"La subasta del voto y la degradación republicana" por Jorge Pérez

Un viejo adagio del cinismo político sugiere que una cosa es suponer la ingenuidad del electorado y otra muy distinta es actuar con la certeza de que carece por completo de discernimiento.

Esto último suele pasar cuando alguna personalidad se cree superior al resto y subestima el coeficiente de una nación, una nación de primer mundo que quiere poner a su merced y convertirla en tercermundista para tenerla de rodillas a sus pies

Cuando la oferta electoral abandona los proyectos de Estado para transformarse en una transacción monetaria explícita —prometer un cheque de 5.000 dólares a cada adulto a cambio de asegurar el control legislativo—, la política deja de ser un ejercicio democrático y pasa a operar como una subasta pública.

El cálculo aritmético desmonta la propuesta con contundencia técnica. En una nación con cerca de 245 millones de ciudadanos en edad de votar, semejante compromiso implicaría una erogación inmediata superior a 1,2 billones de dólares (1.2 trillion). Esta cifra equivale a casi una quinta parte del presupuesto federal anual, planteada en un entorno donde la deuda soberana y las presiones inflacionarias ya exigen disciplina fiscal.

Ningún fondo privado asumiría tal carga sin exigir prebendas ilegítimas, y comprometer fondos públicos sin sustento tributario ni viabilidad macroeconómica no constituye un plan de gobierno: es una irresponsabilidad que linda con la demagogia de último minuto.

Más allá del colapso presupuestario, la gravedad radica en la fractura ética e institucional. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad meridiana el principio de pesos y contrapesos; la facultad exclusiva del gasto (power of the purse) reside en el Congreso, no en la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo de acuerdo al Artículo I de la Constitución.

Condicionar una dádiva directa al resultado de una contienda electoral desvirtúa el espíritu cívico, apelando a la necesidad económica más inmediata del ciudadano para sortear el debate sobre políticas estructurales.

Aunque el discurso se vista bajo el ropaje de un supuesto "dividendo", en el fondo degrada la relación republicana entre gobernante y sociedad al nivel del clientelismo más básico.

La democracia no subsiste sobre promesas que asumen la sumisión o el descuido cívico del elector. Frente al proselitismo del desespero por ver unas elecciones legislativas perdidas debido al incumplimiento de sus promesas electorales y a su mal accionar en materia interna y externa, la verdadera fortaleza de esta gran nación que ha sido un claro ejemplo de república, descansa en dos pilares innegociables: la pedagogía ciudadana para exigir propuestas rigurosas y la solidez de sus instituciones, leyes y separación de poderes para frenar cualquier intento de comprar con retórica lo que solo debe ganarse con solvencia y apego a la ley.

Al final, es precisamente la existencia de un marco legal robusto, tribunales independientes y un sistema legislativo con pesos y contrapesos lo que históricamente ha impedido que promesas de tal calibre puedan ejecutarse al arbitrio del poder de turno.

Las consecuencias de un proselitismo inviable solo generan:

ü  Frustración y cinismo posterior: Cuando estas promesas no se materializan tras las elecciones —al chocar con el Congreso, las cortes o la realidad de las arcas públicas—, el resultado inevitable es una mayor desconfianza en el sistema representativo, alimentando aún más el ciclo de apatía política.

ü  Normalización de la demagogia: Si este tipo de tácticas logra rendir créditos electorales sin consecuencias políticas para quien las emite, el estándar del debate se degrada: la competencia electoral deja de girar en torno a proyectos de país y pasa a ser una subasta de ofertas inviables.

Envilecer la soberanía popular tasándola en "billetes"  es la claudicación moral definitiva del liderazgo político.

Cuando un gobernante pretende comprar la adhesión en lugar de inspirar el compromiso cívico, no solo ofende la dignidad del ciudadano, sino que dinamita el principio de virtud sobre el cual se fundó esta república. El voto no es una mercancía sujeta a regateo ni un cheque en blanco para el oportunismo; es el ejercicio sagrado del discernimiento, la justicia y el destino colectivo.

Una sociedad libre que cede al espejismo del soborno electoral renuncia a su propio honor, pero una ciudadanía despierta, guiada por la rectitud ética y el imperio de la ley, sabrá castigar en las urnas la afrenta de quienes creyeron que su conciencia tenía precio.