La ilusión del cambio por Freddy Marcano
El país continúa moviéndose entre señales de aparente estabilidad y una realidad que todavía no logra traducirse en bienestar para la mayoría de los venezolanos. Mientras algunos indicadores intentan mostrar recuperación, la vida cotidiana sigue marcada por incertidumbre, pérdida del poder adquisitivo y una sensación colectiva de estancamiento. Allí está, precisamente, una de las mayores contradicciones de este momento histórico: existe movimiento económico, pero no confianza; existen anuncios de reorganización, pero no instituciones sólidas que respalden esos cambios. Comprender esta etapa obliga a mirar más allá de la coyuntura y entender que la crisis venezolana no nació únicamente de errores económicos, sino de un proceso político que durante años debilitó progresivamente las instituciones hasta colocarlas al servicio de intereses particulares y de la preservación del poder.
La economía refleja hoy esa realidad de forma contundente. Aunque se observa mayor circulación de divisas, apertura comercial y cierta actividad privada, el ciudadano común continúa enfrentando una inflación que sobrepasa cualquier límite razonable y destruye diariamente su capacidad de compra, ubicando al país entre los casos más críticos del mundo. La sensación de alivio que algunos intentan proyectar no logra ocultar que la mayoría vive bajo una economía de sobrevivencia, donde trabajar no necesariamente garantiza estabilidad ni calidad de vida. Durante años se insistió en responsabilizar exclusivamente a factores externos y sanciones internacionales del deterioro nacional; sin embargo, incluso en períodos de altos ingresos petroleros y abundancia de recursos, el modelo político avanzó hacia la destrucción productiva, la dependencia económica y el deterioro institucional. El problema de fondo nunca fue únicamente financiero: fue la ausencia de un proyecto de país basado en instituciones, productividad y confianza.
Ese desgaste institucional terminó afectando todos los espacios de la vida pública. Lo que debía funcionar como equilibrio democrático fue progresivamente subordinado a una lógica política donde la lealtad pasó a tener más valor que la capacidad, la legalidad o la autonomía. El resultado fue un Estado cada vez menos institucional y más dependiente de intereses coyunturales. Hoy se intenta proyectar una sensación de cambio mediante sustitución de actores, ajustes discursivos y aparentes aperturas políticas; sin embargo, buena parte de esas acciones parecen responder más a la necesidad de adaptación del modelo que a una verdadera transformación democrática. El problema no es únicamente quién ocupa determinados cargos, sino la estructura que continúa permitiendo que las instituciones respondan primero al poder y no al ciudadano.
Dentro de esa realidad, el poder judicial y el poder electoral siguen siendo piezas determinantes para cualquier salida democrática seria y sostenible. Sin independencia judicial no existe confianza en la justicia y sin credibilidad electoral no puede consolidarse una verdadera participación ciudadana. Durante años, ambos poderes han sido señalados por responder más a intereses gubernamentales que al equilibrio institucional que exige una democracia. Esa percepción terminó profundizando el desencanto político y debilitando la confianza de la sociedad en los mecanismos democráticos. Por eso, insistir en elecciones libres implica mucho más que convocar un proceso electoral: significa reconstruir garantías, recuperar árbitros confiables y devolverle al ciudadano la certeza de que su voluntad puede tener consecuencias reales sobre el destino del país.
En este escenario, la comunidad internacional también tiene una responsabilidad que no puede seguir limitada a declaraciones o cálculos geopolíticos. La influencia externa sobre Venezuela existe y forma parte de la realidad política actual. Lo importante es que esa influencia deje de alimentar expectativas irreales o procesos indefinidos y contribuya verdaderamente a facilitar acuerdos que permitan avanzar hacia estabilidad, reinstitucionalización y convivencia democrática. Al mismo tiempo, la oposición enfrenta quizás uno de sus mayores desafíos: reorganizarse desde una visión más cercana a la realidad social del venezolano. La gente ya no espera discursos grandilocuentes ni promesas inmediatas; espera claridad, coherencia y propuestas que conecten la economía con la institucionalidad, la política con la vida diaria y la democracia con soluciones concretas.
Quizás el dato más importante de este momento es que el ciudadano parece comprender mucho más de lo que algunos creen. Existe cansancio, sí, pero también madurez para entender que los cambios reales no ocurren de un día para otro ni se construyen únicamente desde afuera. Venezuela no está frente a un quiebre inmediato, sino ante un proceso lento de reconfiguración del poder donde el gobierno busca adaptarse sin ceder completamente, la sociedad se adapta sin terminar de confiar y la oposición debe reconstruirse para conectar ambos mundos. La tarea responsable no es alimentar falsas ilusiones, sino construir un camino creíble hacia el cambio: decir la verdad sobre los tiempos, desmontar la apariencia de transformaciones superficiales, recuperar las instituciones y organizar a la ciudadanía alrededor de objetivos concretos. Porque más temprano que tarde, el país tendrá que decidir entre seguir administrando la crisis o comenzar finalmente a reconstruir el país.
IG, X: @freddyamarcano
