Sueltos de un peregrino
La gratuidad universitaria reducida a falacia por Bernardo Moncada Cárdenas
«En lugar de dádivas, lo que el estudiante pobre realmente necesita es una financiación suficientemente amplia que le permita ir pagando su educación con ingresos como profesional.»
Muhammad Yunus. Bangladesh, Nobel de Paz 2006
«Los buenos profesores son caros; pero los malos, lo son todavía más.»
Bob Talbert, periodista
En 2023, la Academia de Mérida, junto al Grupo Miradas Múltiples —integrado por tres ex rectores de la Universidad de Los Andes— organizó el foro La Universidad Venezolana del Futuro. No fue un ejercicio retórico ni un acto conmemorativo más. Fue, en rigor, una radiografía incómoda: la universidad venezolana no está en crisis; está en proceso de desmantelamiento.
Pretender resumir horas de ponencias sería trivializar su alcance. Basta decir que, con datos en mano y sin eufemismos, se delineó un panorama donde la ULA —símbolo histórico de excelencia— corre el riesgo real de volverse irrelevante. No por falta de talento, sino por asfixia estructural.
El diagnóstico es conocido, pero sigue sin enfrentarse: colapso salarial, fuga masiva de talento, precarización del personal obrero y administrativo, caída de la investigación por falta de insumos, y una matrícula que se sostiene más por inercia que por confianza en el sistema. A esto se suma un entorno global donde las universidades latinoamericanas avanzan en producción científica, mientras Venezuela retrocede décadas.
Hablemos sin rodeos: un profesor universitario en la región puede percibir alrededor de 4.000 dólares mensuales. En Venezuela, el ingreso real no alcanza ni para sobrevivir. No es solo una brecha; es una demolición deliberada de la profesión académica. Lo que estamos presenciando no es ajuste: es expulsión. El mayor despido indirecto de la historia universitaria del país.
Y en medio de este cuadro, se insiste en sostener dos conceptos que hoy suenan más a consigna que a realidad: gratuidad y autonomía.
La autonomía universitaria dejó de ser efectiva cuando el Estado convirtió a las universidades en entes administrados, no en instituciones pensantes. Hoy, cada decisión pasa por filtros burocráticos que reducen la gestión a mera administración de escasez. Un vicerrector administrativo ya no decide: administra lo que le permiten ejecutar.
¿Y la gratuidad? Aquí conviene ser brutalmente honestos: la educación universitaria en Venezuela no es gratuita. Alguien la está pagando. Y no es el Estado.
La están pagando los profesores con salarios de miseria.
La están pagando los trabajadores con condiciones indignas.
La están pagando los estudiantes con formación limitada por la falta de recursos.
La “gratuidad” se sostiene sobre el sacrificio silencioso de quienes mantienen viva la universidad a costa de su propia precariedad. Es una ficción funcional que encubre un subsidio invertido: los académicos financian el sistema con su empobrecimiento.
Seguir defendiendo este modelo sin revisarlo es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, complicidad.
El foro dejó algo claro: no basta con cambiar autoridades. Se necesita un cambio de lógica. Un nuevo contrato universidad-Estado-empresa privada que recupere autonomía real, diversifique fuentes de financiamiento, libere de y dignifique la labor académica. Sin eso, cualquier reforma será cosmética.
La pregunta ya no es si hay que cambiar. Es si hay voluntad de hacerlo.
Porque la universidad venezolana aún respira. Pero cada día lo hace con mayor dificultad. Y sostenerla a punta de épica personal ya no es suficiente.
Un nuevo foro, como el de hace tres años, es necesario y debe ser eficaz. Este cambio de chip no es opcional. Es urgente.
