Mérida, Junio Jueves 18, 2026, 09:49 pm
Desde afuera, observando con
preocupación los acontecimientos que marcan el destino de la Universidad de Los
Andes (ULA), es imposible no sentir una profunda inquietud. Tras casi dos
décadas de una inercia institucional impuesta por las circunstancias y una
asfixia presupuestaria deliberada, la universidad se enfrenta nuevamente al
desafío de las urnas. Este llamado no es solo un trámite administrativo para
una comunidad académica; es una encrucijada existencial para todo el país.
Tras
años de una interinidad que ha dejado a la institución a la deriva, la pregunta
que nos hacemos como ciudadanos no es si es conveniente que ellos voten, sino
cómo es posible que la sociedad haya permitido durante tanto tiempo que la
universidad languideciera en la sombra.
La
prolongada ausencia de renovación no ha sido una casualidad. Ha sido una
estrategia para desdibujar el ADN democrático de nuestra principal casa de
estudios en los Andes. Sin embargo, lo que resulta más indignante para el
ciudadano común es ver cómo, dentro de esos muros, el injerencismo partidista
ha erosionado la capacidad de gestión.
Durante
años, los partidos políticos tradicionales han utilizado a los movimientos
estudiantiles y a las estructuras gremiales como simples piezas de un ajedrez
nacional, buscando influir o torcer la conducción universitaria a su
conveniencia. Esta intromisión ha desvirtuado la esencia de la ULA,
convirtiendo espacios que deberían ser de debate elevado en trincheras de
intereses externos que están profundamente desconectados de las necesidades de
Venezuela.
Es
necesario subrayar una realidad fundamental: la academia es, por definición, un
espacio de libre pensamiento y construcción crítica del individuo. Por lo
tanto, el sometimiento a cualquier línea partidista es, en esencia, un acto
antagónico a su razón de ser. La universidad existe para fomentar la capacidad
de disentir, de analizar y de proponer desde la razón; el partido, en cambio,
demanda disciplina, obediencia y alineación ideológica. Mezclar ambos mundos no
solo es un error político, es un crimen intelectual que le roba a la nación sus
mejores mentes.
Cuando
una autoridad universitaria responde a una directriz de partido, deja de servir
a la academia para convertirse en un burócrata más del poder.
Desde nuestra posición de ciudadanos, tampoco podemos hablar de excelencia ni
de autonomía si ignoramos la realidad material que enfrentan los
universitarios. La crisis de la educación venezolana no es un accidente; es el
resultado de un abandono absoluto. Hoy, el sistema educativo yace sobre los
escombros de condiciones laborales inexistentes y salarios que han pulverizado
la dignidad de profesores, auxiliares, obreros y empleados. Son familias
enteras las que han visto violentados sus derechos, empujadas a una
supervivencia que es una forma de violencia institucional. La infraestructura
de la ULA, orgullo de la nación, sufre hoy una desidia que atenta contra los
derechos estudiantiles.
Rescatar
la educación no es una consigna electoral; es una urgente exigencia nacional.
No hay autonomía posible donde impera la precariedad, ni libertad de cátedra
cuando la carencia se convierte en el principal obstáculo para el docente.
Al
analizar comparativamente el panorama, resulta claro que los partidos políticos
tradicionales cargan con un desgaste profundo; su representatividad es mínima y
su desconexión con la ciudadanía es evidente. Entonces, ¿con qué moral
pretenden seguir incidiendo en la universidad? Es el momento de una reflexión
valiente: la comunidad universitaria debe entender que la verdadera autonomía
no solo se defiende frente a las amenazas externas, sino ante el control que
ejercen las maquinarias políticas desde adentro. No podemos permitir que el
relevo institucional sea simplemente un enroque de etiquetas partidistas donde
se mantenga la misma lógica de subordinación a cúpulas.
La
universidad tiene sus propias dinámicas, problemas y ética. Creemos que es
contraproducente que las organizaciones políticas sigan operando como tutores
de la vida universitaria. Si esos partidos quieren dar un ejemplo de
transformación, el primer paso sería retirarse y dejar que la academia recupere
su cauce. La ULA no puede ser un apéndice de ningún partido; debe ser el centro
del pensamiento crítico que nuestro país requiere para salir del atolladero.
La
participación electoral debe ser, ante todo, un acto de soberanía y desmarque.
Votar no debe significar elegir entre facciones, sino elegir una visión de
universidad que priorice la recuperación, la investigación y la dignidad del
trabajo. Pero este esfuerzo no puede ser solo interno. La sociedad
venezolana debe integrarse, acompañar y respaldar de manera irrestricta este
proceso. Ante los intentos fallidos del pasado, donde la voluntad de la
comunidad fue saboteada, hoy más que nunca exigimos, desde la opinión pública,
que este proceso electoral se concrete. El país necesita ver una universidad
que logra, contra viento y marea, renovar sus autoridades sin tutelajes. Exigir
transparencia es el piso mínimo; el techo debe ser la independencia absoluta.
Como
sociedad, debemos mirar a la ULA con esperanza, exigiendo que sus urnas sean el
espacio donde la institución recupere su voz, reafirmando ante el país que,
pese a dos décadas de asedio, la universidad sigue viva y es capaz de
gobernarse a sí misma desde la academia, lejos de la toxicidad de la política
partidista. Es la hora de la universidad, no de las pervertidas e persistentes
maquinarias. Es la hora de reconstruir nuestro futuro desde la libertad.