La transición no puede ser un pacto a espaldas de la gente por Daniel García

Desde la óptica de los integrantes y representantes del Movimiento Independientes con María Corina Machado del cual formo parte y coordino desde el año 2023, Venezuela se encuentra ante un abismo histórico y, al mismo tiempo, frente a una oportunidad inédita. El quiebre de la cúpula tradicional del poder ha abierto las compuertas de una transición institucional compleja, un tránsito que hoy avanza bajo la mirada vigilante y el peso indiscutible de la política exterior de los Estados Unidos. En este escenario de reacomodo global, donde la Casa Blanca modula las sanciones y las licencias financieras para reactivar el aparato económico, los venezolanos corremos un riesgo inmenso: que la ruta hacia las elecciones libres se convierta en una negociación cupular, un acuerdo entre élites partidistas e intereses extranjeros donde el ciudadano común sea un simple espectador de su propio destino.

No podemos permitirlo. Equilibrar el poder de decisión entre la clase política y la sociedad civil no es un capricho teórico ni un imperativo ético; es la única garantía de que este proceso no derive en una nueva frustración colectiva.

Para entender el peligro actual, debemos mirar las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos la influencia directa de Washington, cuya lógica responde legítimamente a la seguridad hemisférica y la estabilidad energética, agendas que no siempre coinciden con los tiempos y las penurias del venezolano de a pie. Por el otro, observamos el pragmatismo de unos partidos políticos que, asfixiados tras años de persecución, asumen esta transición como una carrera de velocidad para la captura legítima del Estado. En su urgencia por negociar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y el cronograma de votación, la dirigencia tiende a centralizar las decisiones en oficinas cerradas, monopolizando la representación de la causa democrática.

Mientras tanto, en la base de la pirámide, está el pueblo. Una sociedad civil desgastada por una emergencia humanitaria prolongada, que sufre lo que muchos llaman una "rabia muda": una profunda fatiga política combinada con la urgencia diaria de sobrevivir en una economía dolarizada de facto.

Es aquí donde reside el núcleo de nuestra realidad política actual: esa ciudadanía, profundamente distante y divorciada de las dinámicas de los partidos políticos tradicionales, fue la que de manera categórica le otorgó un mandato claro y contundente a María Corina Machado para que la representara. Ella no es el producto de un consenso entre élites partidistas; es la depositaria de la confianza de millones de ciudadanos que buscaron una alternativa real al viejo esquema de hacer política.

Por lo tanto, recae sobre los hombros de María Corina Machado la responsabilidad histórica y el deber ineludible de garantizar de forma irrestricta la presencia de la sociedad civil en cada instancia de discusión y decisión que surja de esta dinámica política. Si ante los ojos del mundo se ha observado y asimilado su necesario acercamiento con la partidocracia para articular la gobernabilidad de la transición, está de más decir —y, sobre todo, exigir— que ese mismo celo, apertura y nivel de compromiso debe demostrarlo de forma prioritaria con quienes verdaderamente le otorgaron el poder para representarlos: la sociedad civil organizada y el ciudadano de a pie.

Si la transición se pacta únicamente entre la representación diplomática extranjera y la cúpula de los partidos, omitiendo el mandato popular que sostiene el liderazgo legítimo del país, el resultado será una democracia de papel. Podremos tener elecciones formalmente libres, pero carecerán de la legitimidad social y el arraigo popular necesarios para sostener la gobernabilidad en el tiempo.

Por eso, nuestro objetivo urgente como nación debe ser claro: establecer un mecanismo vinculante de co-gobernanza y auditoría ciudadana en este proceso de transición, que obligue a los partidos políticos y condicione la agenda internacional a asimilar y respetar las demandas directas de la sociedad civil organizada. La llave electoral no puede pertenecerle a unos pocos; la influencia internacional debe validar obligatoriamente los consensos de nuestro tejido social antes de sellar cualquier acuerdo.

Para lograr este equilibrio frente a la preeminencia de los partidos y la tutoría extranjera, impulsando el mandato ciudadano que lidera Machado, propongo al país una estrategia de "Democracia de Doble Anclaje", fundamentada en cuatro acciones inmediatas:

Primero, debemos erigir un Consejo Ciudadano de Auditoría de la Transición (CCAT). Una instancia autónoma, no partidista, conformada por nuestras universidades, gremios profesionales, sindicatos y defensores de derechos humanos. Este Consejo no competirá por gobernaciones ni ministerios; actuará como una cámara de veto social. Ningún acuerdo sobre la designación de magistrados, rectores del CNE o reformas judiciales podrá ser refrendado ante la comunidad internacional sin el aval técnico y ético de este bloque ciudadano, sirviendo además como el puente institucional entre el liderazgo de María Corina Machado y las fuerzas vivas del país.

Segundo, es hora de ejercer una diplomacia ciudadana directa ante la comunidad internacional. La sociedad civil debe aprovechar el interés de los Estados Unidos por estabilizar la región para fijar líneas rojas. Debemos exigir formalmente a los departamentos de Estado y del Tesoro que cualquier levantamiento definitivo de restricciones o desembolso de fondos para la reconstrucción esté indexado al cumplimiento de estándares de participación ciudadana real, respaldando la legitimidad del mandato de base y no meramente al beneplácito de la partidocracia tradicional.

Tercero, es imperativo descentralizar la agenda de la transición a través de cabildos ciudadanos. Hay que romper la burbuja de las negociaciones caraqueñas o extranjeras. Propongo convocar Asambleas de Base en cada estado del país para compilar las verdaderas prioridades de la gente: servicios públicos, salarios dignos y descentralización. Esas conclusiones deben convertirse en un mandato vinculante que los partidos políticos estén obligados a incorporar en sus plataformas de gobierno.

Finalmente, la sociedad civil debe asumir la contraloría social específica del proceso electoral. Para que las elecciones libres no sean un traje a la medida diseñado por asesores extranjeros y conveniencias de partido, necesitamos articular una red nacional de voluntariado tecnológico y comunitario independiente de las tarjetas electorales. Una red que audite el registro electoral, vigile el sistema de votación y gestione un escrutinio paralelo, evitando que el derecho al voto sea utilizado como moneda de cambio para cuotas de poder particulares.

Hermanos venezolanos, la transición ya comenzó, pero su dirección está en disputa. A través de este camino, la sociedad civil debe pasar de ser una masa movilizada para votar, a transformarse en el árbitro y garante del proceso. Quien ostenta la representación delegada por el pueblo tiene la obligación de ser la puerta de entrada de ese pueblo a las decisiones del Estado. Solo equilibrando el peso de los partidos con la densidad de una ciudadanía organizada podremos navegar la inmensa influencia geopolítica que nos rodea, transformando este proceso inédito en la oportunidad histórica para la refundación democrática y genuina de Venezuela. La reconstrucción del país nos pertenece a todos, o no será.