Fragilidad institucional y opacidad estatal ponen en riesgo
reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) manifiesta su profunda preocupación por la vulneración de derechos humanos en el marco de los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio de 2026. La emergencia posterior a los sismos no solo ha revelado la falta de prevención, de debida gestión y de precariedad de la infraestructura física preexistente en Venezuela, sino que ha profundizado una crisis institucional y de derechos humanos que tiene más de una década.
Antes del pasado 24 de junio, Venezuela ya atravesaba un contexto de crisis sistémica, represión política, persecución y asfixia institucional. Desde el ODH-ULA y otras organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, se han documentado las reiteradas violaciones cometidas por el Estado venezolano, algunas de ellas investigadas como posibles crímenes de lesa humanidad.
El desmantelamiento de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), por falta de inversión y por politización, constituye no solo una vulneración del derecho a la ciencia, sino que ha impedido el oportuno registro sísmico para estudios indispensables sobre el evento más catastrófico de nuestra historia reciente.
En un foro realizado tras los terremotos, expertos de la ULA señalaron que, de las 300 estaciones sismológicas que operaban en el país, solo quedan entre 3 y 5 en funcionamiento. Esta desinversión, sumada a la fuga de científicos por la asfixia contra los universitarios, ha dejado al país sin posibilidad de estudiar el fenómeno.
Opacidad, atención tardía y hostigamiento
Tras los sismos, la respuesta estatal se caracterizó por la opacidad y el hostigamiento. Organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas documentaron graves afectaciones a los derechos a la vida, salud, alimentación y asistencia humanitaria. La escasez de equipos de rescate urbano (USAR) y el uso de herramientas precarias por parte de las mismas víctimas impidieron una respuesta efectiva en las zonas de mayor impacto.
A pesar de la magnitud de la tragedia, el Estado obstaculizó el flujo de información veraz, manteniendo un silencio institucional durante más de cuatro horas después del primer terremoto. También se reportaron trabas a la asistencia ciudadana y a la labor de brigadas de rescate independientes, vulnerando la seguridad jurídica y la integridad personal de quienes intentaban salvar vidas.
A un mes del doblete sísmico, la etapa de reconstrucción se desarrolla sin transparencia. La ONG Aula Abierta documentó 34 incidentes de vulneración de derechos humanos entre el 24 de junio y el 15 de julio, que incluyen:
- Censura y bloqueos: hostigamiento a periodistas y cierre de portales informativos independientes.
- Obstáculos a la solidaridad: cierre de centros de acopio y restricciones a iniciativas de voluntariado cívico.
- Opacidad en salud: falta de información sobre insumos clínicos y el estado de los hospitales afectados.
- Derechos de las víctimas: negación del derecho de las familias a recuperar los cadáveres de sus seres queridos en estructuras colapsadas.
Vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales
De acuerdo con organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la respuesta estatal debía guiarse por el derecho internacional humanitario, con enfoque de derechos humanos, pero en esta fase se afectaron, al menos, siete derechos humanos y libertades fundamentales:
- Derecho a la vida y a la integridad personal: por la falta de una respuesta adecuada y las trabas a la atención y el rescate.
- Derecho a la salud: por la opacidad sobre insumos y la obstaculización de equipos médicos y humanitarios.
- Derecho a la asistencia humanitaria: por restricciones a brigadas, misiones y canales civiles de ayuda.
- Libertad de expresión y acceso a la información: por censura previa, hostigamiento a periodistas y bloqueo de redes sociales, medios de comunicación y sitios web de organizaciones de la sociedad civil.
- Libertad personal y seguridad jurídica: por retenciones, incomunicaciones y detenciones arbitrarias.
- Derecho a la reunión, asociación y participación cívica: por el cierre o restricción de centros de acopio y plataformas civiles.
- Derechos de grupos en especial vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes y personas mayores, que Amnistía pidió proteger expresamente.
Recuperación a largo plazo: se prevé hasta una década para la reconstrucción
Según organismos internacionales, la fase aguda de la emergencia dura al menos varias semanas, pero la recuperación humanitaria y social puede extenderse por meses y, en algunos escenarios, por años.
La ONU indicó que, cinco días después de los sismos, la emergencia apenas comenzaba y la recuperación «llevará tiempo». El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras agencias internacionales señalaron la necesidad de mantener una respuesta humanitaria sostenida durante los próximos tres meses para atender a cientos de miles de personas, especialmente niñas, niños y familias desplazadas.
En cuanto a la reconstrucción material, el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños que dejó el desastre socionatural tras los terremotos. El organismo señaló que, con el ritmo actual de inversión, la recuperación podría quedar incompleta incluso en 2036.
«Con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción requeriría, en gran medida, redirigir recursos de otros proyectos de inversión. En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica», precisa el Banco Mundial.
Exhortos y recomendaciones
En el actual contexto post-terremotos, el ODH-ULA subraya la necesidad de gestionar la crisis con un enfoque de derechos humanos. Por ello, para que la reconstrucción sea eficiente y sostenible, se exhorta al Estado a:
- Garantizar la transparencia informativa: publicar de manera periódica los planes de reconstrucción, presupuestos, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas.
- Restablecer la institucionalidad científica: dotar de recursos inmediatos a Funvisis y a los centros de investigación universitaria para recuperar la red sismológica nacional.
- Facilitar la ayuda humanitaria: levantar cualquier restricción que impida el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, voluntarios y periodistas en las zonas afectadas.
- Cumplir estándares en refugios: asegurar que todos los albergues para damnificados cumplan con condiciones dignas de habitabilidad, atención médica y protección para grupos vulnerables.
- Auditoría de infraestructuras: implementar inspecciones técnicas rigurosas y estudios geotécnicos obligatorios, exigiendo a las alcaldías la actualización de permisos y debida supervisión bajo la actual Norma Venezolana para Construcciones Sismorresistentes.
La reconstrucción no es solo una tarea de ingeniería; es una oportunidad para reconstruir la democracia y la institucionalidad. Sin participación ciudadana ni respeto al marco constitucional, no podrá haber una recuperación legítima para las víctimas. /ODH ULA
