Mérida, Octubre Lunes 06, 2025, 08:07 pm
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019–2023) en la causa que investiga una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez.
En el mismo fallo, el tribunal resolvió aceptar el pedido de la defensa del exmandatario para apartar al juez Julián Ercolini, con el propósito de “alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. La decisión dispone que otro magistrado asuma la conducción del caso.
El fiscal federal Ramiro González había solicitado el 14 de agosto la elevación a juicio oral y público, al considerar reunidos los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación.
Fernández había pedido la remoción del juez Ercolini y del fiscal González, al argumentar falta de objetividad e incompetencia de ambos funcionarios judiciales.
La denuncia fue presentada en 2024 por Fabiola Yáñez, de 43 años de edad, tras revelarse en otra investigación -por presunto tráfico de influencias en torno al expresidente- la existencia de conversaciones e imágenes halladas en el teléfono de una exsecretaria de Fernández, que según la Justicia podrían evidenciar “lesiones leves en contexto de violencia de género” sufridas por la entonces primera dama.
Luego de una investigación exhaustiva, que incluyó la declaración de Yáñez y de más de una decena de testigos, el juez Ercolini resolvió el 17 de febrero imputar formalmente al expresidente como autor penalmente responsable de los delitos mencionados, “reiterados en dos oportunidades”, según el expediente judicial.
Entre las pruebas analizadas figuran historias clínicas, documentos médicos, videos, registros telefónicos y mensajes de texto, así como declaraciones testimoniales aportadas por la denunciante y por el propio Fernández.
De ser hallado culpable, el expresidente podría enfrentar pena de hasta 15 años de prisión, conforme a las agravantes establecidas en el Código Penal argentino para los delitos cometidos en contexto de violencia de género.
La resolución de la Cámara de Casación -que ratifica el procesamiento y ordena el cambio de magistrado- marca un nuevo capítulo judicial en una de las causas más sensibles y mediáticas de los últimos años, en la que se entrecruzan cuestiones de violencia doméstica, poder político y responsabilidad institucional.
Con información de Efe.