Mérida, Septiembre Viernes 11, 2026, 05:12 am
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) advirtió sobre el deterioro de la infraestructura y la falta de servicios básicos en buena parte de las instituciones educativas del país, una situación que, según el gremio, se agravó tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Ante el regreso a clases previsto para septiembre, la organización exigió al Gobierno realizar una evaluación técnica integral de los planteles antes de reabrir sus instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y demás trabajadores.
La presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, alertó que numerosas escuelas no estarían en condiciones de recibir a la comunidad educativa.
“Gran parte de las instituciones educativas del país no están en condiciones de albergar a la población estudiantil ni a los trabajadores”, afirmó Márquez durante la presentación de un comunicado gremial.
La dirigente señaló que los problemas no se limitan a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos. Según la FVM, muchos centros educativos presentan deficiencias acumuladas por años de falta de mantenimiento y carecen de servicios esenciales como agua potable, electricidad y saneamiento.
El gremio considera que los daños provocados por los sismos de junio agravaron una situación de deterioro que ya afectaba a la infraestructura escolar.
La Federación también puso en duda el balance presentado por el Ejecutivo sobre los daños ocasionados por los terremotos.
El Gobierno informó el 25 de agosto que los movimientos telúricos habían afectado a 900 de los aproximadamente 27.000 planteles educativos del país. De ese total, 11 escuelas habrían colapsado y los estudiantes de otros 91 centros con daños severos serían reubicados.
Sin embargo, la FVM cuestionó estas cifras y afirmó que las autoridades no han presentado públicamente un informe técnico detallado que permita conocer el estado real de la infraestructura escolar.
El gremio también rechazó las reubicaciones de estudiantes, al considerar que fueron decididas de manera unilateral y sin la participación de las comunidades educativas.
La FVM calificó de “inaceptable” que el regreso a las aulas se produzca únicamente para cumplir con el calendario establecido por el Ministerio de Educación, sin que previamente se garantice la seguridad de los planteles.
El Ejecutivo convocó el inicio de actividades para el 14 de septiembre, mientras que el gremio docente estableció como fecha de regreso el 16 de septiembre.
Para la Federación, la prioridad debe ser determinar cuáles instituciones pueden funcionar de manera segura y cuáles requieren reparaciones o reubicaciones antes de recibir nuevamente a los estudiantes.
La FVM también cuestionó las condiciones salariales de los trabajadores de la educación pública. El gremio rechazó que el ingreso de los docentes dependa principalmente de bonificaciones otorgadas por el Gobierno.
Según la organización, el salario base continúa vinculado al salario mínimo mensual de 130 bolívares, complementado con bonos.
“La política del gobierno ha sido la bonificación, y nosotros no queremos bonificación”, afirmó Márquez, al reiterar que los docentes exigen una remuneración que permita dignificar su labor.
La Federación sostiene que el regreso a clases debe estar acompañado no solo de garantías sobre la infraestructura escolar, sino también de condiciones laborales adecuadas para el personal docente y administrativo.
Con información de Versión Final