Transición o continuidad por Jesús Rondón Nucete

Si Luis García Berlanga realizara en estos días Bienvenido Mr. Marshall, ganadora de dos premios en el Festival de Cannes de 1954, tomaría como tema de inspiración la situación venezolana actual, no la de España (en el imaginado “Villar del Río”) de la posguerra (1953). El surgimiento de otra esperanza y el derrumbe de las ilusiones, porque nadie sabe si continúa el régimen (ahora tutelado por Mr. Trump) o si ha comenzado la transición hacia la democracia. Y nos dejaría aquel cineasta un mensaje intemporal: la solución de nuestros males no está en manos ajenas, sino en las propias. 

Conviene recordar que cuando terminó la II Guerra Mundial, millones de españoles creyeron que el triunfo de los Aliados pondría fin a la dictadura de Francisco Franco, neutral durante aquel conflicto, pero con claras simpatías hacia el régimen nazi, del que había recibido apoyo durante la guerra civil. No ocurrió así. Estados Unidos y las democracias europeas terminaron por entenderse con el Generalísimo: podía prestarles apoyo en el enfrentamiento con la Unión Soviética. Después, cuando se creó el plan de ayuda a los países europeos para su reconstrucción (13,3 millardos de dólares, hoy 150 millardos de dólares), pensaron que España podría recibir fondos para su recuperación. No fue así: los vecinos que se habían preparado para dar la bienvenida a Mr. Marshall vieron pasar su caravana sin detenerse en la península. Entonces comprendieron que sólo el esfuerzo propio les permitiría superar su situación. La ayuda llegó con la incorporación a Europa cuando el trabajo estaba adelantado.

Viene a la memoria aquel hecho histórico por ciertas similitudes con lo ocurrido recientemente en Venezuela.  El pueblo se preparó para recibir y apoyar a quienes (nacionales o extranjeros) los liberarían de la dictadura. Millones dieron su aporte en actividades diversas: trabajo de información y propaganda, participación en campañas, concurrencia a las mesas de votación, manifestaciones de protesta. Algunos ofrecieron su vida, muchos soportaron cárcel o exilio. Llegados en helicópteros, los comandos norteamericanos cumplieron su tarea en minutos. Luego levantaron vuelo y desaparecieron rumbo al mar. En tierra nadie reaccionó de inmediato. Al asombro siguió la incertidumbre y después la inquietud al anunciarse que la “vicepresidenta” (Delcy Rodríguez) se hacía cargo del gobierno, lo que rechaza 93,5% de los ciudadanos (Encuesta Meganálisis/enero 2026). Donald Trump aclaró que la funcionaria actuará según sus órdenes. Ahora, los venezolanos enfrentan el futuro con preocupación. Sólo a ellos les corresponde hacerlo, con sus propias fuerzas.

No vivimos una transición, aunque comienza a hablarse en las cancillerías del mundo (y entre politólogos) de una “transición a la venezolana”. Esa visión puede ser peligrosa para la acción futura, por lo que conviene aclarar el momento. En general, se identifica como “de transición” un proceso que tiene por objeto sustituir un régimen de fuerza (autocrático o plural) por uno democrático (o mejor, “de derecho”).  El término no se utiliza para designar un proceso contrario (que representa un fracaso o degradación). Si es concertado (tácita o expresamente), los actores del régimen existente en tiempo más o menos corto preparan la entrega del poder, asegurando la paz, a cambio de recibir ciertos beneficios y garantías. No existe un modelo único: cada caso es diferente y se realiza a tenor de circunstancias cambiantes. Pero, la experiencia enseña que se requiere voluntad de entrega de unos y capacidad de exigencia de los otros.    

Poco ha cambiado en Venezuela, como no sea la voluntad del régimen de permitir a Estados Unidos manejar el negocio petrolero, para lo cual una “asamblea nacional” sin reconocimiento, se dispone a modificar la legislación existente. Aunque Nicolás Maduro (y su esposa) se encuentran en prisión en New York, continúan las restricciones a las libertades de los venezolanos. Apenas 170 de los presos políticos (de los más de 1.100 en tal condición en diciembre pasado) han obtenido medidas “sustitutivas” de su reclusión ilegal. Además de continuar en sus cargos los principales representantes del régimen (en todos los “poderes”), se mantienen los mecanismos de represión: carencia de libertad de expresión, control de las organizaciones políticas, prohibición de manifestaciones, falta de un programa autónomo de asistencia social. Tampoco se han producido los gestos políticos fundamentales: declaración de retorno a la democracia y llamado a la oposición para acordar la entrega del poder. 

En el proceso que se desarrolla en Venezuela influye en forma decisiva un elemento extraño: la intervención directa del presidente de Estados Unidos quien afirma (sin rubor) dirigirlo. Ha dicho que él ha resuelto mantener en su cargo a quien ejerce el poder. Ha revelado, además, que las ventas de petróleo del país son realizadas por su administración que, también, debe aprobar la inversión de los recursos generados. Hasta ahora ningún dirigente del régimen chavista-madurista ha cuestionado aquellas declaraciones. Al parecer, para asegurar su permanencia, han aceptado – desde antes de los sucesos del 3 de enero (?) – la situación. De manera que en la práctica se ha establecido un protectorado: modalidad por la que un estado ejerce el control sobre ciertas materias en una entidad política con territorio y autoridades propias. Sin embargo, en este caso no es resultado de un acuerdo sino disposición unilateral de la potencia regional dominante.   

Por primera vez desde 1830 Venezuela ha perdido su autonomía política. Los mandatarios anteriores escuchaban la opinión del gobierno norteamericano, pero tomaban las decisiones finales, que en ocasiones eran contrarias a los intereses de la gran potencia. Sucedió en asuntos de mucha importancia como el petróleo o muy sensibles, como la intervención armada en países de América Latina. Algunas veces se produjeron desacuerdos. Pero, también debe recordarse que Estados Unidos apoyó a Venezuela cuando Inglaterra pretendió apoderarse de las Bocas del Orinoco (1897) y en el momento del bloqueo europeo de los puertos (1902). Las relaciones (desde 1835) fueron cordiales y de aliados en circunstancias críticas. Todo cambió (¿influencia castrista?) desde el ascenso de H. Chávez: la ruptura se produjo en 2019. Pero, en un giro violento de la historia, tras la única incursión armada norteamericana en territorio venezolano, la Casa Blanca dicta ahora las medidas a tomar y administra los ingresos. 

En el último siglo Venezuela vivió dos transiciones hacia la democracia y un proceso violento de destrucción del sistema existente. Mientras las primeras permitieron avanzar en la construcción de un país moderno y próspero (que mostraba fallas), el otro culminó en el mayor caos (político y económico) conocido desde el fin de las guerras civiles (1903). En 1936, luego de una larga dictadura (“de luces y sombras”) se hizo cargo del gobierno el funcionario designado conforme a la Constitución en vigor. Mantuvo el orden y la paz e inició (“con calma y cordura”) un programa de transformaciones, con participación de sectores que habían hecho oposición al régimen anterior. En 1958 al derrocamiento de la dictadura militar (represiva, aunque desarrollista) se instaló un gobierno plural (con inclusión de civiles) que rápidamente llamó a elecciones para retomar el camino hacia la democracia liberal. Por cuatro décadas el país pareció encaminado en esa dirección. 

Se trata ahora de desmontar la dictadura, establecida mediante proceso adelantado en contra de la constitución y del pueblo que manifestó su rechazo a ese propósito en dos ocasiones (referéndum de 2007 y consulta de 2017). Esa tarea, que debe cumplirse inmediatamente, no puede ser encomendada (señala una mayoría determinante) a quienes no tienen ninguna legitimidad: fueron designados por el usurpador, cuyos actos - violatorios de la legalidad, contrarios a los derechos humanos y causantes de la crisis económica y la pobreza generalizada – apoyaron y ejecutaron. Tampoco conviene demorar – con el falso alegato de “garantizar la estabilidad” – la puesta en práctica de las medidas indispensables para recuperar la democracia: liberación de los presos políticos, restablecimiento de los mecanismos democráticos, funcionamiento autónomo de los poderes públicos y desmilitarización (lo exige 84,1% de la opinión).  En fin, debe fijarse fecha para la entrega del poder a quienes ya señaló el voto popular.

La “extracción” y traslado a Estados Unidos de N. Maduro y su esposa para ser juzgados allá no es – no puede ser – el objetivo central de los eventos ocurridos en este enero de 2026. Tampoco debe ser la entrega de la administración de las riquezas del país al gobierno de aquella potencia, a la que 90,6% reconoce como principal socio y aliado. No se ha consultado a los ciudadanos sobre una decisión de tal naturaleza. El objetivo tiene que ser la restauración democrática, para alcanzar la paz y la justicia, mediante el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

* Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela).

X: @JesusRondonN