El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha afirmado hoy en el parlamento de nuestra nación que nuestra ONG, “…les cobra a las personas para tramitarles el tema de las liberaciones, les cobra dinero, de forma arterera, de forma mezquina, una basura eso como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad…”. Luego expresó a los diputados presentes que les ponía a la “…absoluta y total disposición…” las listas de los excarcelados.

Sobre estas afirmaciones, destacamos lo siguiente:

1.- No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos han honrado con su confianza desde nuestra fundación hace más de 23 años. Esto pueden corroborarlo los testimonios, y el agradecimiento, de todas esas víctimas que hemos apoyado a lo largo de estos años.

2.- Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando para decidir quién resulta favorecido o no. Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano. La opacidad sólo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional.

3.- Destacamos que, si bien es cierto que no somos nosotros, ni la sociedad civil en general, los que tenemos las llaves de las celdas que mantienen a tantas personas al día de hoy injustamente encarceladas, y que la posibilidad de liberarlos es exclusivamente en manos de las autoridades, también es cierto que ninguna de las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas se habría producido sin el trabajo de registro, documentación y denuncia que desde hace años tanto el Foro Penal, como otras organizaciones de la sociedad civil, han venido realizando.

4.- Nuestra organización se ocupa específicamente de prestar asistencia legal gratuita a personas que hayan sido víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos por actos de represión por causas o con fines políticos. Nuestro criterio de trabajo se basa en los criterios internacionales y en los estudios más modernos sobre este tema, que definen claramente el alcance de nuestras actividades. Nuestro trabajo en este momento es desistir que excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos. Reiteramos que, al día de hoy, a la hora de emisión de este comunicado, desde el 8 de enero de 2026, momento en el que se anunciaron las “excarcelaciones masivas” por parte del presidente de la Asamblea Nacional, sólo hemos podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos. Esperamos que esto cambie y que se produzca la excarcelación de todas las personas arbitrariamente detenidas en Venezuela.

Caracas, 13 de enero de 2026.

*Como Coordinador del Capítulo Mérida – Venezuela*, el Foro Penal de este estado reafirma, con firmeza y absoluta transparencia, su compromiso histórico con la defensa gratuita de los derechos humanos y la dignidad de las personas arbitrariamente detenidas en Venezuela con fines políticos.

Durante más de 23 años hemos acompañado a miles de víctimas de la represión, sin cobrar honorarios, sin negociar la libertad de nadie y sin instrumentalizar jamás el dolor humano.

En el estado Mérida permanecen actualmente al menos 12 presos políticos, detenidos arbitrariamente por razones políticas, en abierta y sistemática violación de sus derechos fundamentales. Algunos se encuentran recluidos en centros de detención del propio estado y otros en Caracas; varios de ellos llevan años privados ilegítimamente de libertad. Hasta la fecha, ninguno ha sido liberado. Esta situación constituye una injusticia sostenida que inflige un daño profundo no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias y a toda la comunidad emeritense, sometidas a una angustia permanente, pero firmes en la exigencia y la esperanza de que se produzcan sus liberaciones.

Nuestro trabajo se sustenta en el rigor jurídico, la documentación responsable y el respeto irrestricto a la verdad.

La claridad es un deber del poder.

La opacidad solo genera angustia.

La justicia no admite descalificaciones, sino hechos verificables.

Mérida 13 de Enero del 2026