adre, quien desde agosto de 2024 tiene a sus dos únicas hijas, de 25 y 23 años de edad, detenidas en un centro penitenciario del oriente del país.
De acuerdo con Provea, este patrón de violaciones sistemáticas ha sido documentado por múltiples entes, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y agrupaciones locales como el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y la asociación Madres en Defensa de la Verdad.
Contexto represivo
Provea resaltó que la intensificación de las acciones del Estado se tradujo en una ola de detenciones entre los días 29 y 30 de julio de 2024.
En ese sentido, recordó que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 protestas ciudadanas. En 138 de esas manifestaciones se documentó represión, y se observó la presencia de grupos armados no oficiales, conocidos como colectivos, en al menos 119 ocasiones.
Además, la ONG señaló que las cifras aumentaron días después de las elecciones presidenciales, ya que se registró un promedio de 150 detenciones diarias.
La Misión de la ONU documentó la detención de al menos 2.220 personas, incluyendo a 218 niños, niñas y adolescentes, que se sumaron a los más de 300 presos políticos existentes.
Para la organización, el impacto de estas acciones se extendió de forma inmediata a los familiares, principalmente a madres y hermanas, quienes debieron movilizarse para buscar y atender a sus parientes detenidos.
Carga económica y logística para los familiares de los detenidos
El informe de Provea indicó que la detención de un ciudadano genera un colapso en la estabilidad económica de su hogar, y que en los casos que han documentado muchos de los presos por motivos políticos desde 2024 eran el único sustento económico, lo cual dejó a sus dependientes en la pobreza.
La ONG detalló que, en un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares, una familia debe invertir hasta 300 dólares para cubrir los insumos de un solo detenido. Este gasto recae sobre los parientes, a pesar de que es el Estado quien debe garantizar estos suministros, de acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela).
A esto se añade el costo constante de los traslados desde estados como Bolívar, Mérida o Nueva Esparta a centros de reclusión centrales y lejanos, ubicados en Valencia (Tocuyito), Aragua (Tocorón), Miranda (Yare o El Rodeo) y Caracas (El Helicoide).
El testimonio de Elimar Barreto ejemplifica este punto, ya que su hermano, Luis Óscar, de 22 años de edad, quien fue detenido el 30 de julio de 2024 en Conejeros, Nueva Esparta, fue acusado de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria y obstrucción a las vías públicas.
A pesar de que Luis Óscar fue detenido cerca de su casa, lo trasladaron al centro de reclusión de Tocorón, en el estado Aragua.
“Pasé dos días viajando para llegar a Caracas. Gasté cerca de $160 en pasajes, más de $60 en la paquetería para dos semanas. Ahorré al máximo, hasta mi alimentación, para poder dejarle las cosas que necesita”, acotó Barreto.
Añadió que la tarea de reunir el dinero semanal para la paquetería ha recaído solo sobre ella, dado que su madre tiene cáncer, sus otros dos hermanos están fuera del país y su hermana se encuentra en proceso de migración.
Por otra parte, Barreto denunció que la reclusión prolongada en condiciones deficientes ha deteriorado la salud de Luis Óscar, quien ha padecido enfermedades estomacales recurrentes y hasta siete abscesos en el mismo lugar.
La angustia se extiende a la salud mental de los parientes, debido a que la madre del detenido ha empezado a alucinar, creyendo que su hijo está de paseo o secuestrado, lo que la mantiene al borde de ataques de nervios.
Tratos degradantes
Otro punto que aborda el informe de Provea es la desmejora emocional de los familiares de los detenidos, quienes han sido imputados bajo delitos como terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.
La organización reportó que las mujeres que tienen familiares privados de libertad son quienes asumen la carga principal de las visitas y las acciones de exigencia, incluso en las peores condiciones.
Además, los testimonios de algunas mujeres evidenciaron que también son víctimas de tratos crueles, degradantes y humillantes durante las visitas, lo que se configura como una forma de “tortura psicológica”.
Una madre, Luisa Barrios, relató que en centros de reclusión como Yare I, eran obligadas a realizar acciones degradantes durante las requisas corporales, socavando su dignidad.
“En Yare I, me obligaban a subirme la franela, a bajarme el pantalón, a agacharme, me pedían que pujara”, dijo Luisa Barrios, madre de Luis Eduardo González, de 25 años de edad, a quien se llevaron de la puerta de la casa, ubicada en Los Teques, el 30 de julio de 2024.
Adicionalmente, se imponen restricciones arbitrarias para el ingreso de objetos, como la obligación de cortar en pedazos una torta de cumpleaños.
Persecución y vulnerabilidad extrema
La abogada y activista Martha Tineo Rodríguez, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, afirmó que la detención genera una ruptura en toda la estructura familiar.
Esto debido a que la mayoría de los detenidos eran el soporte económico, las mujeres quedan a cargo de la logística, la manutención del hogar y de la división del poco dinero disponible entre el hogar y la prisión.
La especialista también documentó que la persecución se ha extendido hacia los familiares, lo cual ha forzado la migración de muchas personas.
“Todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, la higiene personal, medicina e, incluso, dotación de agua potable está a cargo de la familia. Y cuando estos familiares tienen que salir del país, los presos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos hacen un esfuerzo enorme por enviar dinero a otros familiares, amigos o familiares de otros presos políticos para que le lleven esos insumos”, destacó la abogada.
Tineo explicó que la persecución persiste incluso tras las excarcelaciones a través de medidas sustitutivas a la privativa de libertad, como la presentación periódica a tribunales, la prohibición de salida del país o la restricción de declaraciones públicas sobre su caso.
La especialista enfatizó la falta de programas de reparación integral para estas mujeres, quienes quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad y empobrecimiento. El daño se extiende hacia el futuro, pues a los traumas emocionales y psicológicos se suma la dificultad de los familiares de presos políticos para conseguir trabajo.
Casos críticos de salud
El informe de Provea recordó que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que los privados de libertad están sometidos a condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, que violan los derechos fundamentales a la vida, la alimentación adecuada y la salud.
Debido a esto, aumenta el riesgo de deterioro físico y psicológico que se manifiesta en casos de dengue, fiebre prolongada, infecciones y pérdida de peso.
La situación se agrava para quienes padecen condiciones preexistentes, como es el caso del detenido identificado como Kelvin, de 33 años de edad, quien requiere seguimiento psiquiátrico permanente debido a un cuadro de ansiedad y depresión que se ha exacerbado en prisión, llegando a incluir ideas suicidas.
Su madre relató que fue detenido arbitrariamente el 30 de julio de 2024 sin orden judicial, a su regreso a casa.
En ese sentido, la organización Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado al menos 80 casos de presos políticos con condiciones de salud delicadas, además, las patologías, ya sean preexistentes o desarrolladas por el hacinamiento y la falta de agua potable, se han agravado tras las rejas.
Provea indicó que el caso de Yenny Barrios ilustra este planteamiento, ya que ella fue detenida en septiembre de 2024 y excarcelada en diciembre con un linfoma no Hodgkin agresivo, sin embargo, falleció el 7 de noviembre de 2025 sin poder reunirse con su único hijo, Diego Sierralta Barrios.
Diego había sido detenido en enero de este año por un mensaje en redes sociales sobre intercambio de medicamentos para su madre, siendo acusado de instigación al odio.
A pesar de las solicitudes de liberación humanitaria por parte de numerosas ONG para que acompañara a su madre en la etapa terminal, el Estado ignoró todos los pedidos. Provea condenó esta situación, describiéndola como un “acto de trato cruel, inhumano y degradante cometido contra la familia”.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU publicó un informe el 22 de septiembre en el que reseñó la investigación de la muerte bajo custodia de cinco personas detenidas durante las protestas.
Concluyó que existen motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia al no brindar atención de salud oportuna y adecuada, sometiendo a estas personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe de Provea añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 24 de julio de 2025 la Resolución No. 2/25 sobre Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad, en el que reconoce las afectaciones que sufren estas personas e insta a los Estados a:
– Respetar el derecho a mantener vínculos familiares sin interferencia arbitraria.
– Garantizar que los detenidos sean alojados en sitios cercanos al hogar de sus familiares.
– Facilitar las visitas y asegurar las condiciones apropiadas para su realización.
Con información de El Diario
