La historia económica de Panamá, desde el colapso del peso colombiano hasta la Ley 84 de 1904, nos ofrece una lección magistral sobre cómo el diseño institucional puede proteger a una nación de la vorágine hiperinflación y la irresponsabilidad fiscal.

A finales del siglo XIX, mientras el conflicto bélico financiaba su existencia con la emisión incesante de papel moneda sin respaldo, la economía panameña comenzó a repudiar el desastre. La élite mercantil del istmo, consciente de su inserción en el comercio internacional, entendió que la estabilidad no es un lujo, sino un requisito para la supervivencia de los contratos y la certidumbre jurídica.

El Convenio Monetario de 1904  fue una declaración de principios que proscribió la creación de un banco central emisor, anclando el Balboa al dólar estadounidense. Al renunciar a la imprenta monetaria, Panamá impuso una severa disciplina presupuestaria, blindándose contra las crisis recurrentes que azotaron a otros gobiernos de la región.

Esta experiencia centroamericana es un reflejo de lo desarrollado en el libro "La dolarización en América Latina: un análisis desde la perspectiva de la Escuela Austriaca", escrito por el Dr. Miguel Ángel Echarte Fernández y publicado en 2019 por Unión Editorial. El autor se inspiró en la necesidad de analizar los procesos de dolarización espontánea y oficial en la región, defendiendo los beneficios de una moneda estable frente a los estragos causados por el "nacionalismo monetario".

Para comprender el trasfondo de un esquema dolarizado, es clave analizar cómo funciona su emisión original. El proceso de estabilidad del dólar depende de la coordinación entre el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de EE. UU. El Tesoro emite bonos para financiar el gasto público y la deuda interna, retirando dólares de circulación temporalmente al venderlos al mercado. Por su parte, la Reserva Federal regula la cantidad de dinero en la economía y fija las tasas de interés mediante operaciones de mercado abierto, compra o vende bonos para inyectar o absorber liquidez, controlando la inflación y manteniendo el valor de la divisa.

El equilibrio global del dólar se apoya en la confianza que generan las instituciones estadounidenses y su marco legal. Al controlar la tasa de interés, la Reserva Federal influye directamente en el flujo de capital internacional, haciendo que los activos en dólares resulten atractivos para inversores de todo el mundo, lo cual fortalece la demanda y la estabilidad de la moneda.

En esquemas de intervención cambiaria, la inyección de divisas en la banca nacional busca aumentar la oferta de dólares en el mercado. Al vender estos dólares, el Banco Central retira o absorbe la moneda local de circulación, reduciendo la liquidez monetaria. Esta menor cantidad de efectivo, combinada con la estabilidad del tipo de cambio, disminuye la presión sobre los precios de bienes y servicios, buscando controlar el ritmo de la inflación a través de mecanismos de mercado.

Sin embargo, la realidad venezolana dista mucho de la teoría de la estabilidad. En Venezuela presenciamos una distorsión insostenible: las multas del SENIAT y los trámites estatales se calculan y cobran en euros, mientras que los salarios de los maestros, enfermeras, policías y pensionados se pagan en bolívares inorgánicos emitidos sin respaldo por el Banco Central de Venezuela. Existe una dolarización de facto para cobrarle al ciudadano, pero un rigorista nacionalismo monetario para pagarle.

Incluso en el ámbito diplomático el debate ha ganado fuerza, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en junio de 2026 que a Delcy Rodríguez le estaban exigiendo desde el ámbito internacional dolarizar la economía de Venezuela, revelando que existían presiones externas para sustituir formalmente el bolívar por el dólar bajo un modelo similar al aplicado en Ecuador.

 Pues fue precisamente que en 1999, este país (Ecuador) vivió una pesadilla económica, el Sucre sufrió una hiperinflación brutal, destruyendo los ahorros de toda una generación y desmantelando la clase media. Esta nación estaba en ruinas, sin acceso a financiamiento y con una desconfianza total hacia su propia moneda. La solución no fue reformar el Sucre, sino abandonarlo. La dolarización, implementada tras el colapso, fue la tabla de salvación que permitió al país recuperar la estabilidad de precios y, con el tiempo, normalizar su economía. 

Hoy, el ejemplo de estabilidad de Ecuador donde los ciudadanos saben exactamente cuánto valdrá su dinero mañana es prueba empírica de que la dolarización no es una pérdida de soberanía, sino una ganancia de libertad y certeza. La lección es clara y contundente, seguir insistiendo en un modelo de moneda nacional inestable, cuando tenemos la alternativa de anclarnos a una moneda cuya arquitectura de estabilidad es global, es un error que Venezuela no puede seguir cometiendo.

Ante esta profunda brecha entre el discurso oficialista y la realidad del bolsillo, cabe preguntarse: ¿querrán realmente los venezolanos seguir cobrando en bolívares soberanos como dicta la Constitución mientras ven cómo su dinero pierde valor todos los días frente al dólar tras 27 años de nefastas políticas económicas, o apostarán finalmente por la dolarización para frenar la inflación de una vez por todas?

Las inyecciones de divisas en nuestra banca son, en el mejor de los casos, un alivio momentáneo que reconoce la realidad, pero no lo suficiente, necesitamos un sistema que imponga la disciplina presupuestaria por diseño, no por decreto. Tanto Panamá como Ecuador nos demuestran que, ante la hiperinflación y el caos, la dolarización es el camino más directo para devolverle a los ciudadanos el valor de su trabajo y la posibilidad de planificar un futuro con confianza, es hora de dejar atrás la ficción y abrazar la estabilidad definitiva.