Profesor de la ULA: derechos indígenas en Venezuela permanecen como deuda pendiente

El director del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) y profesor titular jubilado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA), Vladimir Aguilar Castro, señaló que los derechos indígenas en Venezuela permanecen en una condición pendiente por materializar, durante su participación en el programa radial Observatorio al Aire, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto).

Aguilar Castro explicó que, aunque el Capítulo VIII de la Constitución de 1999 fue avanzado en su momento, la normativa internacional ha evolucionado con mayor rapidez, lo que hace imperativo acompasar el ordenamiento interno con los avances globales logrados desde entonces.

Nudos críticos, extractivismo y jurisdicción especial

El experto enfatizó que el problema fundamental no radica únicamente en la falta de demarcación territorial, sino en la ausencia de políticas públicas interculturales que reconozcan la libre determinación, gobernanza y planes de manejo de los pueblos indígenas.

A esto se suma la expansión del extractivismo y la minería ilegal hacia el sur del país, lo cual presiona las áreas protegidas y socava los propósitos de continuidad histórica consagrados en el artículo 119 de la Constitución.

Asimismo, advirtió que la jurisdicción especial indígena (consagrada en el artículo 260) sigue siendo mal concebida por el Estado y señaló una tendencia del Tribunal Supremo de Justicia por cooptar y homogeneizar dichas autonomías, desconociendo los usos, costumbres y autoridades legítimas amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Defensores en riesgo, pueblos en aislamiento y migración forzada

Aguilar Castro recalcó que ejercer la defensa de los derechos humanos en contextos extractivistas ocurre en un clima de abierta violencia, desprotección y criminalización, agravado por la falta de ratificación venezolana del Acuerdo de Escazú.

Esta vulnerabilidad impacta directamente a quienes monitorean y asisten a los al menos cinco pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía, ante la carencia de directrices estatales de salvaguarda bajo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Finalmente, advirtió sobre el aumento de cifras en materia de movilidad humana, diferenciando el desplazamiento forzado (vivido por waraos en el Delta del Orinoco y yukpas en la Sierra de Perijá) y las situaciones de refugio formal en la frontera colombo-venezolana (como en comunidades woto o jivis). Estas crisis generan impactos diferenciados y críticos en los niveles de vulneración de derechos de las mujeres indígenas, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. (Prensa ULA. María de los Ángeles Pérez. Fotos: Vladimir Aguilar)