La Universidad de Los Andes y las primeras protestas estudiantiles en el siglo XXI (1839-1849) por Alí Enrique López Bohórquez (*)
Catedrático Juan de Dios Picón González
En la etapa inicial de la Universidad de Mérida, a partir de 1832, diversos fueron los inconvenientes surgidos para su funcionamiento en razón de la inexperiencia y a la improvisación de los profesores que debían tener bajo su responsabilidad cátedras que, en muchos casos, estaban fuera de sus respectivas áreas de conocimiento. Ello originó ciertos problemas entre los que destacan las denuncias de algunos docentes por parte de los alumnos por mala conducta, inasistencia a clases e incapacidad profesional para enseñar a nivel universitario. En esta Crónica vamos exponer las tres primeras protestas estudiantiles en la universidad merideña entre 1839 y 1849 para evidenciar las razones que las motivaron y los resultados de las acusaciones formuladas. Antes debemos señalar que desde el inicio de la llamada era democrática del siglo XX, a partir de 1958, una de las características de los estudiantes de la Universidad de Los Andes ha sido la reacción para enfrentar cualquier decisión que elimine o impida sus derechos, tanto los referidos a la enseñanza como los de servicios de bienestar estudiantil (comedor, transporte, vivienda, etc.), por parte de autoridades universitarias o los gobierno de turno.,sin dejar de mencionar la libertad de expresarse política e ideológicamente ante la situación del país. Por lo general, en los últimos sesenta años esa reacción se ha manifestado de manera violenta, causando perjuicios no sólo a la comunidad universitaria sino también a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Mérida.
En el siglo XIX la protesta estudiantil se expresaba particularmente para denunciar a los profesores que incumplían con sus deberes docentes o que evidenciaban incapacidad para el dictado de una cátedra determinada. Esa protesta se canalizaba a través de medios legalmente reconocidos, para que las instancias de autoridad universitaria conocieran y decidieran sobre la circunstancia planteada por los estudiantes. Documentos, debidamente refrendados por los alumnos que se sentían afectados por la actuación de un catedrático, eran remitidos al Rector y este, de no poder resolver directamente el problema, lo sometía a la consideración de la Junta de Inspección y Gobierno, una instancia universitaria encargada de dictaminar al respecto. En la actualidad, situaciones de esa naturaleza rara vez se hacen de manera pública, pues el temor de los estudiantes ante las represalias de los profesores y la complicidad tanto de alguna autoridad como del gremio son realidades que impiden una protesta al estilo de las que ocurrieron en la centuria decimonónica.
En nuestra preocupación por rastrear en el pasado los antecedentes de situaciones semejantes que ocurran en el presente, hemos seleccionado una muestra de las protestas estudiantiles ocurridas entre 1839 y 1849 en la Universidad de Mérida (como se llamó a la institución hasta 1883), cuando apenas iniciaba sus actividades. Se trata de valientes actitudes de algunos alumnos que denunciaron a profesores por mala conducta, inasistencia a clases e incapacidad profesional para cumplir la honrosa labor de enseñar a nivel universitario. A tal efecto, vamos a referirnos a la manera como los estudiantes procedieron dentro de la legalidad establecida, a la actitud de las autoridades de la Universidad y del Ministerio de Instrucción Pública, y a lo determinado en cada caso. Los hechos en si mismos son importantes y, por su dimensión y trascendencia, adquieren significativo valor histórico; aun más si la mayoría de los profesores denunciados habían ocupado u ocuparían cargos de importancia dentro de la institución o en la administración pública. De manera que apreciaremos que en una Mérida como la de mediados del siglo XIX también tuvieron lugar problemas internos de su máxima casa de estudios de educación superior, pero que fueron ventilados de manera pacifica e internamente, lo cual no quiere decir que no trascendieran a una sociedad muy conservadora, particularmente si los catedráticos denunciados estaban identificados con la misma por sus relaciones sociales, ejercicio profesional, actividad universitaria o actuación política.
INCAPACIDAD Y MAL TRATO DEL MAESTRO FRANCISCO RIVAS (1839-1840)
La primera protesta ocurrió el 5 de diciembre de 1839 contra el Maestro Francisco Rivas, preceptor de la Cátedra de Filosofía. El documento acusatorio fue remitido al Rector Agustín Chipía con la firma de catorce alumnos. En la misma fecha esta autoridad dispuso que se remitiera el escrito a la Junta de Inspección y Gobierno. La denuncia de los alumnos comprendía los siguientes aspectos: desconocimiento de la materia, no hacia explicaciones, divagaciones infructuosas, seguimiento del autor que utiliza para el curso, retardo a la hora de clases o inasistencia reiterada por ocuparse en los tribunales de defender o acusar pleitos por lo que no tenía tiempo para preparar las clases o estudiar la materia, mal trato a los estudiantes de palabra y de hecho abusando de su autoridad. Por todo lo cual, y otras cosas, les llevaba a solicitar segregar a este empleado, y llamar a quien con aptitud pueda desempeñar la Cátedra, pues de lo contrariohemos de perder el tiempo que nos resta, si se siguen las lecciones prevenidas para lo que queda expuesto; o será acaso necesario que se disponga suprimir estas materias y de todos modos, lloraremos cualquiera de estos dos partidos, por los graves perjuicios que nos aparejan. Todo lo expuesto se apoyaba en lo que sobre la actuación de los catedráticos establecían los Estatutos de la Universidad de Mérida. Firmaban la petición Andrés Domínguez, Gaspar Yánes, Mateo Trocóniz, Rafael Alvares, Merced Pineda, Fernando Corral, Francisco Fajardo, Antonio Molina, D. Vilardell, Pedro N. Sánchez, Ignacio Dugarte, Dionisio Muñoz, Rafael Rodríguez y Juan N. Ochoa.
En su defensa, el 13 de diciembre, el Maestro Rivas solicitó al Administrador de las Rentas de la Universidad comunicara por escrito al Secretario las fallas que como Catedrático de Filosofía, se me han anotado en el presente año desde Febrero último hasta el 8 del actual. La verificación de las listas de asistencia determinó que en el curso de diez meses había tenido veinticuatro faltas, en un total de doce días. Ante el retardo al tratamiento de lo expuesto por los estudiantes, estos nuevamente se dirigieron al Rector el 20 de diciembre, amenazando esta vez con remitir el asunto a la Dirección General de Instrucción Pública. Cuatro días después la Junta de Inspección y Gobierno, presidida por el propio Señor Rector, consideró el asunto, señalando que correspondía a los miembros de la junta velar y cuidar sobre la conducta de los catedráticos por los medios que ponen en sus manos los Estatutos de esta Universidad, por cuya razón a extrañado el modo y términos con que dichos estudiantes se han conducido en las representaciones que han dirigido a esta Junta. En razón de esta respuesta y no satisfechos con lo acordado, los estudiantes remitieron su acusación al Director General de Instrucción Pública, que lo era el Dr. José María Vargas, quien el 15 de marzo de 1840 acordó solicitar al Rector Chipia un informe circunstanciado para decidir en forma terminante, previniéndolo de que si la conducta del Sr. Maestro Rivas es tal como se asegura y no se ha corregido, o si se carece de los conocimientos necesarios, no ha debido la junta limitarse a poner en ejecución la primera parte del citado artículo 37 (del Estatuto), sino llevar a efecto la segunda en que se previene lo que debe ella hacer para preparar la providencia que debe tomar la Dirección de estudios con los catedráticos que faltan a sus deberes; o bien usar dicho Rector de cualquier medio prudente para que el catedrático separase de la clase sin que sufriese su reputación ni su delicadeza quedase mortificadaAsí se dirá al Sr. Rector para que si le pareciere conveniente ponga en practica este medio, sin perjuicio del informe, con arreglo al cual usara la Dirección de sus atribuciones, bien sea con sanción al catedrático si hubiere motivo para ello, o reprimiendo a los estudiantes si en su procedimiento hubiere habido poca justicia.
Desconocemos, por carecer de otras fuentes, que actitud asumieron los estudiantes después de esa previsión de la Dirección General de Instrucción Pública, pues la Junta rindió el informe solicitado, el cual fue leído el 15 de junio de 1840 por esa dirección, en el que se señalaba que tanto el Rector como la Junta de Inspección y Gobierno habían constatado que, lejos de advertir faltas en el catedrático acusado, los libros de exámenes sugerían que los alumnos habían adquirido conocimientos regulares, no existiendo queja alguna anterior contra el, ni faltas que desdijesen de su buena conducta. Esas autoridades realizaron tres visitas a la Cátedra de Filosofía, como lo había pedido la Dirección de Instrucción, verificándose que los alumnos estaban contentos con el catedrático, y que este esta cumpliendo con sus deberes y que el mismo daba buen tratamiento para con sus discípulos y aplicación y cumplimiento de sus obligaciones. Aunque estas consideraciones eximían al Maestro Rivas de algunas responsabilidades, el Dr. José María Vargas en carta al Rector le exigía información sobre la capacidad del catedrático para regentar la Cátedra de Filosofía, ya que por su ineptitud había sido ya antes depuesto de la Cátedra de Mínimos y Menores, sobre lo cual nada se decía en el referido informe de la Universidad. Por ello insistía Vargas en esa información por ser una circunstancia sumamente esencial y que aguardaba ese dato para resolver. ¿Qué informó el Rector al respecto? ¿Qué decidió la Dirección de Instrucción sobre el catedrático? ¿Qué pasó con los estudiantes que denunciaron la situación? No contamos con fuentes para dar respuesta a estas interrogantes. Lo cierto es que en otros documentos no aparece el maestro Rivas como titular de la Cátedra de Filosofía, lo que hace suponer que fuera finalmente sustituido. Así, la primera protesta estudiantil había concluido con una complicidad de las autoridades para esconder sus debilidades en la toma de medidas para resolver asuntos de esa naturaleza, como lo establecía el artículo 37 de los Estatutos de la Universidad de Mérida, pero también con una férrea actitud del Dr. José María Vargas para impedir la continuación de un profesor con poca capacidad para el dictado de la asignatura de Filosofía. Ello evidencia como el gobierno nacional prestaba atención a cualquier asunto relativo a la Universidad pues ésta, aunque con cierta autonomía interna, debía elevar ante el Ministerio de Instrucción Pública la solución del mismo.
HABILIDAD Y CONDUCTA DEL DR. PEDRO JUAN ARELLANO (1844)
En atención al artículo 38 de los referidos Estatutos, el Rector Rafael Alvarado decretó el 16 de septiembre de 1843 una visita a las distintas clases para escuchar la declaración de los estudiantes sobre su desenvolvimiento. Así se practicó entre esa fecha y el 12 de octubre de 1844, acudiendo los estudiantes de todas las Cátedras a responder las preguntas formuladas por la Junta de Inspección instalada en la Sala Rectoral. Al acto concurrieron los jóvenes Rafael Urrecheaga y Benigno Cano, de la clase de Filosofía Intelectual o Física Experimental, a quienes preguntó el Rector sobre la conducta del catedrático, si se portaba con urbanidad, si sabía, entendía y aplicaba las lecciones. Uno de ellos respondió que no estaba muy satisfecho con la enseñanza y manera de conducirse su catedrático, en lo uno, por que no conoce la materia que enseña, pues la pizarra está demás por no ocurrirse a ella en cosa alguna a la practica de las doctrinas físicas que se les leen; y en lo otro por que el catedrático no tiene maneras urbanas y por consiguiente en este particular no dan buen ejemplo, resultando de aquí que a veces la clase esta en desorden. El profesor de la asignatura lo era el Dr. Pedro Juan Arellano. La denuncia de aquellos alumnos fue razón para que el Rector dispusiera el 14 de octubre de 1844 instruir una justificación con declaraciones generales de los estudiantes para resolver lo que fuera conveniente en beneficio de ellos y de la Universidad, en tanto otros cursantes de la cátedra tenían una opinión diferente a la de los denunciantes.
Tomadas las declaraciones de siete estudiantes; algunos dijeron que como discípulos carecían de la calidad para opinar sobre si el profesor conocía o no sobre Física, pero que han llegado a entender que no sabe bien la materia, como lo decían también anteriores cursantes, pero que la estudia para enseñarla; mientras que otros indicaron que si bien tenían esa calidad, podían comprender que el Dr. Arellano tenía las luces necesarias para dar las lecciones correspondientes, pues las explica y resuelve las dificultades que se le ponen por los estudiantes. En las declaraciones, un alumno señaló que el catedrático pasaba por encima de algunas demostraciones sin explicarlas, pero que ello obedecía al desconocimiento que los discípulos tenían de la geometría, indispensable para comprender las mismas. En cuanto a su conducta, la mayoría de los estudiantes indicó que sólo habían escuchado en una oportunidad calificar de pésimo a dos de ellos, y que el relajo que se apreciaba en sus clases se debía a su bondad y cierta libertad para con los alumnos. Ante esas declaraciones, el Rector Rafael Alvarado concluyó el expediente por no haber mérito para procedimiento ulterior, contrayéndose a excitar el celo del catedrático a doblar sus estudios privados con el objeto de evitar semejantes denuncios. Salía airoso un catedrático de las acusaciones de dos estudiantes, probablemente los mismos a quien el Dr. Pedro Juan Arellano había calificado de pésimos. En los textos de las declaraciones se advierte, aun en las que apoyaron al catedrático, que este no tenía los conocimientos suficientes para enseñar la Física y que carecía la Universidad de los instrumentos necesarios para dictar una materia de esa naturaleza. Sin embargo, solamente se le conminaba a que la estudiara, lo cual desdice de la calidad de la enseñanza que entonces se impartía en la institución, pues se improvisaba con un catedrático que había obtenido los grados de Licenciado en Filosofía (1837), Doctor en Ciencias Políticas en el mismo año de la denuncia, que había sido profesor de Mínimos y Menores (1841), de Mayores y Elocuencia (1841-1842), de Derecho Practico y Leyes Nacionales (1859-1861). Por otro lado había pertenecido a la Junta de Inspección y Gobierno (1836-1864), dentro del período de la acusación; siendo dos años mas tarde de la denuncia Vicerrector (1846-1849) y luego Rector (1858-1861). Como puede apreciarse, se trataba de un personaje con notable influencia dentro de la Universidad.
ANCIANIDAD E INEPTITUD DEL MAESTRO JUAN DE DIOS PICÓN (1849)
El 26 de septiembre de 1849, los alumnos de la clase de Filosofía Intelectual, Luis María de la Cueva, Manuel María Salas, Vicente Uzcátegui, Ramón Perdomo, José Manuel Pérez, Fernando Gil, César A. Pumar y Federico Gabaldón, se dirigieron al Rector quejándose del nombramiento del Maestro Juan de Dios Picón como profesor en propiedad de dicha asignatura, lo cual consideraban una burla a la juventud que se educa en este plantel literario al nombrarle por catedrático a un anciano enfermo, inepto para enseñar por su absoluta carencia de conocimientos en materias que jamás ha aprendido y que no puede aprender ya por su edad y el estado decadente de su salud;el rato de clase que se nos da pasase escuchando consejos y fojeando el libro porque nuestro catedrático no sabe lógica, ni menos física, esta a oscuras en todos los ramos de matemáticas, pasa en silencio por todas las demostraciones porque no sabe explicar la más sencilla ni desatar la mas leve duda. Agregaban los estudiantes que no se atrevían a pensar que las influencias perniciosas del favoritismo, mas bien que el provecho de los estudiantes, hayan sido consultadas, en una elección de la mayor importancia social. Los alumnos reconocían en el Señor Picón ser un buen vecino, un excelente padre de familias (sic), y un buen ciudadano que puede servir para todo, menos para catedrático y por tanto nos es sensible el tener que dar este paso, protestando que no nos estimula otro móvil que la mejora de la enseñanza y nunca hemos abrigado la intención de dañar la buena reputación de dicho Señor. Después de hacer otras consideraciones, los estudiantes solicitaban ante el Tribunal Académico o ante la autoridad que sea competente la remoción del catedrático de Filosofía Señor Maestro Juan de Dios Picón por su incapacidad para el desempeño de los deberes de su empleo.
El 27 de septiembre la Junta de Inspección y Gobierno acordó pasar la denuncia al Tribunal Académico para que se considerara dentro de las visitas de clase que debían realizarse en el último trimestre de aquel año. Nuevamente se silenciaba una situación en la que aparecía involucrado un catedrático de mucha vinculación con la sociedad merideña. No hemos localizado documentos adicionales al caso, lo cierto es que solo en 1849 aparece como profesor interino y luego en propiedad de la Cátedra de Filosofía Intelectual. Aunque había recibido los grados de Bachiller en Filosofía (1808) y el de Maestro en Filosofía (1810) en el Seminario de San Buenaventura, Juan de Dios Picón se inclinó más por las actividades políticas. Antes de aquel nombramiento, Picón ejerció el cargo de Administrador de la Universidad (1842-1843); fue Presidente de la Diputación Provincial (1821), Diputado al Congreso de Colombia (1823-1826), Diputado a la Convención de Ocaña (1828), Representante ante el Congreso Constituyente de Valencia (1830), Gobernador Constitucional de la Provincia de Mérida (1831-1835, 1844-1847, 1858) y por su gestión se reinstala la Universidad de Mérida en 1832, Senador al Congreso Nacional (1837-1840). Era hijo de Antonio Ignacio Rodríguez Picón, uno de los impulsores de la independencia de Mérida y de los firmantes del Acta de creación de la Universidad de Mérida en 1810. ¿Cuáles eran sus méritos para haber sido designado en 1849 como catedrático de la Universidad? ¿Su origen social, sus cualidades políticas? Tenían razón los ocho estudiantes que habían puesto al descubierto una elección en la que debieron privar las Influencias políticas de una sociedad que manejaba dentro de sus propios intereses a la Universidad.
Corresponde ahora hacer un análisis de las tres protestas historiadas: 1) Los estudiantes utilizaron los canales académico-administrativos existentes para presentar sus denuncias, sin que se presentaran situaciones de violencia. 2) Las autoridades universitarias atendieron las acusaciones interpuestas por los alumnos, tanto mediante documento denunciatorio como por las declaraciones tomadas a los mismos en circunstancias específicas. 3) De las tres quejas, sólo dos tuvieron su efecto, una por acción directa del Ministerio de Instrucción Pública (Maestro Francisco Rivas), otra por razones obvias de la situación (Maestro Juan de Dios Picón). 4) En el caso del Dr. Pedro Juan Arellano, es fácil advertir la complicidad de las autoridades universitarias, pues no estuvieron a la altura de una decisión que estaba contenida en los propios Estatutos de la Universidad. 5) Llama la atención el hecho de que las denuncias ocurrieron en la misma Cátedra de Filosofía, en un lapso de diez años, lo cual puede sugerir que la institución no contaba con el catedrático idóneo para la enseñanza de la Física, que era el contenido principal de la asignatura. 6) Una revisión de la prensa merideña de la época evidencia que los hechos ocurridos no trascendieron a la comunidad en general, al menos a través de un medio de comunicación; deben haberse transmitido de manera oral, pues entonces Mérida era una ciudad pequeña donde todo se sabía. Las referidas protestas o acusaciones contra profesores de la Universidad merideña en el siglo XIX no fueron las únicas que ocurrieron en esa centuria. Hemos hecho referencia particular a las protagonizadas por estudiantes que denunciaron situaciones irregulares en perjuicio de su aprendizaje, pues en el período que estudiamos tuvieron lugar otras acusaciones contra el mal ejercicio de la docencia y/o incumplimiento de los deberes de los catedráticos, con la características de que fueron las propias autoridades universitarias las que tomaron la iniciativa de abrir expedientes contra catedráticos que violaban las normativas que sobre el cumplimiento de sus actividades de enseñanza establecían el Estatuto de la Universidad de Mérida. Sobre estos casos nos referiremos en otra Crónica.
Los textos completos de los citados documentos se localizan en el Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes y fueron publicados por Eloi Chalbaud Cardona en su Historia de la Universidad de Los Andes (Mérida, Universidad de Los Andes, 1970; Tomo III, pp. 463-532).
