EEUU y El Salvador violaron derechos de los venezolanos en el Cecot; afirmó Juanita Goebertus, de HRW

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), indicó que Estados Unidos y El Salvador violaron el principio de no devolución al deportar venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), sin verificar si enfrentaban riesgo real de tortura.

Goebertus, durante una entrevista que concedió al espacio Efecto Paz, conducido por la periodista Luz Mely Reyes y el activista Rafael Uzcátegui, indicó que el reciente informe que publicó HRW en conjunto con la ONG Cristosal, basado en más de 250 entrevistas, prueba que muchos detenidos no eran criminales ni miembros de pandillas, sino personas con protección temporal o sin antecedentes graves.

«En esa prisión sufrieron torturas sistemáticas: golpizas, abusos sexuales, hacinamiento y negación de atención médica», dijo Goebertus, quien resaltó que Cristosal documentó estos abusos desde adentro y exigió suspender deportaciones masivas sin debido proceso e investigar responsabilidades.

En la octava edición de Efecto Paz, programa conjunto entre Efecto Cocuyo y Laboratorio de Paz, se abordó el informe titulado “Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador”, basado en más de 250 entrevistas a familiares, abogados y allegados.

El documento revela que muchos venezolanos deportados desde Estados Unidos no integran pandillas ni poseen antecedentes penales graves, y varios contaban con protección temporal.

«El debido proceso distingue culpables de inocentes. En El Salvador, bajo régimen de excepción, 89.000 personas están detenidas sin órdenes, incomunicadas, sin juicio. Aquí ni siquiera eran criminales: eran migrantes. Algunos entraron irregularmente, otros en proceso de asilo. Migrar no es delito; no justifica cuatro meses de detención incomunicada. Sin debido proceso, hoy van por ‘los bandidos’, mañana por el vecino, luego por tu hijo», resaltó Goebertus.

La activista resaltó el papel de la ONG salvadoreña Cristosal en este informe, pese a los constantes ataques que ha recibido desde el gobierno de Nayib Bukele.

«Cristosal es una organización valiente que defiende derechos humanos independientemente del gobierno. Bajo Bukele sufren persecución: Ruth López, directora anticorrupción, está detenida arbitrariamente; el resto se exilió en Guatemala y reabrió allí. Pese a todo, las víctimas venezolanas los buscaron primero por su credibilidad. Lo que sufrieron los 252 refleja lo que padecen 89.000 salvadoreños detenidos arbitrariamente. Debemos alzar la voz por todos», dijo. /EC