Sancionados e invadidos: Ahorcamiento recrudecido por José Manuel Avendaño
Lo ocurrido el 3 de enero de 2026, bajo el estruendo de los misiles en Caracas y el despliegue de una fuerza de ocupación, no fue un evento bélico aislado, sino el prólogo de una reingeniería jurídica radical para asegurar el dominio sobre los recursos de Venezuela. Este hito marcó el tránsito de la defensa de su soberanía energética nacional a un modelo de extracción tutelada, donde la gobernanza de los recursos naturales se ha desplazado de Miraflores hacia los mecanismos de control del Departamento del Tesoro en Washington.
La fulana flexibilización de las sanciones
La transición legislativa ha operado con precisión quirúrgica. En tiempo récord, se ha desmantelado el andamiaje estatista de PDVSA para permitir que capitales estadounidenses asuman la gestión técnica y comercial de los activos. El eje gravitacional de este nuevo orden es la Licencia General No. 46. Este instrumento no representa un alivio sistémico, sino una transferencia de soberanía jurisdiccional sin precedentes. Al estipular que todos los contratos derivados se rijan por las leyes de los Estados Unidos, se anula la capacidad de los tribunales locales para dirimir controversias sobre el recurso más estratégico del país. La autonomía jurídica de Venezuela es así sustituida por la extraterritorialidad normativa norteamericana.
El jaque geopolítico
Con el crudo superando los $111 dólares —impulsado por la guerra que emprendieron EE. UU. e Israel contra Irán—, la administración Trump pretende instrumentalizar el petróleo venezolano como el "amortiguador" de su seguridad energética. El denominado por Trump "GRAN Acuerdo Energético" busca garantizar el suministro de hidrocarburos y minerales hacia el mercado estadounidense, manteniendo al mismo tiempo un control absoluto sobre el flujo de efectivo hacia Caracas.
La arquitectura financiera ha mutado hacia una centralización total. Tras una fase inicial de depósitos en Qatar para evitar embargos de acreedores, en febrero, la Orden Ejecutiva 14373 hizo que los recursos provenientes de la venta de petróleo venezolano se transfirieran directamente al Foreign Government Deposit Fund, gestionado directamente por el Tesoro de EE. UU. En la práctica, esto sustituye al Banco Central de Venezuela por un fideicomiso bajo custodia extranjera, suprimiendo la autonomía monetaria o fiscal del lado de la república bolivariana.
¿Y cómo nos están “pagando”?
Estados Unidos ha comenzado a "pagar", pero de forma irregular y poco transparente. El flujo de capitales actual es una liberación condicionada de fondos que impone una dinámica de subordinación política. El Estado venezolano debe someterse a una "solicitud de presupuesto" ante la Casa Blanca para acceder a sus propios recursos. Estos desembolsos, aprobados discrecionalmente, tratan de evitar el colapso social interno, mientras que mantienen la operatividad mínima de los campos, siempre y cuando Caracas obedezca y se apegue al guión. Catalogar esto de “comercio” es un eufemismo para describir lo que es una vulgar expoliación de nuestros recursos naturales.
Ahora bien, hasta marzo de 2026, se han reportado desembolsos por unos $600 millones de dólares —principalmente para nóminas públicas y el Fondo de Protección Social creado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez. El problema es que esta cifra no es cónsona con las ventas que, según el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, ya superan los $1.000 millones.
La opacidad de la información por parte de nuestro gobierno no permite dilucidar si el impago de los primeros es por trabas financieras o —como es lo más seguro— por retrasos programados por el gobierno norteamericano, para tener “cuerda corta” a Caracas y maximizar así su control político sobre el gobierno venezolano.
¿Y los reales de los buques robados?
La zona gris se extiende a los activos confiscados antes de la intervención. No hay evidencia de compensación por buques como el Skipper o el Bella 1, tratados como decomisos civiles bajo leyes antiterroristas. El supuesto "pago" por su carga se realiza mediante la venta supervisada del crudo, cuyos beneficios regresan a las mismas cuentas de custodia del Tesoro. En esencia, EE. UU. obliga a Venezuela a comercializar su propio petróleo previamente incautado bajo términos impuestos.
“El oro en las olimpiadas”
El sector aurífero replica este esquema extractivista. La Licencia General No. 51 prohíbe el refinamiento en suelo nacional, obligando a la exportación del mineral crudo hacia EE. UU. para su procesamiento.Los ingresos, al igual que en el sector petrolero, quedan atrapados en el fondo controlado por Washington.
De acuerdo al secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, el primer envío de oro por $100 millones de dólares fue realizado el 6 de marzo. El funcionario al servicio de Trump lo celebró con una afirmación tan reveladora como prepotente: “EE. UU. ha ganado oro en las Olimpiadas".
Un futuro bajo custodia
Venezuela ha ingresado formalmente en una fase de tutela internacional. Mientras la narrativa oficial intenta proyectar una imagen de cooperación técnica, la realidad fáctica muestra una pérdida de autonomía sin parangón en la historia moderna de la región. El modelo de custodia de recursos que ejerce Washington sobre los recursos venezolanos garantiza apenas el oxígeno mínimo para la estabilidad interna, mientras asegura energía y dominio sobre la región. Es un ahorcamiento de nuevo formato, donde la geopolítica de la energía ha terminado por asfixiar la autodeterminación nacional.
