Entre la tutela de Washington, la ilegalidad y el clamor popular por Daniel García A.
Los venezolanos en
un claro y evidente estado de indefensión, secuestrados por la pobreza inducida
por el modelo socialista y ahora privados por el gobierno norteamericano de sus
derechos para restituir la democracia se niegan a continuar siendo conejillos
de india de los laboratorios perversos impuestos por los modelos ideológicos y políticos.
Salimos parcialmente del laboratorio dirigido por modelo cubano que controlo y sometió
al país alcanzando exitosamente el control social para entrar al laboratorio capitalista
que ensaya inexplicablemente un modelo mixto inaplicable sobre una población
diezmada, vulnerada y huérfana de una dirigencia ética y moralmente formada.
La normalidad que
se pretende vender contrasta con la realidad que se ve y se vive en las calles
y la prórroga permanente a las soluciones elementales juega en favor del
continuismo lacerante de la condición humana. Existe un ambiente de convivencia
y frenesí entre políticos cuestionados, de poco prestigio, empresarios inescrupulosos
y medios de comunicación complacientes todos responsables, corresponsables y cómplices
de la debacle del país que obviamente demandan de una sólida y decidida contraparte
conformada por todos los sectores sociales que enfrente y que cambie la
realidad existente.
Las cifras no admiten matices ni maquillaje oficial. Según todos los estudios
elaborados responsablemente por diferentes encuestadoras e instituciones
definen con claridad meridiana que la gestión encabezada por Delcy Rodríguez
evidencia un rechazo abrumador en la opinión pública venezolana. El dato más
contundente refleja el colapso del sistema eléctrico, donde un 70 y 80% de los consultados
califica el servicio como "Pésimo". Lejos de tratarse de un problema
aislado, esta cifra condensa el deterioro cotidiano de una nación sometida a
continuos apagones que paralizan centros de salud, destruyen la productividad y
pulverizan la calidad de vida de las familias. El descontento es transversal a
toda la administración impuesta y sostenida por la administración de Donald
Trump: en cuanto a la ineficaz lucha
contra la corrupción, la seguridad ciudadana, principalmente la precariedad
creciente de la economía familiar, la defiente atención médica y en general la
inoperancia absoluta en todas las instituciones que deben atender y servirle
eficientemente al ciudadano.
Sin embargo, el drama venezolano no es solo la consecuencia inevitable de la
ineficiencia, sino el resultado directo de un esquema de poder asentado en la
inconstitucionalidad y la ilegalidad continuada. Hoy en día, el país se halla
sumergido en un ejercicio legislativo e institucional gravemente viciado: las
instancias parlamentarias y la propia presidencia interina, las gobernaciones y
alcaldías carecen de legitimidad de origen y de fondo, operando al margen de
los marcos constitucionales verdaderos.
Esta anomalía
institucional se sostiene lamentablemente gracias a quien prometió ayudar a
liberar a Venezuela del autoritarismo y hoy solo se evidencia que decidió unilateralmente
cambiar de carcelero, maltratando, vejando,defraudando y subyugando a un pueblo
entero. Además, este salvador se convirtió en verdugo de los venezolanos en
suelo norte americano y sorprendentemente en un muro de contención difícil de
sortear para alcanzar la libertad de la Venezuela petrolera de la cual se sirve
igualmente por la vía de la fuerza, realidad inobjetable y cuestionada incluso
por los mismos habitantes y políticos estadounidenses.
En el sentir colectivo existe la convicción clara de que la responsabilidad de
devolver a Venezuela al sendero de la legitimidad recae en gran medida en las
decisiones del gobierno de los Estados Unidos. El tiempo transcurrido bajo el
esquema del interinato, impuesto y respaldado por la política estadounidense,
demuestra una falta de voluntad real para propiciar humanamente una solución
efectiva a la crisis. Por el contrario, la negativa a trazar una ruta electoral
clara a corto plazo y la constante indefinición para fijar fechas concretas a
un proceso comicial transparente generan un clima de incertidumbre que perpetúa
el sufrimiento de la población.
Esta indefinición política mantiene a Venezuela aislada del sistema financiero
global. Los mercados e inversionistas internacionales perciben al país en una
situación de extrema desventaja y riesgo, dada la ausencia total de garantías
jurídicas e institucionales para la inversión extranjera. Mientras no exista un
marco legal sólido y legítimo, el capital internacional seguirá distante,
profundizando la parálisis económica que asfixia a los ciudadanos.
Ante este panorama, el clamor popular exige un punto de quiebre definitivo.
Venezuela no solo necesita un cambio de gobierno mediante elecciones libres y
transparentes; la sociedad demanda con urgencia la refundación de las
estructuras públicas sobre un nuevo modelo de Estado.
Se requiere un
Estado sólido, moderno, eficiente, transparente y plenamente adaptado a las
dinámicas del siglo XXI y a la realidad global. Solo restableciendo la
legitimidad democrática y devolviendo la soberanía al pueblo será posible
reconstruir la confianza, reactivar la economía y devolverles la dignidad, la
esperanza y el bienestar a todos los venezolanos.
Mientras no hagamos
frente a la opresión y la barbarie seguiremos siendo esclavos de las
circunstancias y esclavos del sistema imperante.
