Durante los primeros años de la etapa democrática, post gobierno del militar Marcos Pérez Jiménez, los organismos policiales estaban conformados por personas que no se habían formado para tal labor de manera profesional. Eran, especialmente, militantes del partido Acción Democrática que tenían como misión preservar el poder nacional, a toda costa, en medio de situaciones que no fueron fáciles, especialmente por repetidas insurgencias militares auspiciadas por factores del comunismo.
Venía el país de una etapa dura contra la oposición política, la que incluyó encierros para muchos dirigentes, sin causa judicial clara o determinada, y constante acecho a los hogares de esos políticos, mediante un instrumento que se llamó Seguridad Nacional o policía política.
Paulatinamente, la democracia fue formando nuevos cuerpos policiales y se llegó a una formación de grado medio, hoy, en la actualidad, con grado profesional mediante una casa superior de estudios policiales. Todo un avance, dentro del cuadro de exigencia que existe en países civilizados o adelantados.
En aquellos años, que ya son de la historia contemporánea, se presentaban situaciones que iban en contra de la libertad y seguridad de los venezolanos.
Esto es en la llamada dictadura perezjimenista y en la democracia. No obstante, esos hechos se quedan cortos, en su dimensión real, ante el cúmulo de situaciones contrarias a la defensa de los derechos humanos que se viven y que a diario son denunciadas en las redes comunicacionales.
Los cuerpos policiales siguen siendo, en la mayoría de miembros del componente humano, estructuras de servicio, pero no escapan muchos servidores que abusan de tan condición y atropellan los derechos humanos, especialmente de las personas que cometen delitos. Es frecuente ver cómo agentes golpean a delincuentes en público y, por supuesto, en privado.
Las torturas policiales siguen siendo obra de funcionarios, a pesar de los avances en el derecho internacional sobre la materia, lo que, incluso, lleva a la firma de convenciones por parte del Estado venezolano, representado por el gobierno.
El ciudadano común es víctima de policías (y en esto las damas uniformadas también son partícipes) de manera constante, especialmente en las alcabalas y puestos de observación. En las calles retienen conductores para pedirles todos los documentos conocidos, los cuales no están precisamente indicados en la Ley de Tránsito.
Se les exige que tengan el plastificado de la cédula de identidad vigente, dudan y sostienen que se trata de fotocopias. Asumen como delito portar el teléfono móvil en uso, piden la licencia en buen estado de conservación, la propiedad del vehículo, la autorización del dueño y, para variar, pretenden detener a personas por no estar usando el cinturón de seguridad.
Y en medio de esta vigilancia se presenta la amenaza de la multa, para la cual nunca tienen formato o planilla, y el traslado al “comando”, lo cual termina por servir para el soborno, consentido y deseado, lo que se traduce en una extorsión.
Es el colmo del abuso. Eso no se debe permitir en una sociedad civilizada. No podemos vivir en medio de una absoluta corrupción del funcionario, porque una sociedad democrática no se puede sostener en medio de la mayor ilegalidad, con policías carentes de valores e involucrados en hechos condenables.
Los medios de comunicación social están llamados a permitir que se publiquen las denuncias sobre estas prácticas y corresponde al gobierno canalizarlas y castigar a los involucrados.
