Mérida, Abril Martes 21, 2026, 10:38 am
La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este
martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados
por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de
un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado,
ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación
de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.
Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge
Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el
que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40
kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un
infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó
varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010,
y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto
Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato
del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del
Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de
Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.
El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se
enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato
viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según
ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en
presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según
ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue
envenenamiento por ingesta de cianuro".
"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que
la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que
se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo",
señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta
del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos
minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al
hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que
"dijo que sabía inmundo y se desmayó".
"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina
Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua
saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La
Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una
investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa
sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este
caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge
Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto
político.
Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo,
que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para
la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5
millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a
las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y
hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la
magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la
Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios.
Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a
Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los
años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de
dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.
Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su
presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de
recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la
concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora
contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su
principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.
A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando
llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con
normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la
Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el
juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la
constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al
país.
EL PAÍS