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Por Freddy Marcano

Transición con dignidad: reconciliar política y vida cotidiana por Freddy Marcano



Transición con dignidad: reconciliar política y vida cotidiana por Freddy Marcano

Venezuela se encuentra en un punto de inflexión en el que no basta con discutir la viabilidad de un cambio político: es imprescindible comprender cómo ese cambio se vincula directamente con la vida cotidiana de millones de ciudadanos que han visto erosionarse su salario, su salud, su educación y su futuro. En contextos profundamente deteriorados, como el venezolano, las transiciones democráticas no surgen de consigna ni de expectativas emocionalmente cargadas, sino de procesos sociales que integran la política con la dignidad humana. El desafío fundamental no es solo cambiar el gobierno, sino transformar las condiciones materiales en las que vive la gente para que ese cambio tenga sentido y perdure.

La literatura sobre transiciones democráticas subraya que estas no son eventos bruscos ni secuencias lineales, sino procesos complejos en los que las distintas dimensiones de la sociedad —política, económica, cultural— interactúan y condicionan los resultados. Autores como Sujian Guo y Gary Stradiotto han mostrado que los modos de transición y la naturaleza de los acuerdos iniciales influyen directamente en la calidad y duración de la democracia que surge, insistiendo en que las transiciones cooperativas tienden a generar democracias más sólidas y sostenibles. En este sentido, cualquier proceso en Venezuela que ignore las necesidades inmediatas del ciudadano corre el riesgo de volverse frágil, inconexo y finalmente ineficaz.

Al mismo tiempo, la obra clásica de Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter sobre democratización advierte que las transiciones se producen precisamente en los momentos de mayor incertidumbre, cuando los regímenes pierden cohesión y surgen oportunidades para reconfigurar las reglas del juego político. Esta perspectiva ayuda a entender por qué la crisis venezolana, que combina deterioro institucional, colapso económico y polarización social, no puede abordarse únicamente como una problemática electoral o de elite, sino como un proceso que exige reconstrucción social y política al mismo tiempo.

Esa reconstrucción no será posible si persisten altos niveles de intolerancia política. En sociedades polarizadas, donde el conflicto se ha convertido en una forma de relación cotidiana, la política deja de ser un espacio de articulación de intereses y se transforma en confrontación perpetua. La intolerancia erosiona la confianza social y mina los esfuerzos por establecer consensos básicos sobre derechos, deberes y límites compartidos. Aquí el aporte de Adam Przeworski, quien sostiene que la democracia implica la aceptación institucionalizada de la incertidumbre, es especialmente pertinente: las transformaciones democráticas requieren aceptar que nadie posee verdades absolutas ni acceso exclusivo a la representación moral del pueblo.

Ese reconocimiento no es mero gesto académico: tiene consecuencias directas en la vida material de millones de venezolanos que hoy enfrentan inflación descontrolada, pérdida de empleo formal, deterioro de servicios públicos y una cada vez más escasa remuneración integral. La política de transición, por tanto, no puede desentenderse de la reconstitución de los bienes sociales fundamentales: un salario que permita vivir con dignidad, un sistema de salud que funcione, una educación de calidad que habilite oportunidades, y la reconstrucción del tejido institucional para garantizar la igualdad de derechos y acceso a servicios.

Esto nos obliga a una reflexión práctica: un proceso transitorio que no aborde estas demandas sociales corre el riesgo de ser percibido como distante, técnico o desconectado de las urgencias humanas. Las transiciones que no incorporan alivios tempranos, mejoras materiales percibibles por la población, suelen perder legitimidad social y desgaste, convirtiéndose en simples ejercicios de reorganización elite. La literatura transicional también indica que las sociedades que atraviesan crisis profundas requieren, además de acuerdos políticos, la reconstrucción de espacios de convivencia donde la política deja de ser un campo de exclusión para transformarse en un ámbito de negociación y representación plural.

En Venezuela, las demandas sociales y políticas están estrechamente entrelazadas. La exclusión del sector opositor democrático en el inicio del proceso de conducción transitorio no solo es una injusticia histórica: es un error estratégico que debilita la capacidad de la transición para responder a las necesidades reales de la población. La oposición democrática ha trabajado durante más de dos décadas en la denuncia, organización y articulación de demandas sociales y políticas que han mantenido viva la idea de cambio. Su inclusión no es un adorno retórico, sino una condición para dotar de credibilidad, pluralismo y responsabilidad social al proceso.

La transición que propone Venezuela no puede ser sólo del gobierno que generó la crisis, ni exclusivamente gestionada por un actor externo con intereses propios. Debe ser un proceso de encuentro entre las fuerzas democráticas que asuman la complejidad de integrar un proyecto político con una agenda social que efectivamente mejore la vida de la gente. Esto implica propuestas concretas: recomponer el salario real, reconstruir espacios educativos y de salud pública, garantizar políticas activas de empleo y producción, y diseñar mecanismos de transparencia y uso responsable de los recursos, especialmente aquellos que puedan provenir de acuerdos energéticos internacionales, con el fin de fortalecer el bienestar colectivo.

La transición venezolana no será corta ni simple. Será un camino de esfuerzos compartidos, renuncias tácticas y decisiones difíciles. Pero si se comprende que la dignidad humana es el eje de la política y que una sociedad dividida por la intolerancia no puede reconstruirse sin espacios de convivencia y negociación, el cambio deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una ruta concreta de reconstrucción. La transición con dignidad no es solo una aspiración teórica: es una posibilidad real si se articula con políticas sociales que respondan a las necesidades más urgentes del pueblo, y si incluye a todos los sectores democráticos que han luchado por décadas por un Venezuela más justo, más libre y más humano.

IG, X: @freddyamarcano