NUEVAS CRÓNICAS DE HISTORIA UNIVERSITARIA (25)

La Universidad de Los Andes y la primera propuesta de conversión del Seminario en Universidad (1800-1806) por Alí Enrique López Bohórquez (*)

(*) Coordinador de la Cátedra Libre de la Universidad de Los Andes

Nuestra insistencia en demostrar el interesado error histórico de que la Universidad de Los Andes fue creada el 29 de marzo de 1785 por el Obispo Fray Juan Ramos de Lora, cuando en verdad lo hizo la Junta Superior Gubernativa de Mérida el 21 de septiembre, sigue generando interés en la comunidad universitaria porque se aclare definitivamente lo concerniente al hecho fundacional de la institución y se restituya la celebración que corresponde. Ello en concordancia con la conmemoración del primer Centenario en 1910, con el Decreto del Consejo Universitario de 1958 que ratificaba la fecha del 21 de septiembre de 1810, con los actos realizados en su Sesquicentenario en 1960, el dictamen de la Academia Nacional de la Historia de 1985 al respecto  y la remembranza en el 2010 del verdadero Bicentenario de su establecimiento inicial con el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, denominada Universidad de Mérida en 1832 y finalmente Universidad de Los Andes en 1883. En esta Crónica vamos a exponer otro hecho demostrativo de que en 1785 no se creó ninguna Universidad en esta ciudad. Nos referimos a la primera solicitud realizada en 1800 por el Deán de la Catedral de Mérida, el Licenciado Francisco Javier de Irastorza, la cual generó diversas opiniones en Mérida, Maracaibo, Caracas y Madrid que condujeron a la decisión del Rey Carlos IV en 1806 de no acceder a la petición de conversión del Real Colegio Seminario en Universidad por razones académicas y económicas. De manera que es a este sacerdote al que se le debe rendir honores por tal propuesta, y no a Fray Juan Ramos de Lora, ya que la decisión de aquella Junta Gubernativa reivindicó la idea de una Universidad de 1800, puesta en práctica en1810.

 

Para comprender el significado de la solicitud de Irastorza es necesario recordar al lector algunos antecedentes de la misma. El 29 de marzo de 1785, el primer Obispo de la Diócesis de Mérida, Fray Juan Ramos de Lora decidió establecer y dictar las Constituciones por las cuales habría de regirse, sin autorización real, “...una Casa de Educación de los jóvenes inclinados a seguir el estado eclesiástico, en donde se les imprima máximas de Religión y se les enseñe la Lengua Latina, e instruya en las materias morales, hasta tanto que se practican las diligencias correspondientes a que se establezca y funde un Seminario Colegio con todas las formalidades que dispone el Santo Concilio de Trento...” El Rey Carlos III fue notificado de tal decisión el 9 de mayo de 1785, solicitando el Obispo la fundación y erección de una especie de Colegio a partir de aquella Casa de Educación, en el viejo Convento de los Franciscanos, y el conferimiento de rentas y de las propiedades que habían pertenecido a los padres Jesuitas, así como los ornamentos para el culto que habían dejado los religiosos Dominicos. Las aspiraciones del fraile franciscano fueron conferidas por Real Orden del 14 de septiembre de 1786, aprobándose la erección del Seminario Conciliar, con el otorgamiento también de las tierras de los misioneros de Santo Domingo, lo cual fue ratificado de manera más expresa por Real Cédula del 9 de junio de 1787, en la cual se recriminaba al Obispo por haber procedido “sin representarme lo que tuviese por conveniente, esperando mi real deliberación” y manifestando que “el insinuado defecto” debía servir “de gobierno en lo sucesivo”.

 

La decisión definitiva tuvo lugar el 20 de marzo de1789, cuando el rey Carlos IV aprobó la institución eclesiástica con el título de “Real Seminario Tridentino de San Buenaventura” y la construcción de la casa que debía albergarlo para sus funciones de enseñanza de “...Teología, Derecho Canónico, Real y de otras ciencias que en lo sucesivo se erigiesen...conforme a la necesidad...” El 1 de noviembre de 1790, dada su delicada situación de salud, el Obispo realizó en su propio aposento la instalación definitiva del Seminario con la investidura de las becas a los cinco niños escogidos para colegiales de San Buenaventura y el 8 de noviembre su Secretario, Presbítero Mateo Mas y Rubí, formalizó la consagración solemne del edificio que serviría a la causa de los estudios eclesiásticos que se propuso desarrollar Ramos de Lora e instaló las clases. Al día siguiente falleció el fraile fundador del Seminario Conciliar de San Buenaventura de Mérida. Sobre estas noticias documentales cabe hacer algunas reflexiones. En primer lugar, lo creado por el primero Obispo de Mérida en 1785 fue una Casa de Educación para formar los curas que requería su Diócesis. En segundo lugar, la idea y establecimiento de un Seminario surge entre 1787 y 1789, lo debía haber sido realizado a su llegada a Mérida en aquel año, como lo establecía una disposición del Concilio de Trento. En tercer lugar, ese instituto eclesiástico no inició actividades hasta 1790 con “niños colegiales”. Y, en cuarto lugar, la palabra Universidad no aparece referida en ningún documento relacionado con el Real Colegio Seminario de San Buenaventura hasta el año de 1800. Así, son necesarias estas reflexiones de valor epistémico para desmontar la interesada posición de la Iglesia Católica de Mérida de que se siga conmemorando, obligatoriamente, la fecha de 1785, a fin de mantener ese “cordón umbilical” que le genera a ciertas autoridades eclesiásticas una cierta facultad de intervenir en asuntos que solo deben ser resueltos y decididos por la comunidad universitaria.     

 

            No es nuestro propósito en esta Crónica el estudio del desarrollo del Colegio Seminario desde su instalación. Lo que si nos proponemos es analizar la supuesta relación que puede haber tenido dicho Seminario con la Universidad que se estableciera en Mérida el 21 de septiembre de 1810. Para ello tomamos el hilo de la historia entre los años de 1800 y 1806, a partir de las gestiones del Licenciado Francisco Javier de Irastorza para convertir el Seminario en Universidad y la decisión que al respecto tomó el rey Carlos IV. En efecto, el 9 de enero de 1800, Irastorza –Deán de la Santa Iglesia Catedral de Mérida y Vicario General Gobernador del Obispado en Sede Vacante– se propuso convertir el Real Colegio Seminario de San Buenaventura en Real y Pontificia Universidad al plantear mediante un auto el Cabildo Eclesiástico de Mérida que, aunque el Rey Carlos había ordenado por Real Cédula del 20 de marzo de 1789 que el Colegio Seminario de esta ciudad que por vía de agregación o filiación a la Universidad de Caracas se admitieran los cursos para obtener los grados correspondientes por parte de los estudiantes que serían destinados a los curatos del Obispado, ello no era suficiente para conseguir los fines que se había propuesto Fray Juan Ramos de Lora. Ello en razón del corto número de cursantes, las dificultades para obtener los grados que incide en su búsqueda en otras Universidades, los problemas de distancia y manutención que impedían la venida de otros alumnos. Tales consideraciones le llevaron a proponer como remedio la erección de una Universidad en Mérida con las facultades de Pontificia y Real, a fin de que se representara al monarca para el conferimiento de la gracia de que confiriera grados mayores y menores, con la consecuente confirmación papal.

 

El Deán Irastorza, proponía de igual manera, que el Claustro de esa nueva institución debía conformarse con los Doctores y Licenciados de la Santa Iglesia Catedral y de los demás doctores que residían en la ciudad, así como la necesidad de que entre tanto se formaran las Constituciones siguiendo las de Caracas, bajo la responsabilidad del gobierno del Obispado. Para esa solicitud Irastorza consideraba fundamental informar al Rey sobre el estado de los Estudios y Cátedras en el Real Colegio Seminario Conciliar, de manera que todas esas noticias apoyaran la necesidad y utilidad que surgiría de semejante establecimiento educativo. Estas consideraciones fueron comunicadas el 25 de enero al Cabildo Eclesiástico, por el secretario de la Curia Juan José Mendoza, quien entonces era el Rector del Seminario de San Buenaventura. Llama la atención que fuera el Gobernador de la Diócesis el que planteara la conversión del Seminario en Universidad, sin la participación de las autoridades del Seminario, lo cual pudiera entenderse por el poder que Irastorza tenía dentro de la organización eclesiástica merideña, ya que además de los cargos indicados era Juez Genera de Diezmos, Comisario de la Santa Cruzada, Juez Exactor nato de Medias Anatas y Mesadas Eclesiásticas y Juez Provisor. En la misma fecha, el secretario de la Curia remitió el auto de Francisco Javier de Irastorza al Gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares, siguiendo instrucciones del Deán.

 

El Cabildo Eclesiástico trató el referido auto de Irastorza el 28 de enero, insertándose en el Acta correspondiente que había considerado el oficio del Provisor y Vicario General en el que pedía se suplicara “...a Su Majestad el establecimiento de Universidad en esta capital del Obispado, en atención de la necesidad, beneficio y utilidad que resulta para su mayor ilustración...[informando al monarca] sobre todos los particulares que comprende el citado auto...”, para lo cual era indispensable extenderse en el informe en los términos más enérgicos para lograr semejante proyecto. Dicho informe fue culminado dos días después, bajo la redacción del Dr. Luis Dionisio Villamizar. El mismo lo remitían el Deán de la Catedral y el Cabildo Eclesiástico, repitiéndose los argumentos expuestos anteriormente e insistiéndose en que Carlos IV dispensara la gracia de Universidad para que “...tengan las ciencias el mayor incremento con que se logren los más sujetos instruidos que necesita, no sólo para el ministerio de Curas, sino también para oposición a las Canonjías de Oficio, Regencia de las Cátedras y recta inteligencia de Vuestras Leyes en la administración de justicia, y que se verán en todo cumplidas las Reales piadosas intenciones de Vuestra Majestad a favor de vuestros leales vasallos en esta Diócesis.”

 

Con el referido informe del Cabildo Eclesiástico merideño, el Licenciado Francisco Javier de Irastorza se atrevió a dirigirse directamente a Carlos IV, el 31 de enero, exponiéndole que los logros del Colegio Seminario no habían sido suficientes para alcanzar los propósitos de Ramos de Lora, por lo que consideraba que el único remedio a la situación existente era el establecimiento de una Universidad en Mérida y que a tal efecto le remitía el expediente en el que exponía las causas de necesidad y utilidad que así lo exigen, apoyadas con los informes del Gobernador de esta Provincia, del Deán y del Cabildo Eclesiástico, “...esperando que Vuestra Majestad se digne acceder en cuanto en él se contiene, expidiendo Vuestra Real Cédula de Erección de Universidad con todas las preeminencias, privilegios, prerrogativas y exenciones que disfrutan todas las demás Universidades de estos vuestros Reinos y Dominios.” Se engañaba Irastorza al pensar que recibiría apoyo del Gobernador Fernando Miyares y González en la solicitud de creación de una Universidad para Mérida. Buscando su ayuda, el Deán envió al Gobernador, el 9 de enero de 1800, la propuesta que más tarde consideraría el Cabildo Eclesiástico. Miyares respondió señalando que propendería, “...en cuanto penda de mis facultades, a la útil erección de Universidad en esa ciudad, que V. S. se sirve promover...Evacuando por mi parte el informe que…excita...”

 

Sin embargo, el Gobernador de Maracaibo redactó un informe que debió influir en la futura decisión del monarca español. En efecto, el 18 de marzo de 1800 se dirigió a Carlos IV haciendo consideraciones diversas sobre la situación del Colegio Seminario y de la Diócesis en general para inclinarse “...a considerar como muy conveniente la erección de Universidad en esta Provincia...”; pero planteaba la duda si esta debía establecerse en Mérida o Maracaibo. Para apoyar la idea de que fuera en la ciudad lacustre, el Gobernador decía que, aunque reconocía la labor del Seminario, su mayor volumen de población y la necesidad “...de proporcionar estudios a un crecido número de jóvenes de la mejor disposición, que no solo carecen de facultades para subsistir en Mérida, sino que temen contraer la enfermedad de Coto o Papera a que es muy propenso aquel clima y causa principal de que muchos no se determinen a pasar a ella...”, razones que determinaban la solicitud de conferimiento de tal gracia para Maracaibo. Así, el informe de Miyares se convertiría inmediatamente en un obstáculo para la propuesta de Irastorza.

 

Correspondía ahora al Real y Supremo Consejo de Indias tratar el asunto. El 21 de marzo de 1801, el secretario del Rey silvestre Collar envió sendas notas al Gobernador de la Provincia de Venezuela, Manuel de Guevara y Vasconcelos y al Gobernador de la Diócesis de Mérida, Licenciado Hipólito Elías González, solicitándoles informes sobre las peticiones de Mérida y de Maracaibo, en razón de no estar satisfechos los consejeros con las noticias comunicadas por Irastorza y por Miyares. El 14 de agosto de 1801, González remitió a Guevara y Vasconcelos el informe solicitado por el Consejo de Indias, señalando el Gobernador de Venezuela que lo tendría en cuenta para la elaboración del que él debía rendir acerca de la conveniencia o no de establecer una Universidad en Mérida. Se desconocen los destinos de ambos informes, pues historiadores que han tratado el asunto con anterioridad no pudieron localizarlos, existiendo solamente referencia de ellos en otros documentos. A lo que pueden haber informado González y Guevara debe agregarse la opinión que emitió el Claustro Pleno de la Real y Pontificia Universidad de Caracas en contra el proyecto de una Universidad para Mérida. Antes de esa fecha, el 4 de agosto, el Gobernador Guevara y Vasconcelos se dirigió a estas autoridades universitarias para que diera su parecer en lo relativo a al establecimiento de una Universidad en Mérida. En la sesión del 17 de noviembre, el Claustro de Caracas analizó las noticias que al respecto le había suministrado el Gobernador, llegando a la conclusión de que no le era posible emitir entonces una opinión definitiva.

 

Los argumentos para tal determinación de los Doctores de Caracas eran: que no existían en el expediente formado documentos que acreditaran “la necesidad de establecer Universidad” en Mérida, dado que existía un Seminario afiliado a la Universidad de Caracas; que faltaban los testimonios acerca de los fondos para la dotación de Cátedras y pago de autoridades; que no se indicaban las becas conferidas en beneficio de la juventud; que se hace saber si existe el necesario número de estudiantes y libros suficientes para la enseñanza de las artes y ciencias; que no se deja constancia en los documentos revisados sobre la disposición –vale decir, cualidad– de los cuerpos eclesiásticos, religiosos y políticos de Mérida para la creación de una Universidad en aquella ciudad, ya que estos influirían “en el decoro y esplendor de la institución y en la emulación de la buena literatura”; y, finalmente, que los señalamientos del Gobernador Miyares sobre la “enfermedad de papera y calenturas pestilentes de los caminos” que conducían a Mérida, no estaban suficientemente demostrados. El asunto fue tratado nuevamente el 12 de marzo de 1802 y fue cuando el Claustro Pleno de la Universidad de Caracas se opuso definitivamente a las aspiraciones del Deán Irastorza y del Cabildo Eclesiástico merideño. Esta vez los argumentos fueron contundentes: la ausencia en Mérida de una autoridad política con jurisdicción real de alto rango, Virrey o Gobernador y Capitán General, a la cual el Rey había encargado la protección de las Universidades en Indias; el Claustro se inclinaba más por el fomento del Seminario y se aumentaran las becas a sus estudiantes, lo cual “traería afluencia de cursantes, concurrencia de maestros hábiles y aumento de rentas; con cuyas bases se establecería al fin una Universidad de acuerdo con las juiciosas Leyes del Reino.” Estas consideraciones, y las actas de las anteriores sesiones del Claustro de Caracas fueron remitidas inmediatamente al Gobernador Guevara y Vasconcelos para su conocimiento y parecer.

 

Mientras tanto, en Mérida se tenía conocimiento de las opiniones dadas por dicho Claustro el 17 de noviembre de 1801, en razón de que Guevara había informado al Cabildo Eclesiástico de Mérida sobre lo acordado entonces por los catedráticos de Caracas. Por ello, el Licenciado Francisco Javier de Irastorza, el 17 de marzo de 1802, se dirigió al mencionado Gobernador para comunicarle que, debido a los reparos hechos por el Claustro de la Universidad de Caracas contra el establecimiento de una Universidad en Mérida, estaba dispuesto a satisfacer cualquier otra información que favoreciera la gracia real tan anhelada por él y por quienes respaldaban su propuesta de convertir el Colegio Seminario en una institución con rango universitario, como era el caso de su Rector, el Dr. Juan José Mendoza, quien viajaba a Caracas para tratar otros asuntos, y que sería un informante de primera, pues era de su confianza, “de bastante capacidad e instrucción e impuesto en todo lo concerniente al caso.” Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida dejó sentir también su opinión sobre las apreciaciones que sobre la erección de una Universidad para la ciudad se habían hecho en Maracaibo y Caracas. Así, el 15 de febrero de 1802, a solicitud del entonces Provisor y Vicario General de la Diócesis de Mérida, Dr. Juan Marimón y Enriquez, conoció de su súplica para que los cabildantes merideños representaran al Rey y al Gobernador de la Provincia de Venezuela “...para que se haga en esta ciudad el establecimiento de la Universidad que se ha solicitado por el Muy Venerable Señor Deán y Cabildo [Eclesiástico]...” acordaron se hiciera las representaciones que se solicitaban a favor de un instituto de tanta necesidad para ampliar los estudios que se hacían en le Colegio Seminario. No fue hasta el 24 de abril de 1804 cuando el Gobernador Guevara y Vasconcelos enviara el informe solicitado por el Secretario del Consejo de Indias en 1801, con los documentos que había recogido desde que se le había exigido la formación del expediente correspondiente.

 

Habían transcurrido cuatro años desde que el Deán Francisco Javier de Irastorza hiciera la propuesta de la creación de una Universidad para Mérida. La inconsistencia de sus planteamientos y los de las de las autoridades eclesiásticas y civiles merideñas, la interferencia del Gobernador de Maracaibo y, sobre todo, el dictamen del Claustro Pleno de la Universidad de Caracas fueron determinantes para la decisión final del asunto de la creación de una Universidad para Mérida, por parte del Rey Carlos IV en 1806. Era el corolario de un proceso que ponía fin a esta primera etapa de la historia de la Universidad de Los Andes, en lo que a proposición inicial se refiere. Como veremos más adelante, la decisión del monarca español fue muy clara; sin embargo, la misma ha sido utilizada parcialmente y tergiversándose su contenido, interpretaciones apegadas a intereses claramente vinculados a la idea de una continuidad directa del Colegio Seminario con respecto de la Universidad. Demostrar la inconsistencia histórica de esas y otras interpretaciones ha sido parte de nuestro trabajo de reconstrucción de la historia universitaria merideña.

 

Por Real Cédula del 18 de junio de 1806, Carlos IV decidió conferir al Seminario de San Buenaventura de Mérida la prerrogativa de conferir Grados Mayores y Menores en Filosofía, Teología y Cánones, afiliando esos estudios para los demás grados a la Real Pontificia Universidad de Santa Fe, como ya lo estaban a la de Caracas. Después de hacer señalamientos sobre el Colegio Seminario creado por Fray Juan Ramos de Lora en 1785, el monarca hizo referencia a la solicitud hecha por el Deán Francisco Javier de Irastorza para la conversión del Seminario en Universidad, así como de la propuesta del Gobernador Fernando Miyares para que se estableciera en Maracaibo y no en Mérida y de las demás diligencias hechas por otras instituciones y funcionarios al respecto. Visto el expediente formado al efecto en el Consejo de Indias y la opinión de su Fiscal, Carlos IV determinó que no accedía “...al establecimiento una Universidad en esa ciudad como solicitan en representación de treinta uno de Mayo de 1803, ni en Maracaibo, como propuso el Gobernador Intendente...”, por lo que resolvía que “...se fomente ese Seminario e inviertan sus rentas en el aumento de Becas; se provean, y doten las Cátedras con Profesores hábiles e idóneos para la enseñanza de sus ciencias, y se pongan bajo el plan y gobierno conveniente para llenar los fines del Concilio y surtir el Obispado de Curas, y Ministros Eclesiásticos instruidos, y virtuosos de que carece...”. A ello agregaba el Rey que para que los colegiales y cursantes del Seminario no tuvieran que pasar a recibir los grados en las Universidades de Santa Fe, y Caracas se confirieran “...los grados mayores y menores en Filosofía, Teología, y Cánones, y no en Derecho Civil, teniendo su valor como si fueran recibidos en las referidas universidades...” La disposición real era muy clara, el Seminario no sería Universidad, con un elemento no tomado en cuenta hasta ahora: el conferimiento de grados mayores y menores se hacía en los cursos particularmente referidos a lo eclesiástico y no a lo temporal expresado en el Derecho Civil. El desconocimiento de las normativas sobre el funcionamiento de las Universidades y los Seminarios, entre otros asuntos, ha determinado la idea de que la decisión del monarca fue la creación de una Universidad, que en efecto no ocurrió. Nada hubiera costado al Rey decidir sobre el establecimiento de una institución universitaria en Mérida, pero los argumentos expuestos por los solicitantes y la situación misma del Seminario fueron insuficientes para que así lo determinara.

 

Antes de concluir esta primera etapa referida a la propuesta de creación de una Universidad en Mérida, cabe señalar dos hechos que en buena medida crearon confusión en su momento y serían utilizados con posterioridad para afirmar que tal creación tuvo lugar, pero que son ilustrativos de la tergiversación de la realidad histórica. Nos referimos en primer lugar a la Carta Pastoral del Obispo Santiago Hernández Milanés del 23 de mayo, en la cual da noticia de haber recibido copia de la Real Cédula del 18 de junio de 1806, en razón de que su original nunca llegó a Mérida. El Obispo inicia su pastoral señalando que “...el Soberano siempre amoroso, siempre atento al bien de sus Vasallos, ha concedido generosamente a nuestro Seminario la gracia singular de poder grados mayores y menores [es decir, Bachiller, Licenciado y Doctor] que tendrán el mismo valor que los que se confieren en las Universidades de Santafé y Caracas.” Adviértase que la alta autoridad eclesiástica dice Seminario y no Universidad. Después de ponderar ese hecho, en cuanto a la importancia que tenía, solicitaba a los curas de su diócesis la contribución “...dejando al fin de sus días sus pocos o muchos libros a la Biblioteca del Seminario...pues sus herederos por lo común, o dejan perder los libros, o los venden de modo que casi nada les valen...”, exhortándolos a colaborar en otros aspectos para que el Seminario, con esa gracia real, esté al servicio de la Iglesia, y “...para que se ponga esta Academia Real y Pública con toda la decencia, que corresponde...” Este último aspecto se ha confundido con la idea de una Universidad, cuando en realidad el Obispo se refería al carácter real y público que tenía el Colegio seminario como parte integrante de la monarquía española.

 

El otro hecho está relacionado con la comunicación que hace Santiago Hernández Milanés al Ayuntamiento de Mérida, el 8 de abril de 1808, acerca del recibimiento de la referida Real Cédula. Esta corporación acordó realizar una celebración para expresar el gozo que producía en la ciudad semejante decisión del Rey Carlos IV. Nuevamente la tergiversación se hizo presente. En efecto, el 30 de abril de ese año, el Teniente Justicia Mayor Antonio Ignacio Rodríguez Picón, importante personaje de la administración colonial, la sociedad y la economía merideña, decretó la festividad que debía hacerse “...con motivo de la Real concesión y establecimiento de la Universidad que se ha hecho en esta ciudad y le fue participado por el Ilustrísimo Señor Doctor Don Santiago Hernández Milanés...”, en tanto este dijo y mandó que “...antes todas cosas se publique por bando en el día de mañana después de misa mayor para que se haga notorio al público en forma solemne y que todos reconozcan el beneficio que se ha dignado conceder nuestro católico Monarca...”, y que “...en la noche del referido día se ilumine la ciudad desde la oración hasta las diez lo menos, esforzándose cada vecino lo más que pueda en este particular, bajo la pena de que a los omisos se les castigará según se tenga por conveniente...” Bien claro estaba Ignacio Rodríguez Picón de la decisión del Rey Borbón y sin embargo decretaba una celebración de algo incongruente con la realidad, pues sería dos años más tarde el primer firmante del Acta de creación de la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros del 21 de septiembre de 1810.

 

El texto de esta Real Cédula era muy claro. El Rey decidía con precisión sobre la ampliación y reconocimiento de ciertos estudios en el Colegio Seminario, vinculados a su naturaleza eclesiástica, mas no al establecimiento de una Universidad. Sin embargo, por conveniencia particular, hecho explicable desde varios puntos de vista, tanto las autoridades eclesiásticas como las civiles de la ciudad de Mérida mal interpretaron aquel dictamen real y procedieron a proclamar y a celebrar que Carlos IV había accedido a la idea de convertir el Seminario en Universidad. La élite de la ciudad supo acomodar lo dispuesto a sus intereses y aspiraciones. De no ser así, y ello es lo que históricamente se ha divulgado con falsedad intencionada, no se podría explicar el hecho de que, al iniciarse el proceso emancipador en Mérida, la Junta integrada para defender los derechos de Fernando VII decidiera retomar el asunto y decretar definitivamente la transformación del Seminario en Universidad. El primer instituto de carácter eclesiástico, modelo de la educación colonial. La segunda institución de carácter laico que surgía, precisamente, en el momento en que se iniciaba el proceso emancipador venezolano y el merideño en particular, tanto de Maracaibo como de España. A partir de entonces esos dos centros educacionales funcionaron paralelamente, uno no sustituyó al otro, ni tampoco hubo una continuidad del Seminario en forma de Universidad. Autoridades, catedráticos y alumnos se confundieron en los mismos claustros de clase, en un mismo espacio y una misma biblioteca hasta 1872, cuando el presidente Antonio Guzmán Blando decretara la eliminación de los Colegios Seminarios existentes en Mérida y Caracas. La historia que sigue es otra, sin que la Iglesia perdiera las esperanzas de seguir interviniendo y participando en asuntos de la Universidad, desde entonces hasta nuestros días.

    

Para los que quieran ampliar conocimiento sobre este hecho histórico remitimos a Alí Enrique López Bohórquez: “El Deán Francisco Javier de Irastorza: Verdadero promotor del establecimiento de una universidad en Mérida (1800-1806)”, Bolivarium. Anuario de Estudios Bolivarianos, 17 (Caracas, 2010), pp. 107-141. Los documentos referidos a la propuesta del Deán Irastorza en Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, 1966, Tomo I, pp. 312-326.