Mérida, Septiembre Viernes 11, 2026, 05:46 pm
Familiares de presos políticos y activistas consignaron este viernes 11 de septiembre un documento en el Palacio de Miraflores, Caracas, para exigir la libertad de sus seres queridos y respuestas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La movilización forma parte de la “Ruta de las Respuestas Pendientes”, iniciativa del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que comenzó esta semana con actividades frente a distintas instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
De acuerdo con información difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una comisión del Despacho de la Presidencia recibiría a tres representantes de los familiares y activistas: Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel; Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas; y la defensora de derechos humanos Sairam Rivas.
Los representantes tenían previsto entregar al Ejecutivo un documento para solicitar acelerar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.
Sin embargo, Hiowanka Ávila denunció que los familiares fueron atendidos durante pocos minutos, pese a que se les había informado que serían recibidos por una comisión de la Presidencia. La familiar de Henryberth Rivas afirmó que la situación representó una revictimización para quienes acudieron a Miraflores.
No hay voluntad para atender los casos de los presos políticos”, afirmó Ávila, quien también denunció retrasos en los procesos y cuestionó que no se libere a personas detenidas con patologías graves de salud.
Por su parte, Andreína Baduel cuestionó el ritmo de las excarcelaciones y pidió al gobierno explicar cómo es que “el chorro petrolero está abierto en su máxima expresión”, mientras los presos políticos continúan siendo liberados “a cuenta gotas”.
La movilización comenzó con una concentración en la Plaza O’Leary de Caracas. Según información difundida por Provea, un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y Clippve permitió que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dejara avanzar a los manifestantes hasta una cuadra antes del Palacio de Miraflores.
El acuerdo contemplaba que una comisión de familiares fuera recibida por representantes del Ejecutivo para entregar el documento con sus peticiones.
Durante la concentración, los manifestantes corearon “Delcy libera, la familia los espera”. Entre quienes convocaron a participar en la movilización estuvo Sandra Hernández, esposa del preso político Luis Bandres, detenido por el caso Cotiza.
La actividad correspondió al tercer día de la Ruta de las Respuestas Pendientes. El lunes 7 de septiembre, familiares y activistas se concentraron frente a la Defensoría del Pueblo, mientras que el miércoles 9 realizaron una actividad frente al Ministerio Público.
Clippve indicó que las actividades continuarán el domingo 13 de septiembre con una vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao, prevista también de manera simultánea en otras regiones del país.
El Foro Penal contabilizó 328 presos políticos en Venezuela al 31 de agosto de 2026. Del total, 317 son hombres y 11 mujeres; 183 son civiles y 145 militares.
La cifra se mantiene después del proceso de excarcelaciones desarrollado durante 2026. Según el balance del Foro Penal, la organización registró 1.066 liberaciones o excarcelaciones durante el año.
En el marco de la Ley de Amnistía, el Foro Penal contabilizó hasta el 31 de agosto 188 personas privadas de libertad que obtuvieron libertad plena o sobreseimiento, además de 582 personas que se encontraban bajo medidas cautelares y recibieron también libertad plena o sobreseimiento.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 454 presos políticos al 28 de agosto, una cifra superior a la del Foro Penal debido a que ambas organizaciones utilizan criterios propios para documentar y verificar los casos.
Pese al proceso de excarcelaciones, familiares y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando la libertad de las personas que permanecen detenidas y respuestas sobre sus casos.
La llegada de familiares de presos políticos a las inmediaciones del Palacio de Miraflores representa un hecho relevante frente a antecedentes recientes en los que movilizaciones críticas al gobierno fueron bloqueadas antes de alcanzar la sede presidencial.
El 29 de julio de 2024, durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales, manifestantes intentaron avanzar hacia Miraflores y fueron repelidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El Diario también reportó entonces la presencia de presuntos colectivos afines al oficialismo durante las manifestaciones.
Otro antecedente ocurrió el 9 de abril de 2026, cuando trabajadores y representantes gremiales intentaron llegar al Palacio para reclamar mejoras económicas. La movilización fue contenida por un fuerte despliegue policial y no consiguió alcanzar Miraflores.
En esta ocasión, los familiares avanzaron hacia el Palacio bajo un acuerdo previo con las autoridades y consiguieron consignar el documento con sus peticiones, aunque posteriormente denunciaron que la recepción no se produjo en los términos que, según ellos, habían sido acordados.
Con información de El Diario