La Universidad de Los Andes y sus crisis históricas: Una propuesta para revertirlas por Alí Enrique López Bohórquez (*)
La Universidad de Los Andes y sus crisis históricas: Una propuesta para revertirlas por Alí Enrique López Bohórquez
Existe
la falsa creencia de que la actual crisis
académica y administrativa de la Universidad de Los Andes es exclusiva de las
últimas dos décadas, como consecuencia de la realidad política y económica del
país, a lo que se agregó la
Pandemia a partir del 2020. Nuestro punto de vista es otro:
esta crisis es el desenlace de un largo
proceso, en el que fueron surgiendo circunstancias que dificultaron el normal
funcionamiento de la institución, tanto en la enseñanza, la investigación y la
extensión, como en su dinámica funcional general, las que no fueron atendidas en
su momento por las autoridades correspondientes para dar solución inmediata a
los asuntos que iban surgiendo. Circunstancias que tuvieron en sus respectivos períodos
orígenes diferentes: unos de orden interno, los generados por la propia
Universidad y su comunidad; otros derivados de la relación y actuación de los
distintos gobiernos en el tiempo, sin dejar de considerar situaciones locales,
regionales o nacionales que de alguna manera incidieron en los distintos
problemas que determinaron su paralización, escasa actividad y pérdida de
valores morales determinantes de un desapego y sentido de pertenencia con y
para el Alma Mater andina. Así entendido el hecho, es posible considerar la crisis de la Universidad de Los
Andes con un carácter estructural, histórica, compartiendo con el doctor
Roberto Rondón Morales lo dicho en su artículo “La universidad, crisis
permanente y acumulada” (Boletín de la Academia de Mérida, 19
(Mérida, enero-diciembre de 2006), pp. 155-189).
Así
considerado el asunto, vamos en esta Crónica a sintetizar históricamente
algunas de esas crisis de la ULA, de manera que el lector
logre apreciar nuestro punto de vista, al tiempo de que pueda conocer hechos que
por su desconocimiento le han significado concebir la idea de que la actual crisis
universitaria es de reciente data y que tiene un origen externo inmediato, sin
que la propia institución tenga responsabilidad alguna. El primero momento que
identificamos está vinculado con la creación misma de la Real Universidad de San
Buenaventura de Mérida de los Caballeros, el 21 de septiembre de 1810, por la Junta Superior Gubernativa de
Mérida al iniciarse el proceso emancipador merideño y venezolano. Aunque es un
proyecto de incipiente configuración, todavía en su etapa embrionaria, no llega
a desarrollarse entonces como consecuencia del terremoto que azotó la ciudad el
26 de marzo de 1812 y el inicio de la guerra de independencia en territorio
merideño. Solo funcionó con ciertas dificultades, propias de las circunstancias
que dieron su origen, pues funcionó conjuntamente con los profesores del
Colegio Seminario y en su Edificio, sin que este instituto eclesiástico dejara
de existir como tal. Durante veinte años Mérida no tendrá educación alguna, ya
que el Seminario trasladado a Maracaibo en 1813, no volverá a la ciudad serrana
hasta 1821, y la
Universidad no sería restablecida hasta 1832, con el nombre
de Universidad de Mérida, por disposición del Gobierno de José Antonio Páez. Estas
son las características de una segunda
crisis institucional que se prolonga hasta 1870: Entre 1832 y 1843 se
conforma académicamente con estudios jurídicos, eclesiásticos y filosóficos,
con escaso número de profesores y estudiantes, precario presupuesto, biblioteca
y edificio compartidos, sin proyección en la ciudad más allá de la formación de
profesionales con grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Esta
realidad continuará a partir de ese último año, cuando se pone en vigencia el
primer Código de Instrucción Pública de Venezuela. Aquellos estudios pasan a
denominarse Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas y Ciencias Filosóficas o
de Humanidades. Por las condiciones de Mérida, no se ponen en práctica los
estudios de Ciencias Medicas y Ciencias Físicas y Naturales. No será hasta 1854
cuando se instaure una limitada Escuela de Medicina. Esta realidad incidirá en
el desarrollo de la institución en lo que resta del siglo XIX y las primeras
décadas del XX. Cabe señalar que en 1848 y 1859 algunos universitarios se
involucraron, a título personal, en hechos políticos de incidencia en el funcionamiento
de la Universidad.
Durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco
(1870-1887), la dinámica institucional permanecerá casi invariable a los años
precedentes, ahora con el nombre de Universidad de Los Andes a partir de 1983.
Se acusa a Guzmán, erróneamente, de intervenir directamente a la Universidad, cuando en
realidad su actitud fue contra los “godos merideños”, como así los denominó, y
contra la Iglesia,
al suprimir los Conventos y el Seminario en 1872-1874. Ambos hechos tendrían
implicaciones indirectas en la ULA. Buena
parte de los profesores y estudiantes provenían de la élite merideña. Desde
1883 el Gobierno Central designa a las autoridades, eliminando la autonomía
eleccionaria puesta en práctica desde 1834. La vieja Casa del Seminario, en
ruinas, donde funcionaba todavía la Universidad, fue entregada a un Colegio Federal
que prácticamente no funcionó, por lo que fue restituida a los universitarios
casi inmediatamente. Por el contrario, el gobierno propicia y amplia los
estudios médicos autorizando el paso de Escuela a Facultad en 1884. Esta es la
situación de la situación, bien advertida por el Rector Caracciolo Parra y
Olmedo (1887-1900), quien propone un programa reformista con dependencias más
orientadas a los estudios de las ciencias naturales, que no existían como tal,
sin que se modificara la estructura académico-administrativa hereda desde 1843.
Lo más novedoso fue la instauración de los estudios de Farmacia, adscritos a los
de medicina desde 1894. Progresivamente va reduciéndose la matrícula en la Facultad de Ciencias
Eclesiásticas como consecuencia del cierre de los conventos y del seminario,
que nutrían de alumnos a esa Facultad. El presupuesto universitario sigue
siendo precario, hasta el punto de que el Rector Parra paga de su propio
peculio a los catedráticos, por insuficiente o en el retardo del envío de las
correspondientes partidas. Vieja herencia de un problema económico que se
prolonga en el tiempo, de mucha incidencia en la crisis que venimos exponiendo, que se seguirá manifestando y agravando
en las décadas siguientes de los siglos XX y XXI.
Una cuarta crisis, ahora de orden académico,
que se irá superando lenta y gradualmente, sin que desaparezca el mencionado
problema presupuestario. Esta nueva crisis
se inicia durante el gobierno de Cipriano Castro, cuando éste clausure en 1905
los estudios de Medicina y con ello los de Farmacia. Para ese año fueron
cerradas las Universidades del Zulia y Carabobo. Aquellos estudios no se
restablecerán hasta 1928 y 1918, respectivamente. Simultáneamente, los de
Ciencias Eclesiásticas y Ciencias Filosóficas van perdiendo interés por parte
de aspirantes a cursarlas, por lo que desaparecen durante esos años. La Universidad de Los
Andes funcionará, durante más de una década, prácticamente con la carrera de
Ciencias Políticas (Derecho) y el Liceo Universitario como Escuela Secundaria
dependiente de la ULA
(1915-1942, hoy Liceo Libertador). Hasta 1950 se van produciendo graduales
modificaciones en la estructura académica: cambio de viejas denominaciones,
nuevas carreras y facultades, fusión de algunos estudios: Ciencias Médicas se
llamará Medicina (1928); Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1932), a
pesar de haber sido decretada en 1843, con ese nombre hasta 1940, cuando se le
denomina Facultad de Ingeniería Civil; Ciencias Políticas ahora será Derecho
(1941); Escuela de Farmacia pasa a ser Facultad (1942); Escuela de Dentistería
(1928), adscrita a Medicina, hasta convertirse en la Facultad de Odontología
(1942). Es decir, es tardíamente cundo se estructuran los estudios vinculados
más a las ciencias de la salud y a la naturaleza (1918-1942). Sigue siendo una
Universidad formadora de profesionales en esas ramas mediante la enseñanza y
sin investigación, institucionalmente organizada, con excepción de la creación
del Instituto de investigaciones Químicas de la facultad de Farmacia (1948). No
existen publicaciones periódicas especializadas en las áreas de los
conocimientos que se imparten, solo una de carácter general: la Gaceta Universitaria (1904-1944).
La planta profesoral crece a medida que se van instaurando los nuevos estudios,
incluso con docentes extranjeros. La matrícula estudiantil sigue siendo
limitada, con una mayor inscripción de estudiantes venidos de otros lugares del
país, sobre todo como consecuencia del cierre de aquellas universidades. A lo
largo de la historia descrita, los reclamos a los gobiernos emanan de la máxima
autoridad rectoral para exigir el pago de los salarios y recursos para otras
necesidades. La única manifestación estudiantil, hasta entonces realizada,
tendría lugar en febrero de 1944, cuando se reclama por la no inclusión de la Universidad de Los
Andes en el decreto de creación de la Organización de Bienestar Estudiantil, instaurada
para la Universidad Central
de Venezuela en diciembre de 1943.
Entre 1950 y 1958 la crisis
académico-administrativa que venimos describiendo va perdiendo vigencia por la
atención que el gobierno de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez presta a la Universidad de Los
Andes, particularmente después del cierre de la Universidad Central
de Venezuela en 1952. Con muy raras excepciones, en esta quinta crisis existe una real interacción de autoridades,
profesores y estudiantes. Militantes del partido socialcristiano dirigen y
controlan la Universidad,
con exclusión de los que el régimen persigue políticamente. En una conferencia,
el desaparecido profesor doctor William Lobo Quintero dijo: “durante la
dictadura en la ULA
no pasaba nada”, por lo antes dicho y porque el régimen complació problemas de
infraestructura universitaria (edificaciones) de incidencia en la ciudad y
respaldó proyectos de nuevas carreras, ampliación de las existentes, centros e
institutos de investigación, así como de publicaciones. Desde nuestro punto de
vista, es el segundo momento en el que se plantea un proceso de modernización
de la Universidad
de Los Andes después del propuesto, no sostenido en los años siguientes, por
Caracciolo Parra y Olmedo (1887-1900). Si bien el presupuesto seguía siendo
exiguo, entonces hay cierto estado de bienestar de los docentes universitarios.
Realidad que se corresponde académicamente con la continuación de los
mencionados estudios y la instauración de la Facultad de Ingeniería
Forestal (1952), existente desde 1948 como parte de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, para denominarse luego Facultad de Ciencias Forestales
(1956); Escuela de Humanidades (1955) dependiente de la Facultad de Derecho y
Escuela de Laboratorista (1950) que dará paso a la Escuela de Bioanálisis (1956).
Esta realidad académica existente para el
memento del derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958 e inicio de la
llamada era democrática de la cuarta república tenderá a cambiar en cierto
sentido pero sobrevivirán aspectos legados de las crisis anteriores. Si bien entre
1958 y 1969 en la
Universidad de Los Andes tienen lugar modificaciones
importantes, expresadas en nuevas carreras, centros e institutos de
investigación, publicaciones y nueva infraestructura de edificaciones, el
problema presupuestario vuelve a convertirse en un inconveniente para el
funcionamiento de la
Universidad, a lo que se agregará el activismo político de
izquierda contrario al partido social demócrata que gobernará el país entre
1960 y 1969, como antes no había existido, dando origen a casi una década de
conflictos gremiales y políticos que podríamos denominar también como la sexta crisis de la ULA. En verdad, en materia
académica se produce un reacomodamiento a la estructura preexistente pero sigue
subsistiendo una institución universitaria más proclive a la formación de
profesionales a través de la enseñanza que mediante la investigación, aunque
van proliferando otras instancias para esta área del conocimiento, más reservada
a los docentes que a los estudiantes. Así, en Economía se crea el Instituto de
Investigaciones Económicas (1958). En Medicina se instituye el Instituto de
Medicina Nuclear (1963), el Centro Cardiovascular (1966), el Centro de
Fisiología de Alturas (1966) y el Centro de Microscopía Electrónica (1968). En
Humanidades y Educación se establece el Centro de Investigaciones Literarias
(1965). En Derecho se funda el Centro de Investigaciones Jurídicas (1966). En
Ciencias Forestales se instauran el Instituto de Conservación de los Recursos
Naturales y Renovables (1959), el Instituto de Silvicultura (1962) y el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (1962), además del Laboratorio
Nacional de Productos Forestales (1961), el Instituto Forestal Latinoamericano
(1961) y el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras
(1965). En cuanto a Facultades y Escuelas: Facultad de Economía (1958), Escuela
de Educación (1959), Escuela de Arquitectura (1962), Escuela de Ingeniería
Eléctrica (1964), Escuela de Geografía (1964), Escuela de Educación de San Cristóbal
(1966), Escuela de Administración y Contaduría (1968) y Escuela de Enfermería (1968). A ello cabe
agregar que se amplia la publicación de revistas y boletines antes existentes,
así como de libros en los Talleres Gráficos Universitarios. No existe todavía
una política definida de postgrados ni de fomento a la investigación. Esta
sigue reservada a los Trabajos de Ascenso de los Profesores o a sus Tesis de estudios fuera de Mérida.
Como señalamos, tanto la situación
presupuestaria como la política serán los elementos fundamentales de esta nueva
sexta crisis, ya que las protestas
estudiantiles y profesorales serán constantes. Incidirán en ello, además del
problema económico interno, la aceptación por los grupos estudiantiles y
algunos profesores de izquierda de la Revolución Cubana,
el surgimiento de los movimientos guerrilleros, la división del partido de
gobierno, y las políticas económicas de éste a nivel nacional e internacional.
La confrontación de universitarios con las fuerzas policiales y militares generará
disturbios que afectarán no solamente a la ciudad sino también al normal
funcionamiento de la Universidad. La
demostración de la existencia de esta crisis queda expresada en que al final de
este período tiene lugar la Renovación
Universitaria, que si bien estuvo influenciada por el
movimiento estudiantil del llamado Mayo Francés (1968), pero también en la
situación académico-administrativa del conjunto de las Universidades de
Venezuela de carácter publico y autónomas, en las que obviamente se incluye la Universidad de Los
Andes. En algunos escritos y actividades universitarias se ha ponderado el
rectorado ejercido por el doctor Pedro Rincón Gutiérrez entre 1959 y 1969,
entonces nos surge la pregunta: ¿Por qué aconteció la Renovación Universitaria?
Obviamente damos respuesta a esa interrogante: porque había una crisis, fundamentalmente, académica, heredada y no resuelta
satisfactoriamente en esa década. Situación que entonces dará paso a otro
momento histórico iniciado con el gobierno social cristiano de 1968 a 1973 (Gobierno de
Rafael Caldera), sobre todo a partir de la promulgación de la Ley de Universidades de 1970.
En esos años tendrá lugar la séptima crisis de la Universidad de Los
Andes y de las otras instituciones públicas y autónomas, expresada
académicamente con la llamada Renovación
Universitaria, los enfrentamientos estudiantiles con las fuerzas policiales
y militares, y las reiteradas violaciones de los recintos universitarios,
particularmente de la Universidad Central
de Venezuela. Hecho de mucha incidencia en la ULA al dar origen a continuas protestas, las
intermitentes paralizaciones de actividades y el asesinato de los estudiantes
de economía y de medicina, Carlos Bello y Domingo Salazar, en mayo y noviembre
de 1969. En lo que respecta a la Renovación
Universitaria, ésta no tuvo consecuencias de relevancia, más
allá de su irrupción en escaso tiempo. Sus propuestas no se lograron
cabalmente. La ruptura del movimiento estudiantil con los órganos de cogobierno
universitario impidió el debate y ejecución de algunos de los cambios
académicos propuestos. Pero de más relevancia, aún, fue la inmediata aplicación
nueva legislación universitaria, sin intervención de las propias instituciones
de educación superior y acatada sin reproche alguno por las autoridades de las
distintas autoridades de las Universidades Nacionales y Autónomas. No menos
importante en esos años es el proceso de pacificación propuesto por el Gobierno
Nacional que contribuye también a la desarticulación de algunos grupos radicales
de izquierda que hacían vida en la universidad. Dicha Ley de Universidades
introdujo dos modificaciones en la estructura académica y administrativa que
progresivamente irán dando una fisonomía modernizante a la Universidad de Los
Andes: la elección en 1972 del Vicerrector Académico y el Vicerrector
Administrativo, cuyas funciones, en sentido estricto, no habían existido desde
1810, y que de muchas maneras generarán progresivamente cambios relevantes en
esas áreas con la instauración de dependencias encargadas de dinamizarlas en
materia de docencia, investigación, postgrados, publicaciones y extensiones,
además de un relativo orden administrativo regulado por los propios mecanismos
de control que el Estado establece y exige. Si bien en esas materias se
advierten resultados efectivos y visibles, a partir de las décadas de los
ochenta y de los noventa del siglo XX, el “fantasma” de la crisis económica
volverá a aparecer. El crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Universidad no va
aparejado con los presupuestos anuales conferidos por los gobiernos de Luis
Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera
(1979-1998), lo cual dará origen nuevamente a la protesta de los gremios
universitarios, sobre todo de movimientos estudiantiles liderados por una nueva
izquierda política, tanto dentro de la institución como contra esos gobiernos,
de evidentes consecuencias, particularmente, para la ciudad de Mérida. A fines
de esa última centuria se va produciendo un desgaste de lo que representaron
las Autoridades Universitarias y los Gremios desde 1960.
Es dentro de este contexto académico,
administrativo y político que aparece una última, por ahora, una octava crisis de la Universidad de Los
Andes. Esta se corresponderá con los años 1999-2023, en los que las crisis
heredadas por más de un siglo tendrán un desenlace final como consecuencia de
situaciones políticas, económicas, educativas y de salud pública del país, y de
Mérida en particular. Ello expresado en actitudes y realidades universitarias
de distinta naturaleza, vinculadas o no a la institución. Los insuficientes
presupuestos, sean reales o no sus peticiones, van relajando las actividades de
docencia de pregrado o postgrado, investigación, extensión y publicaciones. El
combativo movimiento estudiantil, para entones de signos izquierdistas, se
transforma en grupos dispersos aupados desde Caracas que dieron origen a una
participación en el Golpe de Estado del 2002, el respaldo a la Huelga Petrolera
del 2003, el apoyo al Referendo Revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez,
las acciones desestabilizadoras denominadas Guarimbas en distintos momentos,
sobre todo entre 2014 y 2019, contra el Presidente Nicolás Maduro. Actitudes
que en ningún momento reflejaron que se trataba de una lucha a favor de la
crisis que estaba viviendo la
Universidad de Los Andes durante esos años, particularmente
con la irrupción de la
Pandemia, de tanto efecto, junto a lo que políticamente venía
ocurriendo, en la deserción de estudiantes, profesores, empleados y obreros, y
hasta de autoridades centrales y decanales,
de sus respectivas funciones. A ello se suma la agudización de la
situación económica y política del país con las Medidas Coercitivas
Unilaterales y el Bloqueo impuestos por los Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Europea
que indudablemente han afectado el cumplimiento con un presupuesto
universitario que permita el normal funcionamiento de las actividades de
enseñanza, investigación y extensión.
De manera que ahora también la intervención política
internacional, con seguidores y auspiciadores dentro de la Universidad de Los
Andes, permiten afirmar que la crisis
actual de la institución tendrá una prolongación de indefinido tiempo, a
menos que los propios universitarios recobren la sindéresis y la sinergia
mirando hacia adentro como salida primaria a esta agobiante crisis, demostrando ante los Gobiernos Nacional, Regional
y Local que la ULA
está dispuesta definitivamente a poner en práctica los tres primeros artículos
de la vigente Ley de Universidades de 1970 que exige a las instituciones de
educación superior colaborar en “buscar la verdad y afianzar los valores
fundamentales del hombre” y en “la orientación de la vida del país mediante su
contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”,
además de “crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la
enseñanza” y “ a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y
progreso”. Y desde nuestro punto de vista particular, MÉRIDA sería el objeto y
sujeto específico de estudio, mediante una planificación debidamente formulada,
para dar cumplimiento a esas tres disposiciones legales. Tareas que solamente
se cumplirían mediante dos requisitos iniciales: dejar de considerar a la Universidad de Los
Andes como un partido político y renovar sus autoridades en todos los niveles
de dirección que desarrolle los principios doctrinarios de los que es una
Universidad, al tiempo que con ello haga al Estado las exigencias económicas que
corresponden para dar cumplimiento efectivo a dicha Ley de Universidades. Una
propuesta al respecto formularemos en una futura Crónica, después de la
consulta pertinente con diversos sectores dentro y fuera de la Universidad de Los
Andes. Planificación que permita definitivamente de una “Crisis Acumulada y
Permanente”, como lo sostiene Roberto Rondón Morales.
(*) Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los
Andes
