Intervención en la casa
En paralelo a estos lapsos prorrogados, el Gran Polo Patriótico, la alianza oficialista de partidos, ha tenido dificultades para lograr la unidad perfecta entre todos sus afiliados de cara a las parlamentarias 2020.
El 11 de agosto, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) divulgó en Twitter un comunicado en el cual anunciaron la constitución de la “Alternativa Popular Revolucionaria” (APR) junto a Patria Para Todos (PPT), Izquierda Unida (IU), Corriente Marxista Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina.
En el texto, se definen como una alianza antiimperialista y verdaderamente socialista, dirigida a proporcionar un nuevo referente de izquierda para los venezolanos. Hablan, entre otros aspectos, del rescate de las “conquistas que fueron alcanzadas con Chávez -y que han sido desmontadas por este gobierno-”.
El 17 de agosto, la noticia alcanzó más volumen con la publicación de un trabajo de Tal Cual titulado “PCV y PPT dejan de apoyar a Nicolás Maduro y lanzan plataforma electoral propia”, en el cual se explica que “los dos partidos que por décadas han estado del lado del ‘proceso revolucionario’ se alían a otras organizaciones de izquierda en una plataforma para buscar tener presencia en el próximo Parlamento”.
El 18 de agosto, mediante sentencia N° 0119-2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió la actual dirección nacional del partido Tupamaro y nombró una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” presidida por Williams Benavides y conformada por un presidente, un secretario general y un secretario nacional de organización.
Tupamaro no suscribió la “Alternativa Popular Revolucionaria” pero, según medios, ya había iniciado la inscripción de sus propios aspirantes. En un video divulgado en redes sociales, el secretario nacional de organización del movimiento, Ares Di Fazio, repudió lo que consideró la consumación del “robo” del partido “por poderosos factores económicos disfrazados de revolucionarios”. Su líder y secretario general nacional, José Pinto, fue detenido en junio.
La medida judicial contra Tupamaro sorprendió, por tratarse de la primera organización tradicionalmente aliada al oficialista Gran Polo Patriótico con dirección nacional intervenida, decisión solo aplicada en este contexto a formaciones opositoras. Pero no serían los únicos.
El 21 de agosto, mediante sentencia N° 0122-2020, la Sala Constitucional suspendió la actual dirección nacional del partido Patria Para Todos (PPT) y designó una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” presidida por Ilenia Medina, en su condición de secretaria nacional de organización, y las secretarias generales regionales Lisett Sabino y Beatriz Barráez.
El PPT, ahora integrante de la “Alternativa Popular Revolucionaria”, ha sido históricamente aliado del oficialista Gran Polo Patriótico, hasta la más reciente elección de 2018 cuando su tarjeta apoyó la reelección de Nicolás Maduro. En un comunicado, advierten de “corrientes autoritarias” y de juntas impuestas a partidos que están “alineadas con el PSUV”.
En un comunicado del 21 de agosto, el Partido Comunista de Venezuela se expresó “ante el asalto del TSJ” contra el partido PPT. En el texto afirman que estas decisiones judiciales “no se circunscriben a la esfera del derecho y la ‘aplicación de justicia’, sino que son acciones de carácter meramente político dirigidas a tributar en favor de las orientaciones trazadas por el binomio PSUV-Gobierno”.
El 26 de agosto, a las afueras del ente comicial, directivos del Partido Comunista de Venezuela informaron sobre la decisión de las fuerzas agrupadas en la “Alternativa Popular Revolucionaria” de inscribir sus candidatos y expresar su voto el próximo 6 de diciembre a través de la tarjeta del gallo rojo, vista la intervención de otras tarjetas, incluyendo la del PPT.
Y es que estas decisiones del TSJ tienen en común que facultan a las autoridades impuestas a “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio” de la respectiva organización política.
La intervención de partidos políticos por la vía judicial fue reactivada este año 2020 con similares fallos contra Acción Democrática (sentencia 0071 de la Sala Constitucional del 15 de junio), Primero Justicia (fallo 0072 de la Sala Constitucional del 16 de junio), Voluntad Popular (sentencia 0077 de la Sala Constitucional del 7 de julio) y Movimiento Republicano (decisión 019, en este caso de la Sala Electoral, el 20 de julio).
AD, PJ y VP mantienen tres de las bancadas más numerosas de la mayoría opositora en el actual Parlamento, y recién manifestaron su decisión de no participar en las legislativas 2020.
Entre tanto, voceros de Nueva Visión para mi País han rechazado un cambio que entienden como otro tipo de “intervención”: quien se identifica como presidente del partido acudió a un evento del CNE para el que fueron convocados, pero le negaron la entrada pues ya había otro representante de Nuvipa reconocido por el ente comicial, reseñó Crónica.Uno.