Transparencia Venezuela: Deuda externa venezolana superó los 164 mil millones de dólares al cerrar 2024

Para esta investigación se revisaron reportes financieros, demandas judiciales y otras fuentes de información que permitieron calcular el mencionado monto deudor.

Más de 164 mil 432 millones de dólares es el monto estimado de la deuda externa de Venezuela, según cálculos realizados por un grupo de expertos que sistematizó y analizó información de distintas fuentes confiables, así como estimaciones propias, con el objetivo de dimensionar el endeudamiento del país, la insostenibilidad de los compromisos adquiridos y la magnitud del problema.

Conocer con precisión la deuda externa venezolana es complejo debido al secretismo oficial, la diversidad de compromisos y acreedores, y la dinámica de la cifra por acuerdos de pago selectivos tras el default declarado por Nicolás Maduro en 2017, la acumulación de intereses y la posible subasta forzada de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, que cubrirá solo una parte de los compromisos.

Informa Transparencia Venezuela que para esta investigación se revisaron reportes financieros, demandas judiciales y otras fuentes de información que permitieron calcular que al cierre de 2024 la deuda externa de Venezuela alcanzó 164.432.581.976 dólares estadounidenses (USD 164.433 millones).

Durante un período de bonanza petrolera con ingresos de aproximadamente un millón de millones de dólares, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ignoraron los controles establecidos en la Constitución y la ley, así como el principio de endeudamiento sostenible, alcanzando un nivel de deuda sin precedentes, precisa Transparencia Venezuela.

Se considera que la deuda pública es insostenible cuando su servicio requiere reformas drásticas, como aumentos de impuestos o recortes significativos en el gasto público, especialmente en áreas sociales y de inversión. La situación de Venezuela evidencia que la deuda insostenible compromete la capacidad fiscal necesaria para garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios esenciales.

El financiamiento mediante deuda externa está justificado cuando se destina a inversiones productivas que generen activos reales y financieros, fortaleciendo el patrimonio nacional y promoviendo el desarrollo inclusivo.

Sin embargo, sostiene Transparencia Venezuela, en las últimas dos décadas el endeudamiento en Venezuela se manejó de manera irresponsable: se contrajo más deuda de la que el país podía pagar, se ocultó información clave y se administraron los recursos de forma opaca, con denuncias de corrupción que agravaron la crisis económica, redujeron el gasto público en bienes y servicios esenciales y, en algunos casos, llevaron a financiarlo mediante emisión monetaria que devaluó la moneda y empobreció a la población.

El reciente informe de Transparencia Venezuela, titulado “Saldar la deuda, salvar Venezuela”, concentra el análisis de la deuda externa hasta diciembre de 2024. El estudio fue elaborado por un equipo de economistas y abogados, y propone un proceso de renegociación eficiente, con perspectiva de derechos humanos y criterios de transparencia, entendido como condición necesaria para impulsar el crecimiento económico inclusivo y atender la emergencia humanitaria y la crisis migratoria.

Cada venezolano debe más de 5.788 dólares

Para estimar la deuda, se sistematizaron y revisaron estadísticas de fuentes nacionales como el Banco Central de Venezuela; reportes financieros de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Club de París; información de centros de arbitraje; y demandas por incumplimiento de pagos en cortes extranjeras, entre otras fuentes.

Si se considera que la deuda externa alcanzó más de USD 164.433 millones, cada venezolano debe 5.788,75 dólares, equivalente a 36 veces el ingreso mínimo integral de USD 160 vigente en 2025.

Este monto representa el 833% del valor de las exportaciones de 2024, el 137% del PIB del mismo año y es cuatro veces superior al dinero necesario para el primer año de ejecución de un plan de recuperación económica nacional, como el diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2021.

Clasificación de la deuda externa venezolana

La investigación identificó que la mayor parte de la deuda pública corresponde a deuda financiera, derivada de bonos emitidos por la República y por empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Electricidad de Caracas (Elecar).

La deuda financiera asciende al menos a USD 95.300 millones, equivalentes al 58% del total, creciendo unos 5.000 millones respecto a 2023 por la acumulación de intereses.

Por su parte, la deuda no financiera alcanza aproximadamente USD 69.131 millones, el 42% restante. Aquí se incluyen compromisos con bancos multilaterales; acuerdos bilaterales con otros países; deuda con socios privados en empresas mixtas; y demandas de empresas multinacionales cuyos activos fueron expropiados o confiscados, obligando a litigios en cortes internacionales.

Dentro de la deuda no financiera, los laudos arbitrales internacionales son los más relevantes, con USD 20.803 millones, resultado de decisiones del Ejecutivo que afectaron la productividad nacional y provocaron la pérdida de activos estratégicos en el exterior, como la empresa Citgo.

Impacto de la deuda en los derechos humanos

El informe analiza cómo el manejo irresponsable de la deuda externa ha afectado la garantía de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales.

Destaca la urgencia de renegociar la deuda pública, lo que requiere liderazgo confiable, un equipo con experiencia, y una estrategia que equilibre el cumplimiento de pagos con inversiones que aseguren servicios públicos y derechos fundamentales.

Se identifican desafíos como la diversidad de acreedores, las condiciones financieras de la negociación, el marco legal de la deuda en distintas jurisdicciones, la evaluación de la capacidad de pago, la volatilidad política, la legitimidad de los negociadores y el impacto social de las medidas económicas que deban adoptarse.

Finalmente, se enumeran los riesgos inherentes a la negociación: uso irregular de información privilegiada, conflictos de interés, sobornos, desvío de fondos, manipulación de términos, pérdida de legitimidad, presión externa, ineficiencias, impactos socioeconómicos, litigios y sanciones.

Para mitigar estos riesgos, es crucial aplicar mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas, involucrar instituciones internacionales y promover la participación de la sociedad civil en el monitoreo del proceso de renegociación de la deuda. /VF