El OVP denuncia otras dos muertes bajo custodia en las cárceles Rodeo II y Rodeo IV
El OVP pidió a las autoridades sanitarias realizar una evaluación epidemiológica de las cárceles venezolanas | Foto: Archivo.
Los fallecidos fueron identificados como Jhonney Alexis Martínez Cordero y Anthony Alejandro Quintero Galindo. “Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde”, manifestó la ONG.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes sobre otras dos muertes bajo custodia en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, y advirtió que ambos casos vuelven a exponer las precarias condiciones sanitarias que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela.
La organización identificó a los fallecidos como Jhonney Alexis Martínez Cordero, que padecía meningitis bacteriana y murió en Rodeo II, y Anthony Alejandro Quintero Galindo, fallecido en Rodeo IV, donde presentaba VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico.
El primer caso ocurrió en un penal que alberga a más de 1.000 personas, pese a que fue diseñado para una población se aproximadamente 500 reclusos. De acuerdo con el OVP, Rodeo II registra 100% de hacinamiento.
La organización señaló que la muerte de Martínez Cordero requiere revisar no solo la atención médica que recibió, sino también las condiciones en las que permanecen quienes continúan recluidos en ese penal, debido al riesgo que supone la aparición de una enfermedad transmisible en un espacio sobrepoblado.
En Rodeo IV permanecen más de 950 personas privadas de libertad. El fallecimiento de Quintero Galindo se suma al de Deivi Enrique García, que murió por complicaciones de salud en la misma cárcel el 20 de abril.
El OVP señaló que Rodeo IV se encuentra rodeado de “opacidad casi absoluta” debido a la ausencia de información pública sobre su capacidad instalada y acerca de aspectos esenciales de la vida penitenciaria, como alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos y número de fallecidos bajo custodia.
El OVP pregunta qué realidad conocerá el CICR
Las dos muertes ocurren mientras el gobierno de Venezuela anunció que trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una revisión de las condiciones de los centros de reclusión.
El OVP considera positiva la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advierte que la cooperación solo tendrá sentido si permite conocer la situación que enfrentan diariamente los reclusos.
“¿Qué realidad penitenciaria conocerá el CICR?”, planteó la organización.
Alertó sobre el riesgo de que una visita preparada ofrezca una imagen parcial del sistema penitenciario.
“La experiencia obliga a mantener una mirada crítica”, señaló, al cuestionar la posibilidad de que se seleccionen los establecimientos que serán mostrados o que los recorridos se desarrollen bajo supervisión de las autoridades responsables de administrar las cárceles.
El OVP indicó que la interrogante no debe centrarse únicamente en cuáles centros visitará el CICR, sino en el nivel de acceso que tendrá la delegación a información y testimonios sobre las condiciones de reclusión.
Pidió que el organismo internacional conozca datos sobre muertes bajo custodia, enfermedades, desnutrición, falta de medicamentos, hacinamiento y atención médica, además de escuchar de manera confidencial a personas privadas de libertad.
El OVP espera que en la lista de establecimientos carcelarios sea incluido Rodeo I, donde, denunció, permanece un número importante de presos políticos cuyos familiares han reportado enfermedades y dificultades para acceder a atención médica.
Exigen investigar los fallecimientos
El OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en las situaciones de Martínez Cordero y Quintero Galindo, y establecer si existieron fallas u omisiones durante la atención.
También pidió a las autoridades sanitarias evaluación epidemiológica de las cárceles y adoptar medidas para detectar enfermedades, garantizar tratamientos y prevenir otros fallecimientos.
La organización recordó que la responsabilidad del Estado sobre las personas privadas de libertad no se limita a responder cuando se presenta una emergencia médica, sino que incluye la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde”, sostuvo el OVP.
Insistió en que la cooperación del CICR puede contribuir a identificar las deficiencias del sistema penitenciario y promover cambios, pero no sustituye las obligaciones del Estado venezolano de garantizar la vida, la integridad, la salud, la alimentación y el trato digno de las personas que permanecen bajo custodia.
