en el exilio a quienes permanecen privados de libertad por razones políticas, por lo que pidieron la intervención del reino de Noruega y de otros países.
Para adelantar las gestiones diplomáticas y humanitarias correspondientes, los firmantes autorizaron formalmente a la organización Héroes Anónimos a actuar en su representación.
Esta iniciativa coincide con planteamientos formulados previamente por abogados defensores de militares presos políticos, quienes han propuesto mecanismos para que los detenidos puedan recuperar su libertad y ser trasladados hacia naciones europeas.
“Esperamos una pronta atención, pronunciamiento y respuesta formal por parte de las instancias correspondientes”, destacaron los 177 militares detenidos en Ramo Verde en el documento.
Con información de El Diario