Mérida, Noviembre Miércoles 18, 2026, 10:26 pm
Durante
años, la diáspora técnica, los gremios de la ingeniería, las universidades y
los profesionales que consagramos nuestra trayectoria al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) hemos venido alertando, exigiendo y sustentando la urgente
necesidad de una transformación estructural en el marco institucional y
regulatorio venezolano. Lo hemos hecho a través de foros especializados,
entrevistas en medios de comunicación, artículos de opinión y propuestas
técnicas formales: recuperar, estabilizar y modernizar la infraestructura
eléctrica del país no es un asunto de retórica ni de paños calientes, sino de
arquitectura jurídica confiable, viabilidad financiera real y rigor técnico.
Tras
los acontecimientos del pasado 3 de enero y la extracción de Nicolás Maduro, el
país albergó la legítima expectativa de una rectificación histórica de fondo.
Sin embargo, la estructura del poder demostró con rapidez una amarga realidad:
aun cuando se llevaron a «Alí Babá», el aparato y los intereses de «los 40
ladrones» permanecieron intactos en el ejercicio del control público. La
verdadera transición hacia el desarrollo exigía entre otras, comenzar con una
nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, blindada técnicamente y
sometida a una consulta nacional abierta, para luego ser complementada con una
batería de leyes especiales sobre mercados energéticos mixtos, energías
renovables, descentralización, eficiencia y redes inteligentes.
Lejos
de atender ese reclamo sensato, en abril pasado el régimen interino sacó
intempestivamente «debajo de la manga» un proyecto de reforma parcial redactado
a contrarreloj en los despachos ministeriales. Desde ese momento en que se
aprobó a espaldas del país en primera discusión, nos mantuvimos en estado de
máxima alerta, siguiendo paso a paso cada modificación, cada texto engavetado,
cada supresión calculada y cada artículo introducido entre sombras hasta
consumar, en este mes de noviembre, su sanción definitiva en segunda discusión
sin la difusión ni el debate público que un tema de seguridad nacional
demandaba.
Habiendo
seguido y contrastado meticulosamente cada fase del expediente parlamentario,
el resultado legislativo final confirma nuestras peores previsiones: estamos
ante una reforma engañosa que apela a un barniz cosmético de modernidad para
blindar, en el fondo, la discrecionalidad política y el centralismo estatista
más recalcitrante.
En
el papel, el texto definitivo sustituyó los 42 artículos originales por una
redacción integral de 119 artículos. Incorporó términos propios de los mercados
internacionales que antes eran tabú para la burocracia oficial: el
reconocimiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), los peajes de acceso
abierto a redes, la medición inteligente, la viabilidad de contratos
bilaterales libres de compraventa de energía (PPA), la incorporación de baterías de
almacenamiento (BESS)
y la admisión de cláusulas de arbitraje comercial directo para mitigar el
riesgo expropiatorio.
No
obstante, cuando se somete el articulado al bisturí técnico-político, se devela
la trampa estructural: la ley fracasa deliberadamente en establecer las tres
garantías básicas que cualquier inversionista u operador de primer orden
internacional exige antes de comprometer capital en infraestructura eléctrica:
A
lo anterior se suma la ambigüedad que rodea a la cláusula de reversión del
Artículo 31 —que obliga a transferir a CORPOELEC todos los bienes incorporados
al término del contrato libre de gravámenes—, difiriendo el cálculo de
compensaciones y el Valor Nuevo de Reemplazo a reglamentos futuros que nadie
conoce.
Ante
este panorama regulatorio salta a la vista una pregunta ineludible: si los
redactores de la ley sabían perfectamente que este andamiaje ahuyenta al
capital institucional serio, a los operadores globales de libre mercado
(Iberdrola, Enel, AES, Duke Energy, NextEra) y a las bancas multilaterales que
operan bajo estrictas normas de cumplimiento antisoborno y gobernanza
corporativa, ¿para quién
se diseñó realmente esta ley?
La
respuesta es tan cruda como evidente: la
ley no busca captar inversión extranjera de primer orden, sino formalizar y
legitimar el botín de los nuevos ricos forjados al amparo de la
pseudorrevolución.
Estamos
presenciando una mutación que emula con precisión el manual de la oligarquía
rusa post-soviética: ante la inminencia de cambios políticos irreversibles en
Venezuela y el cerco judicial y financiero internacional que asfixia a los
capitales ilícitos, los operadores de la cleptocracia (testaferros) necesitan
con urgencia pasar de contratistas oscuros a «empresarios formales con títulos
jurídicos».
El
precedente de figuras como Alejandro Betancourt —quien tras protagonizar los
monumentales desfalcos de la emergencia eléctrica de 2009-2012 con la
sobrefacturación termoeléctrica, mutó de la noche a la mañana en un operador
con empresas de reciente registro hasta erigirse en el nuevo zar petrolero de
facto— es el espejo exacto de lo que hoy pretenden replicar a escala general en
el sector eléctrico.
Lo
estoy advirtiendo hoy, la ley aprobada es el vehículo perfecto para esa
operación de reciclaje patrimonial:
Quienes
han saqueado al SEN en estas dos últimas décadas son los mismos que hoy
pretenden comprarlo en pedazos bajo un manto de falsa salvación nacional. Se
llevaron a Alí Babá, pero los 40 ladrones redactaron una ley para repartirse la
cueva.
Esta
reforma apresurada no es el instrumento que levantará a Venezuela de su
postración energética. Es un remiendo pragmático para formalizar la captura del
Estado y perpetuar el control hegemónico de una casta económica parasitaria.
La
reconstrucción genuina del SEN exigirá desincorporación vertical efectiva, un
Operador de Red y de Mercado verdaderamente independiente (ISO/RTO), una
Comisión Reguladora colegiada y con autonomía funcional, la despolitización
absoluta de las redes eléctricas y un marco de competencia transparente donde
solo prevalezcan la eficiencia técnica, la seguridad jurídica y el beneficio
del usuario.
Como
constancia y aporte de nuestro compromiso indeclinable con el futuro del país,
en los próximos días estaremos
haciendo llegar a la opinión pública, a los sectores productivos nacionales, a
la academia y a los organismos internacionales el documento técnico formal
contentivo del Diagnóstico
Estructural y Evaluación Regulatoria Integral de la Ley Aprobada,
el cual recoge minuciosamente las inconsistencias, los riesgos patrimoniales y
las advertencias que aquí sintetizamos. No permitiremos que la retórica
disfrace de modernización lo que en el fondo no es más que la perpetuación del
centralismo cleptocrático que arruinó a Venezuela.